En algún momento después de su reunión del pasado 25 de abril con el entonces secretario asociado interino de Justicia federal, Jesse Panuccio, el gobernador Ricardo Rosselló desistió de esperar por el Secretario de Justicia de EEUU y prefirió seguir adelante con el plebiscito de status sin su aval.

Un día después de aquella reunión, el gobernador Rosselló todavía no daba por segura la fecha del 11 de junio para el plebiscito.

Entonces, además, una alta fuente de su gobierno proyectaba que la consulta sería aplazada pues veía preferible contar con una posición definitiva, a favor o en contra, del gobierno del presidente Donald Trump.

Para el 10 de mayo, sin embargo, las cosas habían cambiado.

Reconociendo que no había forma de cumplir con los 45 días que exige un estatuto federal de enero de 2014 para certificar el visto bueno del Secretario de Justicia de EEUU a la papeleta electoral antes de desembolsar $2.5 millones en fondos federales para ayudar a financiar la consulta y a la misma vez mantener la fecha del 11 de junio, el  secretario de la Gobernación, William Villafañe, dijo aquel día que no aguardarían por el gobierno del presidente Donald Trump.

El lenguaje de la ley federal 113-76 de enero de 2014, que propuso otorgar los  $2.5 millones si el secretario de Justicia de EEUU certificaba que las alternativas de status de un próximo referéndum en Puerto Rico cumplían con las normas constitucionales, legales y de política del gobierno federal, había sido la respuesta al plebiscito de diciembre de 2012.

Aunque casi nadie se enteró en el Congreso de ese lenguaje, añadido a un proyecto de asignaciones básicamente como una nota al calce, fue una propuesta que formó parte de la legislación de presupuesto del presidente Barack Obama, la cual le fue presentada por el entonces comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi y el congresista demócrata José Serrano (Nueva York).

En el Congreso, el liderato del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado había dado por bueno el resultado de la primera pregunta del plebiscito de 2012, que reflejó que el 54% de los electores de Puerto Rico rechazó el status territorial vigente, el cual el Partido Popular Democrático (PPD) prefiere llamar el ‘Estado Libre Asociado’. Pero, los líderes de esa comisión habían reconocido que el alto número de votos en blanco de la segunda pregunta arrojaron dudas sobre el 61% que obtuvo la estadidad frente al Estado Libre Asociado soberano (la libre asociación) y la independencia.

En definitiva, el gobierno federal advirtió a Puerto Rico que con respecto al debate de status, tenían, si acaso, que volverlo a intentarlo.

Aunque sectores del PNP dijeron que la estadidad ya había ganado – incluido el ahora gobernador Ricardo Rosselló como precandidato-, terminaron aceptando la fórmula propuesta por Pierluisi y legislaron en San Juan una nueva consulta, que hubiese enfrentado la estadidad con las opciones de soberanía en un solo encasillado, es decir, optar por la estadidad o  la libre asociación/independencia.

Previo a legislar en las primeras semanas del año no hubo consultas con el Departamento de Justicia de EEUU, porque eso hubiese sido actuar como “colonizado”, según el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

Para mediados de abril, sin embargo, el Departamento de Justicia de EEUU les rechazó el modelo de plebiscito que propusieron, al insistir en la inclusión del status territorial vigente y desechar los resultados del referéndum de 2012.

La respuesta inicial del gobernador Rosselló y otros líderes del PNP fue hacerle frente al gobierno de Trump y rechazar incorporar el status territorial vigente a la boleta electoral. Pero, unas horas después cambiaron de opinión y a los seis días convirtieron en ley  enmiendas que confiaron cumplirían con las quejas del Ejecutivo federal.

Cuando vinieron hace unos días a Washington a promover la consulta y dieron a entender que habían llenado todas las expectativas del gobierno federal, el Departamento de Justicia de EEUU volvió a acentuar que no han validado nada, y que “cualquier sugerencia contraria es incorrecta”.

Frente a Washington, el plebiscito que no querían quedó entonces en un limbo.

