En tres meses se cumplen 50 años del plebiscito de 1967.

Después se celebraron otros en 1993, 1998 y 2012, sin contar la malograda consulta sobre la identidad de 1991. Lo de malograda consulta, claro, tiene ahora un nuevo sentido.

Al fijar su primera posición sobre el status político de Puerto Rico, en un Jueves Santo, el gobierno del presidente Donald Trump ha indicado que, desde la perspectiva del Ejecutivo federal, la consulta de hace cinco años no cuenta.

Puerto Rico está más cerca de repetir el concepto del plebiscito de hace medio siglo, que de cualquier otro proceso,  aunque con el ELA ya claramente definido como un status territorial/colonial, lo que nadie debe poner en duda tras la aprobación de la ley PROMESA. A menos que surjan propuestas innovadoras en San Juan, el proceso va a “volver a empezar”, como el título de aquella película española de José Luis Garci.

En su primera respuesta, por medio de la carta del subsecretario interino de Justicia de EEUU, Dana Boente, el Departamento de Justicia determinó que el plebiscito que el gobierno del PNP legisló para el 11 de junio no cumple con la política pública federal pues “omite” el “status territorial vigente”, eso que llaman el Estado Libre Asociado.

Pero, aprovechó, de todos modos, para advertir que las definiciones ya incluidas en el proyecto de ley requieren enmiendas.

Primero, el Departamento de Justicia de EEUU no acepta que se diga que la estadidad es la única opción que garantiza la ciudadanía estadounidense de los nacidos en Puerto Rico, pues sostiene que eso ya ocurre por ley bajo el status territorial.

Segundo, el gobierno de Donald Trump impugna el lenguaje que define la libre asociación, pues les parece demasiado cercano a las descripciones hechas en el pasado sobre el llamado ELA mejorado, un concepto que han rechazado antes en Justicia federal y en los grupos de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico. En ese sentido, quieren que se haga claro  – como estableció más recientemente el informe de 2011 de la Casa Blanca del entonces presidente Barack Obama-, que la libre asociación es una forma de independencia.

Más allá de las enmiendas que le exigen al gobernador  – si quieren que el proceso cuente con el visto bueno de Justicia, aunque seguirá siendo no vinculante para el Congreso-, y la posibilidad de que el gobierno de Ricardo Rosselló tenga que buscar una nueva fecha para el plebiscito, la carta del gobierno de Trump frena la teoría de que la próxima consulta iba a “ratificar” el voto a favor de la estadidad de 2012.

La carta de Boente afirma que el Departamento de Justicia de EEUU no reconoce los resultados de 2012 como la voluntad que puedan tener los residentes de Puerto Rico en este momento.

En su carta al gobernador, informando la decisión del secretario Jeff Sessions de no avalar el plebiscito y liberar los $2.5 millones solicitados por medio de un estatuto federal de 2014, el subsecretario Boente indicó que los “significativos cambios políticos, económicos y demográficos” que han ocurrido en Puerto Rico y Estados Unidos, difuminan el rechazo dado en 2012 al status territorial. Los votos a favor de la estadidad ni los menciona, aunque alude a la confusión que han arrastrado aquellos resultados.

A nivel del Ejecutivo, la carta echa por tierra el plan electoral republicano de 2016 que había dado un contundente respaldo a la estadidad, por el cual el Grand Old Party (GOP) se comprometió a apoyar la admisión de Puerto Rico como estado 51 si ganaba la próxima consulta.

No es sorprendente, sin embargo, que republicanos hagan la vida más difícil a  sus aliados estadistas.

Un ejemplo claro ha sido que una abrumadora mayoría de los congresistas republicanos rechazó los proyectos de status impulsados en el Congreso por gobiernos del Partido Nuevo Progresista (PNP) en 1998 y 2010.

Durante la votación del proyecto 2499 en el 2010, la republicana Virginia Foxx (Carolina del Norte) consiguió aprobar una enmienda que dañó la medida que finalmente fue aprobada en la Cámara de Representantes, y luego, como suele ocurrir, se echó a un lado en el Senado.

La legislación del entonces comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, propuso un proceso de dos consultas: una primera votación sí o no sobre el statu quo; y si ganaba el no, entonces celebrar un segundo referéndum entre la estadidad, la asociación soberana y la independencia.

La enmienda de Foxx hizo que el statu quo, o el ELA territorial, volviera a ser incluido en el segundo referéndum aun cuando fuera derrotada en la primera consulta.

Uno de los que votó a favor de esa enmienda  fue el entonces presidente de la Conferencia Republicana de la Cámara Baja, el Mike Pence (Indiana), hoy vicepresidente de Estados Unidos.

El entonces congresista Pence habló durante el debate de la medida a favor la estadidad aunque extrañamente advirtió que el inglés debe ser el idioma oficial de Puerto Rico, pese a que era y es uno de las dos lenguas oficiales del gobierno puertorriqueño.

Pero, aunque dijo apoyar la estadidad, Pence también quiso que el ELA estuviera en una segunda consulta, aunque perdiera la primera.   En aquella ocasión, el 78% de los republicanos que participó de la votación, votó en contra del proyecto de Pierluisi y Luis Fortuño.

Ahora el gobierno del republicano Trump le dice al gobierno del PNP que la consulta de 2012 que toman como fundamento para un próximo plebiscito, no va a ser tomado en cuenta.

En momentos en que está en pleno funcionamiento  una junta de control fiscal que no puede existir ni bajo la estadidad ni bajo la independencia-, el Departamento de Justicia de EEUU afirmó que, en lo que respecta al gobierno del presidente Trump, el proceso hacia definir el futuro político de Puerto Rico no ha comenzado.

Los programas electorales de los partidos estadounidenses nunca han sido vinculantes para nadie.

Es curioso, sin embargo, como el presidente Trump pone en entredicho una ‘promesa’ hecha por su campaña a los estadistas de la isla. Cierto que en la misma convención republicana de julio pasado en Ohio el enlace de Trump con los republicanos de la Isla, Alan Cobb, advirtió que a la propuesta de estadidad la espera un “largo camino” y que la crisis fiscal “no ayuda”.

Pero, me parece que los estadistas  – que han invertido en cabilderos cercanos al inquilino de la Casa Blanca-, no se esperaban que el gobierno de Trump le diera un nuevo aire al manchado territorio como alternativa de status y trastocara el plan del PNP. Y la posición del gobierno de Trump para hacer más complicado el panorama del gobierno PNP se añade a los ocho senadores republicanos que pidieron incluir el ELA (Commonwealth) en la consulta local.

A fin de cuentas, la administración de Trump no solo ha alterado la papeleta electoral, sino que puede provocar el aplazamiento de la consulta, la cual el gobierno de Rosselló ha querido celebrar antes de que se comiencen a implantar los duros recortes que ordenó desde diciembre la junta federal.