Los legisladores federales tienen programado iniciar su receso de Navidad en tres semanas. Dura solo hasta principios de enero.

Las próximas dos semanas se perciben como la mejor oportunidad para las autoridades de Puerto Rico tratar de colar dentro del ómnibus presupuestario alguna medida dirigida a aliviar la aguda crisis fiscal y de deuda pública de la Isla.

Del bando republicano, hay fuertes indicios de que van a presentar una respuesta legislativa a los pilares del plan del gobierno del presidente Barack Obama, que se basan en autorizar la reestructuración de toda la deuda pública, crear una junta federal para supervisar ese proceso, encaminar la paridad en Medicaid y extender los créditos federales por ingresos devengados (Eitc) y niños dependientes (CTC).

A corto plazo el debate parece estar centrado en autorizar la inclusión de la Isla en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras, por lo menos para las empresas públicas como ocurre con los estados, y la creación de una controvertida junta de supervisión, que vigilaría el rumbo de las finanzas de la Isla.

La audiencia del martes en el Comité de lo Jurídico del Senado de Estados Unidos puede arrojar luz en torno hacia donde se encaminan las negociaciones entre demócratas y republicanos y si hay posibilidades de un acuerdo antes de la Navidad.

Mientras, tanto, estos son 7 asuntos que hay que tomar en cuenta:

1. La fecha del 11 de diciembre: El Congreso se impuso esa fecha para autorizar la asignación específica por agencias del presupuesto para el resto del año fiscal federal, que comenzó el 1 de octubre. Por los pasados dos meses, las agencias del gobierno federal básicamente han tenido las mismas asignaciones y distribución de fondos del pasado año fiscal que terminó el 30 de septiembre. Aunque el Congreso quiere terminar ese proceso de asignaciones el 11 de diciembre, tranquilamente puede aplazarlo una semana, un mes o dos meses. Tratan de irse a casa para Navidad a más tardar el 18 de diciembre, pero la actual sesión del Congreso no expira hasta el cierre de 2016.

2. El ómnibus presupuestario: Debido a que la mayoría de las dependencias del gobierno no tiene una nueva distribución de fondos, el plan es incluir todas las medidas pendientes en lo que llaman un ómnibus presupuestario – una ensalada de asignaciones de diferencias agencias. Inicialmente se pensaba que sería un ómnibus de asignaciones legislativas, lo que hacía más complicado incluir asuntos de política pública. Pero, las propuestas demócratas y republicanos para añadir a la legislación suman ya decenas. En el forcejeo de ‘si me das esto, te doy aquello’, es que se quiere pasar alguna iniciativa que mitigue la crisis fiscal.

3. El plan republicano: Nadie puede precisar exactamente como será la propuesta final de senadores del GOP con jurisdicción en la crisis fiscal de Puerto Rico ni cuanto apoyo logrará en este momento de sus colegas en la mayoría republicana. El plan evidentemente va a salir del Senado porque es el cuerpo que, debido a la división de poderes – 55 a 45- y la necesidad de 60 votos para llevar un proyecto a votación si un solo senador se opone, se presta para una transacción política. En el bando republicano líderes como el presidente del Comité de lo Jurídico del Senado, Charles Grassley (Iowa), quieren una junta federal de control financiero. Es decir una junta de verdad que vaya a mandar a la Isla. Pero, aunque Grassley le dijo a El Nuevo Día el pasado 3 de noviembre que cualquier transacción tiene que incluir una “junta federal de control fiscal” – que en la práctica gobierne el día a día en la Isla-, lo que al final puede prevalecer es una “junta federal de supervisión fiscal” que en la práctica condicione la oferta del capítulo 9 o nuevas asignaciones de fondos, al cumplimiento de ciertas metas de reestructuración del gobierno de Puerto Rico. En Puerto Rico hay líderes políticos que apoyan la junta federal, pero nadie parece querer que el gobierno de EEUU quiera tachar con esa legislación los poderes a nivel local del Ejecutivo y Legislativo de la Isla. Junto a la amplitud que se le quiera dar al acceso del gobierno de Puerto Rico al capítulo 9 de la ley federal de quiebras, los poderes que se asignen a esa junta federal serán cruciales para determinar sus posibilidades de éxito en el Congreso y la aceptación que tenga entre los dos partidos principales de la Isla, pues no creo que ninguno otro la pueda aceptar.

