La cada vez más grave crisis fiscal de Puerto Rico – que amenaza con dejar al gobierno sin suficiente efectivo en cuestión de meses, de acuerdo a la junta que controla sus finanzas públicas-, va a estar en discusión el miércoles, cuando el Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara baja de EEUU examine el acuerdo preliminar de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) para reestructurar su deuda y reformar la corporación pública.

En el Congreso se percibe la audiencia como un intento de los bonistas por presionar a favor de concretar un acuerdo que el mismo gobierno de Ricardo Rosselló quiere enmendar.

De todos modos, requisitos básicos del acuerdo, como el acceso a los mercados financieros a una tasa de interés razonable y el aumento  recomendado en las tarifas de electricidad, nunca se han podido lograr.

La sesión marca el retorno a Washington del debate formal sobre la crisis fiscal y de deuda pública de la Isla. Pero, por alguna razón, la jefatura del Comité de Recursos Naturales lo quiere circunscribir en este momento a la AEE.

Con los poderes de la junta en plena marcha, parecen preferir mirar la crisis desde lejos.

La propia junta federal ha descartado echar hacia delante la petición a favor de extender la moratoria judicial en el cobro de deuda del gobierno, que expira el 1 de mayo. A partir del miércoles quedarán solo entre 13 y 16 días de sesión en el Congreso antes de que la nueva autoridad que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico decida ir al tribunal a reestructurar gran parte de la deuda.

El debate regresa al Congreso sin la prominencia de cuando se legisló la ley PROMESA, que impuso la junta federal y abrió la puerta al inminente proceso de reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico, por medio de un nuevo sistema de bancarrota territorial. No ha habido medidas dirigidas a impulsar el desarrollo económico y cualquier nueva asignación especial depende de cómo perciban las posibilidades de los recortes y reformas fiscales en San Juan, que por las recomendaciones de la junta van a tener consecuencias muy duras.

Esta semana, la atención de Washington estará sobre las audiencias de mañana en la que el director del FBI, James Coomey, declarará sobre la denunciada intervención de Rusia en el proceso electoral estadounidense, el proceso de confirmación de Neil Gorsuch como juez del Tribunal Supremo de EEUU y  la votación que se tiene programada para el jueves en la Cámara de Representantes sobre la próxima reforma federal de salud.

Debe prestarse especial atención a la votación del jueves, que le tiene los pelos de punta a muchos. La propuesta legislativa, que primero se bautizó Ryancare y ahora el propio speaker Paul Ryan ha acentuado que es un esfuerzo que incluye a la Casa Blanca, potenciando que se le llame Trumpcare, tiene un difícil camino en la Cámara baja y se tornará aún más complicado en el Senado.

Como adelantó El Nuevo Día, la legislación que busca derogar gran parte de Obamacare y reemplazarla con un nuevo sistema de créditos contributivos para ayudar apaliar – en menor grado-, la compra de planes médicos, no incluye a Puerto Rico.

Es importante recordar que en su momento Obamacare tampoco incorporó la Isla a la reforma de salud, aunque al final ofreció los $6,400 millones en Medicaid que ahora se agotan, le obligó a incluir su cambios en el sistema de Medicaid y le impuso a los planes médicos el mismo impuesto que estableció en EEUU para ayudar a financiar los centros de intercambio de seguros, aunque Puerto Rico no fue parte de ese esfuerzo.

Con cinco vacantes en la Cámara baja, los republicanos tendrán esta semana una mayoría de 237 representantes, frente a 193 demócratas. Eso quiere decir que si 22 republicanos rechazan el proyecto que irá a votación y si los demócratas se mantienen unidos en contra de la legislación, la votación será derrota para el presidente Trump y el speaker Ryan.

El número mágico en esta ocasión son 216 votos.

Hasta el domingo en la noche, 17 republicanos – incluida la cubanoamericana Ileana Ros Lehtinen (Florida), el boricua Raúl Labrador (Idaho)  y el ultraconservador Steve King (Iowa), por razones diferentes-, se han expresado en contra, según la publicación The Hill. Eso significa que si cinco más deciden rechazar el proyecto, la medida muere en la Cámara baja.

En el Senado, donde la mayoría republicana es de 52-48, y en esta ocasión se requiere 51 votos, cuatro republicanos han indicado que se opondrán al proyecto de ley, si reciben el mismo texto que ha sido aprobado en tres comités de la Cámara baja.

Por dos meses, el presidente Trump ha estado en control del proceso. Ahora, sin embargo,  la presidencia de Trump comienza a tener consecuencias para los legisladores federales.

Los más conservadores consideran que el plan republicano es malo porque mantiene cierto subsidio del gobierno federal hacia la adquisición de planes médicos. Los moderados cuestionan la idea de limitar el acceso, a partir de 2020, al programa Medicaid, que sirve principalmente a las personas de escasos recursos.

La situación se complicó para los republicanos cuando la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO) anunció que en un año, 14 millones de personas pueden perder su plan médico a causa de Ryancare o Trumpcare, como quiera llamarle. En una década, serían 24 millones los que quedarían sin plan médico. Eso representa eliminar el avance de Obamacare en el acceso de los ciudadanos a un seguro de salud.

Obamacare era impopular hasta que Trump llegó a la presidencia. Ahora eliminar el acceso de millones a un plan médico le impone una fuerte carga política a Trump. Por vez primera desde que llegó a la Casa Blanca, pierde control del proceso y hasta sus seguidores en la Cámara baja comienzan a pensar en su futuro político, no en el poder de persuasión de Trump.

Con Trump muy por debajo en las encuestas, el voto que puede ocurrir el jueves se convierte en una decisión personal de los conservadores y moderados republicanos. En la Cámara baja federal, estarán pensando, algunos, que en solo 20 meses volverán a estar en una boleta electoral.

Por vez primera en el cuatrienio de Trump, los votos de los republicanos  del Congreso cuentan.