La responsabilidad de atender el debate sobre el status político de la isla corresponde aquí principalmente al Congreso. Pero, lo cierto es que el Congreso, consciente o inconscientemente,  había recomendado al liderato político de Puerto Rico conseguir el aval de Justicia federal a las alternativas de status de cara a un nuevo plebiscito.

A menos que surja una sorpresa esta semana, ese mínimo vínculo del Ejecutivo federal con un proceso sobre el futuro político de Puerto Rico no se dará.

Bajo esa realidad, la comisionada Jenniffer González ha indicado que va a someter nuevos proyectos de ley para ofrecer otras alternativas de acción al Congreso después del plebiscito del 11 de junio.

Sus nuevas iniciativas pueden ser necesarias pues su proyecto 260 de la Cámara de Representantes de EEUU que impulsa la admisión de Puerto Rico como estado 51 de EEUU, deberá ser enmendado si el Departamento de Justicia federal nunca valida el referéndum del PNP, boicoteado, por diferentes razones, por todos los partidos políticos de oposición.

Es un panorama complicado. Las cosas ya estaban suficientemente difíciles para impulsar un proceso pro estadidad, debido a la grave crisis fiscal y de deuda pública a que se enfrenta Puerto Rico.

La mera mención de la estadidad para Puerto Rico ha provocado que medios estadounidenses relacionen esa propuesta con la crisis que vive el país.  Y después que líderes republicanos como el propio presidente Trump y el speaker Paul Ryan, en distintos momentos, han puesto énfasis en rechazar cualquier tipo de “rescate financiero” para la Isla, el que se vincule aquí una petición de estadidad con el interés en salir de la crisis económica, no es una buena noticia para los estadistas.

Y debe tenerse en cuenta siempre que la ley PROMESA creó un sistema de bancarrota e impuso una junta que controla los asuntos financieros públicos que solo pueden existir bajo el status territorial y estarían en vigor, al menos, por dos cuatrienios.

Si nunca llega el respaldo del Departamento de Justicia de EEUU, la primera baja es el proyecto de admisión de la comisionada González, que propone que el Congreso, después del plebiscito del 11 de junio, admita a Puerto Rico como estado 51 de EEUU, efectivo en enero de 2025.

“Si los ciudadanos estadounidenses de Puerto Rico reafirman la opción de que el territorio sea un estado mediante un plebiscito bajo la Ley Pública 113-76, las leyes federales que no se aplican a Puerto Rico o se aplican de manera diferente al territorio que a los diversos estados, quedan enmendadas o eliminadas para dar paso al trato igualitario con los diversos estados, para el 3 de enero de 2025, como se estipulará en un plan presentado al Congreso y al presidente a más tardar 270 días después de la promulgación de esta ley por el Grupo de Trabajo del Presidente sobre Puerto Rico, y Puerto Rico se convertirá en un estado el 3 de enero de 2025″, indica la legislación de la comisionada González, que aún no tiene coauspiciador.

No solo se basa ese proyecto en un lenguaje de una ley federal que no está en este momento vinculada al plebiscito, sino que parte de la premisa de que el gobierno de Trump, por medio de un grupo de trabajo que ni siquiera se sabe si está constituido, colaboraría en el proceso de transición.

Debido a que el PNP va solo a la consulta del 11 de junio, no hay duda que la estadidad va a ganar.

Lo que está en juego es conocer cuan amplia es su victoria.

En el plebiscito de 2012, que coincidió con las elecciones generales, lo que facilitó la participación de los votantes, la estadidad obtuvo 834,191 votos,  unos 6,000 más que el respaldo obtenido por el status territorial vigente.

Puerto Rico ha perdido más de un 10% de población en las últimas dos décadas, pero en el plebiscito de 1998, cuando triunfó la alternativa de “Ninguna de la anteriores”, la estadidad logró 728, 157 votos.

Estrategas del PNP han dicho que esperan que en el plebiscito del domingo 11 participen entre 500,000 y 600,000 personas.

Debido al boicot decretado por los partidos de oposición, la participación electoral y total de votos que obtenga la propuesta de estadidad, serán claves. Al examinar los resultados y pensar en el futuro, será inevitable mirar al pasado.