En las últimas dos semanas, el gobierno de Ricardo Rosselló ha recibido del más alto nivel de la administración de Donald Trump – más recientemente al ritmo de los explosivos tuits del inquilino de la Casa Blanca -, duros golpes que vuelven a poner en perspectiva el estado real del ambiente que existe en la capital estadounidense sobre Puerto Rico.

Son declaraciones que ayudan a darle contexto al discurso oficial en San Juan, pero no suponen motivo de celebración para nadie.

No es poca cosa que el gobierno del presidente Trump haya cambiado las reglas de juego del plebiscito que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) quería presentar como una oportunidad para “ratificar” el voto por la estadidad que dicen ocurrió en 2012.

Cuando aún se espera por conocer si la oficina del secretario de Justicia de EEUU pondrá nuevas trabas, hasta el momento han convertido el plebiscito en un nuevo comienzo sobre el debate de status, con la alternativa del territorio promovida no solo por el Ejecutivo federal sino por ocho senadores republicanos, varios de ellos muy influyentes. Y eso en medio de un plebiscito que genera el boicot de toda la oposición política en la Isla.

Difícilmente avance así la descolonización o un  proceso de status que como candidato a gobernador, Rosselló consideraba que debía comenzar en el Senado, donde han sido enterrados lo tres proyectos de ley a favor de un plebiscito federal sobre alternativas de status que han sido aprobados en la Cámara baja federal durante las últimas tres décadas.

Lo más triste es que, aún cuando la ley PROMESA haya decidido profundizar la situación colonial por lo menos durante la próxima década, nadie parezca tener la capacidad de convocatoria para ordenar un proceso que genere consenso en San Juan antes de venir a Washington a ejercer presión.

Ahora, para complicar las cosas, el gobierno de Puerto Rico tiene que hacer frente a la furia de Trump en el tema que más ha unido a los sectores gubernamentales y privados de la Isla en Washington recientemente: la importancia de amortiguar el abismo fiscal hacia el que va el sistema de salud de la Isla debido al agotamiento de los cerca de $1,200 millones anuales que ha provisto Obamacare.

Justo cuando el secretario de Salud federal, Tom Price, enviaba un mensaje de auxilio al Congreso, recomendando una asignación de $900 millones en fondos de Medicaid para la Isla, Puerto Rico cayó víctima de los latigazos que da el presidente de EEUU a través de Twitter.

El ‘tantrum’ de Trump con Puerto Rico – en momentos en que el gobierno de la Isla ve las huellas de los acreedores en todos los obstáculos que le ponen en Washington-, no es producto de información que vio en las cadenas de television, que suelen ser su fuente de sabiduría.  Hasta su tuit, casi ningún medio en Washington estaba atento a ese tema.

A Trump alguien le pidió darle darle un golpe a la Isla, en medio de  las batallas partidistas que se cuajan en el Congreso sobre una legislación presupuestaria que ahora se quiere ratificar el 5 de mayo.

Algunos han pensando que la rabia de Trump es una vícitma de los reclamos demócratas a favor de unos $7,000 millones en subsidios relacionados a Obamacare. Pero, aunque el presidente ha hablado de ambos temas en sus tuits sobre la pugna legislativa con los demócratas, ha sido claro en que los entiende como dos asuntos independientes.

En su primer tuit, el pasado miércoles en la noche,  el presidente Trump indicó que “los demócratas intentan dar un rescate financiero a las compañías aseguradoras por el desastroso Obamacare y a Puerto Rico, con tus impuestos. Triste”.

En un segundo tuit, al otro día en la mañana, Trump afirmó que los demócratas del Congreso, por defender una asignación de fondos de Medicaid para Puerto Rico, “quieren cerrar el gobierno” federal. “Los demócratas quieren cerrar el gobierno si no damos un rescate financiero a Puerto Rico y le damos miles de millones de dólares a sus compañías aseguradoras  a causa del fracaso de Obamacare. ¡NO!”, sostuvo.

En una entrevista con Reuters, Trump profundizó sus críticas hacia la asignación de nuevos fondos de Medicaid para Puerto Rico, insistiendo en pintarla como un “rescate financiero”, una fruta prohibida en la mesa de los republicanos. “No creo que eso sea justo con la gente de Iowa, y no creo que es justo para la gente de Wisconsin y Ohio y Carolina del Norte y Pensilvania que estemos rescatando financieramente a Puerto Rico con miles y miles de millones de dólares”, indicó Trump.

Como ocurrió durante el debate de la ley PROMESA que impuso la junta que controla las finanzas públicas de Puerto Rico ha vuelto salir a la superficie el desdén hacia la isla.

Está muy claro lo que piensa Trump sobre unos fondos que buscan evitar un colapso del sistema de salud de Puerto Rico. La esperanza es que el Congreso, donde no tiene muchos amigos, le haga quedar mal.