4. La Cámara baja: Las batallas más duras algunas veces se dan en el mismo caucus republicano de la Cámara de Representantes, donde un grupo de alrededor de 40 de los más conservadores suele ser muy exigente con sus propios líderes sobre asuntos ideológicos y fiscales. La crisis fiscal de Puerto Rico no ha sido la prioridad para ese grupo – temas como frenar el programa para recibir 10,000 refugiados de la guerra en Siria, quitarle fondos al grupo Planned Parenthood y la eliminación de normas financieras-, dominan su agenda. Pero, aunque fuentes indican que el presidente del Comité de lo Jurídico, Robert Goodlatte (Virginia), está dispuesto a ayudar, el apoyo que consiga el ómnibus dentro del llamado “Freedom Caucus” de la Cámara baja puede determinar el futuro de toda la legislación.

5. El ‘superbono’ y el cumplimiento con el pago de la deuda del 1 de diciembre: La audiencia del martes coincide con el pago de $354 millones de la deuda del Banco Gubernamental de Fomento (BGF). No emitir ese cheque, sería dejar de cumplir con obligaciones generales del gobierno de Puerto Rico, protegidas por la Constitución puertorriqueña. Moody’s ha pronosticado un caos si el país cae en el impago. Pero, la presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, ha dado a entender que no solo piensan pagar el martes sino también los otros $331 millones que vencen el 1 de enero. Previo a la audiencia, probablemente con la idea de desincentivar alguna intervención del Congreso, portavoces de fondos de cobertura de riesgo (los llamados fondos buitres) se encargaron de avivar que están dispuestos a sentarse a negociar en torno a la propuesta del superbono, que persigue revisar los términos de dos tercios de la deuda pública la Isla, incluidas obligaciones generales. Esas firmas de inversiones  prefieren el superbono a un procedimiento judicial de quiebras. Ahora que líderes republicanos del Senado mostraban disposición a presentar su propio plan, está por verse si el pago de la deuda el 1 de diciembre y el súbito interés de los fondos buitres por negociar, disminuye más la poca voluntad que han tenido los legisladores del GOP para intervenir en la crisis fiscal de Puerto Rico.

6. Menos la oposición a la quiebra federal: Por meses, la principal campaña publicitaria en contra del gobierno de Puerto Rico estuvo a cargo de la Asociación 60 Plus, un grupo conservador que reúne a cerca de 7 millones de jubilados y que combatió inicialmente el proyecto 870 del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, dirigido a incluir las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras. Firmas de inversiones vinculadas a la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) fueron las que iniciaron esa campaña. 60 Plus creó la organización MainstreetBondholders, que se ha centrado en combatir la decisión del gobierno de García Padilla de declarar el impago y reclamar la reestructuración de la deuda de obligaciones generales. Mainstreet ahora expresa que dar a las empresas públicas de la Isla acceso al capítulo 9 – no a las obligaciones generales-, “es razonable, mientras esté acompañado de controles federales fiscales con poder para implantar las reformas en gastos que son tan necesarias”.

7. El Ejecutivo:  Ha quedado como el plan B. Pero, aunque se busca lograr un acuerdo sobre el ómnibus presupuestario para el 11 de diciembre, no es seguro que esa legislación pueda aprobarse ahora ni que al final esa medida incluya algún alivio para la crisis fiscal de Puerto Rico. Si el Congreso aprueba el ómnibus presupuestario sin medidas para mitigar la crisis fiscal, entonces revivirá con fuerza el reclamo para que el presidente Obama tome medidas ejecutivas – como garantizar una nueva emisión de bonos, por lo menos para el financiamiento temporal del gobierno-, que permitan evitar el impago y el agravamiento de la crisis fiscal y de deuda pública que arropa a la isla.