En diciembre pasado, en un foro organizado por el gobierno de Puerto Rico, el exgobernador Rafael Hernández Colón preguntó al constitucionalista Samuel Issacharoff si creía que el “Estado Libre Asociado” volvería a ser una alternativa de status para la Isla en el futuro próximo.

Issacharoff, quien asesoró al Partido Popular Democrático (PPD) en torno al desarrollo del ELA, cándidamente le respondió a Hernández Colón que él –  dada su experiencia como gobernador, haber sido el más reciente gran líder del PPD y sus históricas gestiones en Washington-, estaba en mejor posición para analizar eso.

Entonces, Hernández Colón reflexionó que reconoce que este cuatrienio el debate estará centrado en la estadidad, pero que, tras el gobierno del presidente Barack Obama y el Congreso republicano tachar la democracia electoral en Puerto Rico con la imposición de una junta de control fiscal, ve necesario en el futuro un nuevo plebiscito de alternativas de status para el PPD validar una propuesta de asociación.

Este cuatrienio le presenta al PNP la primera oportunidad desde el ‘poder’ en Puerto Rico de reclamarle al Congreso la plena anexión del archipiélago boricua como estado de EEUU y demostrar a su militancia que la estadidad no es un fantasma. En momentos en que el gobierno federal ha invalidado el ELA como alternativa de gobierno propio, el PNP no parece tener intención alguna de darle a los populares la alternativa de votar por alguna definición que tenga como nombre la actual relación territorial.

El pasado lunes, en San Juan, el presidente del Senado de Puerto Rico, Thomas Rivera Schatz, asumió el liderato en el PNP en torno al debate de status, al presentar una legislación que persigue convocar para el 28 de mayo un plebiscito entre la estadidad y la idea de que Puerto Rico obtenga su soberanía política.

Si la soberanía ganara, entonces se convocaría a una segunda vuelta, el 24 de septiembre, entre las alternativas de libre asociación y plena independencia.

Si triunfa la estadidad, lo que los dirigentes del PNP dan por sentado en una consulta estadidad versus la soberanía política, entonces el gobierno de Ricardo Rosselló necesitaría la aprobación de la legislación 260 de la Cámara de Representantes de EEUU a favor de que el Congreso admita a Puerto Rico como estado 51, la cual fue presentada por la comisionada residente en Washington, Jenniffer González.

Con su estrategia, el PNP valida las recomendaciones que hiciera durante la campaña de las primarias de su colectividad el excomisionado residente en Washington Pedro Pierluisi, quien cuando el tándem Rosselló- González indicaba que tras el plebiscito de 2012 le tocaba al Congreso ofrecer la estadidad a Puerto Rico, mantuvo que era necesaria una consulta que ratificara esos resultados.

El grito de que la estadidad ganó y que lo próximo era una oferta de estadidad, se traduce ahora – como dice el programa de gobierno republicano que la comisionada González sostiene que ella misma redactó-, en que, como recomendó el Congreso en 2014, hay que intentarlo otra vez, pues esa consulta de hace cuatro años no produjo un resultado claro a favor de alguna alternativa de status.

La propuesta de Rivera Schatz tiene sus riesgos. Por un lado, deja la puerta abierta a que se cuestione si el apoyo de estadidad versus independencia refleja el sentir general del pueblo con respecto a la estadidad, si los populares se abstienen, como muchos de ellos hicieron con la segunda pregunta del plebiscito de 2012.

El otro día, el congresista demócrata José Serrano, puertorriqueño elegido por el distrito 15 del condado neoyorquino de El Bronx, reconoció que hubiese preferido un referéndum estadidad sí o no sobre un plebiscito estadidad versus independencia, pues mediría mejor el apoyo a la estadidad. Pero, piensa que de todos modos, el Congreso responderá a un plebiscito estadidad versus independencia.

Si el PNP empuja este año su plan pro estadidad – aunque sea un proceso aplazado al 2025 ante la vigencia de una junta de control fiscal que puede funcionar durante los próximos dos cuatrienios por encima del gobierno de Puerto Rico-, tendrán varios retos adicionales:

BOICOT–  Al liderato tradicional del PPD la ley PROMESA le quitó la alfombra de los pies. La ilusión de un gobierno propio limitado basado en la soberanía del pueblo fue hecha añicos. Pero, eso no borra que todavía un ala del PPD reniega de ir en busca de la soberanía política y ante la falta de un líder que aglutine a todos los sectores en la colectividad, pueden dejar a sus electores libres para decidir como votar en una consulta entre la estadidad y la soberanía. Una opción de la Legislatura del PNP que puede minimizar las críticas puede ser repetir la segunda pregunta del plebiscito de 2012, entre la estadidad, la independencia y la libre asociación, aunque claro está, la mejor carta de presentación para los estadistas sería ganar – con más del 61%-, un referéndum estadidad sí o no como propuso Pierluisi.

