La fecha del 15 de febrero de 2017 ha cobrado más importancia tras conocerse las prioridades que ha reclamado a la próxima administración la junta federal que controla los asuntos fiscales del gobierno de Puerto Rico.

Ya sabíamos que a más tardar el 31 de enero, la junta federal le daría el mandato a la nueva administración sobre el tamaño de los recortes presupuestarios.

Para finales del mes próximo, además, se sabía que los acreedores conocerían el tamaño de la tijera en la deuda pública, pues la reestructuración viene a las buenas o por la vía judicial.

De acuerdo a la ley PROMESA que impuso la junta, el 15 de febrero vence la primera fecha de expiración de la moratoria en el cobro de deuda del gobierno.

Ahora, la carta que le enviaron el lunes los siete miembros con voto en la junta federal al gobernador saliente y al entrante, obliga a la nueva administración a implantar reformas fiscales antes del 15 de febrero.

En primer lugar ordenan al gobernador electo, Ricardo Rosselló, a crear un grupo de trabajo de alto nivel para lidiar con el plan fiscal que se tiene que aprobar a finales de enero.

Luego quieren ver reformas fiscales, una dura reducción en el gasto público, la reestructuración del sistema de pensiones, la privatización de servicios, ajustes en las tarifas que cobra el gobierno – incluida la Universidad de Puerto Rico-,  en las pensiones, cambios en las leyes laborales (entiéndase reducir beneficios a trabajadores), y un aparato gubernamental más pequeño. A los que legislaron la ley PROMESA y les nombraron, que han mantenido un sistema colonial bajo el cual han tratado con desdén e inconsistencias a los residentes del archipiélago puertorriqueño, no les piden cuentas.

“Específicamente, solicitaremos a la administración entrante que establezca un grupo de trabajo de alto nivel durante la primera semana en sus puestos dedicada a trabajar con el plan fiscal.  También solicitaremos que la Legislatura desarrolle y considere para el 15 de febrero de 2017 un paquete de reformas legislativas y administrativas que implante algunas de las medidas prioritarias identificadas en el plan fiscal”, indicaron los miembros de la junta federal, en su carta del 20 de diciembre al gobernador saliente, Alejandro García Padilla, y a Rosselló.

La próxima sesión pública de la junta está prevista para mediados de enero, probablemente en Puerto Rico. Se prevé que citarán al gobernador Rosselló  – quien dijo la semana pasada que coincidía con el 80% de las propuestas de la autoridad fiscal-, a presentar su plan. Con o sin las ideas de Rosselló, la orden viene en un mes.

Una vez conocido el plan fiscal, empezará la cuenta atrás hacia el 15 de febrero.  “Si el gobierno fallara en proponer un plan fiscal certificable bajo la Ley PROMESA, entonces la Junta de Supervisión pudiese ir un paso más allá. Pero eso no es lo que la Junta quiere hacer”, agregó el presidente de la junta, José Carrión III.

Aunque tres de los cuatro puertorriqueños de la junta federal hicieron énfasis en que primero vienen los recortes y las negociaciones voluntarias que exige la ley, en el gobierno del presidente Barack Obama, según fuentes, hay confianza de que los procesos de reestructuración de deuda empiezan en febrero, aunque la autoridad fiscal tiene poder para extender la moratoria, caso a caso, hasta el 1 de mayo.

Es decir, la junta puede en febrero poner en marcha algunos procesos de reestructuración por la vía judicial mientras extiende la moratoria en los que considere que un acuerdo fuera de los tribunales es probable.

De todas maneras, la junta federal – que tardó tres meses en organizarse y aún no tiene director ejecutivo-, se ha montado en una locomotora que tomará las grandes decisiones en los próximos 125 días, tomando como base la fecha fatídica del 1 de mayo. Pero, quiere ver resultados en solo 52 días.

Con algunas reformas fiscales implantadas para el 15 de febrero y la puesta en marcha de las conversaciones hacia la negociación con los bonistas, los miembros de la junta habrán cumplido con los pasos previos hacia la presentación ante un juez de los primeros casos de quiebra del gobierno.

Lo que no está claro aún es cuántas de las decisiones duras el próximo gobierno quiere asumir, como le pide la junta. O cuántas toreará – como hizo la administración saliente-, para que los que tienen el control, hagan suyas esas decisiones.