REPUBLICANOS VERSUS DEMÓCRATAS.  Por lo alto o por lo bajo, la preferencia de los electores puertorriqueños por los demócratas es uno de los dos o tres asuntos que más se mencionan para los republicanos oponerse a la estadidad para Puerto Rico o Washington D.C..  En las primarias presidenciales más recientes efectuadas en Puerto Rico – aunque solo una minoría del país se identifica con esos procesos-, dos de cada tres electores que han participado han preferido vincularse con los demócratas. Mientras, en EEUU la vinculación de los boricuas con los demócratas es un asunto generacional. Incluso en Florida, donde más republicanos pueden haber, la encuesta de Latino Decisions indicó que Hillary Clinton ganó el voto de los puertorriqueños en ese estado 72% a 26%. Mientras, solo uno de cada cinco republicanos de la Cámara baja ha votado a favor de los proyectos de status del PNP adoptados en 1998 y 2010. Para los republicanos añadir como estado cualquier jurisdicción que perciban enviará principalmente demócratas al Congreso y preferirá al candidato presidencial demócrata, puede representar pegarse un tiro en el pie.

WASHINGTON D.C.. Un legislador federal republicano puede preferir darle la estadidad a Puerto Rico sobre Washington D.C.. Y no hay que dudar por qué. En Washington D.C., en la misma elección en que el 86% respaldó la idea de convertir su zona residencial en el estado 51, el 93% votó por Hillary Clinton. Los demócratas, por su parte, están más identificados con la idea de darle la estadidad a los residentes de la capital estadounidense. Hillary Clinton y el presidente Barack Obama, por ejemplo, han respaldado con fuerza esa propuesta. Un total de 133 demócratas de la Cámara baja y 20 senadores demócratas apoyaron la idea durante la pasada sesión. El proyecto pro estadidad del entonces comisionado Pedro Pierluisi tuvo durante la pasada sesión 110 coauspiciadores, solo 14 republicanos.  En 2013,  la senadora demócrata Claire McCaskill (Misuri) dijo a la emisora KTTS que estudiará cualquier petición de estadidad para Puerto Rico, pero que Washington D.C. debe tener prioridad sobre la Isla.

IDIOMA E IDENTIDAD. La semana pasada, el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá advertía que Estados Unidos se formó bajo el lema de “de muchos uno”, y que la estadidad para Puerto Rico es también un asunto de libre determinación para los estadounidenses, pues han mantenido una federación nacional de estados, no un estado ‘multinacional’. En términos del idioma, el debate no se trata de cual es la lengua oficial. Estados Unidos no tiene un idioma oficial. Y en Puerto Rico los idiomas oficiales son el inglés y el español. Diferente a  cualquier estado, el idioma común en Puerto Rico es el español, que es además la lengua oficial en los sistemas de educación pública y  judicial.

LA CRISIS FISCAL. La ley PROMESA que impuso la junta de control fiscal está fundamentada en la relación colonial de Puerto Rico. Con la propuesta de hacer efectiva la estadidad en ocho años, no de inmediato, en cierta medida el liderato del PNP acepta que no puede haber un cambio de status mientras exista esa junta. Más aún si finalmente la reestructuración de la deuda pública se hace por medio de un proceso judicial, pues todo el sistema jurídico que establece se basa en los poderes plenarios del Congreso sobre sus territorios. Recientemente, el senador republicano Orrin Hatch (Utah), presidente del Comité de Finanzas del Senado, dijo que duda “que la estadidad sea aceptable bajo la situación actual en que está Puerto Rico”. El congresista republicano boricua Raúl Labrador (Idaho), por su parte, ha indicado que la atención debe estar ahora en resolver la crisis fiscal. Palabras similares ha dicho el principal defensor del movimiento estadista entre los republicanos del Congreso, el representante por Alaska Don Young.

REVALIDAR. El otro día mencionaba que el gobierno del PNP también tiene un reto que conoce muy bien. Para poder darle fuerza a su petición de estadidad puede necesitar retener  el control del  gobierno en 2020. Desde el gobierno de Pedro Rosselló, que terminó en el 2000,  el PNP no  ha logrado ganar La Fortaleza en elecciones consecutivas. Ya es un grave problema para el país depender de lo que digan 535 legisladores, 435 de los cuales se renuevan cada dos años en la Cámara baja y tienen pocos incentivos para lidiar con el debate sobre el futuro político. Pero, aún si algún día el Congreso decidiera aprobar un plan para, a largo plazo, convertir a Puerto Rico en otro estado más de EEUU,  una victoria en la próxima elección puertorriqueña de cualquier sector opuesto a la estadidad, seguramente frenaría esa propuesta. Y los partidos principales en Puerto Rico acaban de ser jamaqueados por una elección en la que su respaldo quedó muy disminuido – el gobernador Rosselló ganó con el el 42% de los votos-, y el voto independiente, desvinculado de las ideologías políticas tradicionales, alcanzó porcentajes históricos.