El desencanto con el actual status territorial vuelve al escenario central, estimulado por la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico, argumenta en un artículo de revista jurídica el secretario de Asuntos de Norteamérica del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Manuel Rodríguez Orellana.

Los líderes del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado estadounidense retomaron en septiembre el llamamiento a definir el futuro político de Puerto Rico. Pero, Rodríguez Orellana está convencido de que la señal fue marcada con claridad en la sesión de agosto de 2013 de esa misma comisión.

“Los coloniales devotos fueron notificados entonces que no se van a codear más con el arreglo del Estado Libre Asociado ni tendrán tolerancia para ‘mejoras’ imaginarias o irreales”, indica Rodriguez Orellana, en un artículo publicado por la revista “Texas Hispanic Journal of Law & Policy”, de la Escuela de Derecho de la Universidad de Texas. La revista tiene fecha de mayo, pero se publicó este mes.

En específico, Rodríguez Orellana hace referencia a la firme expresión del 1 de agosto de 2013 del entonces presidente del  Comité de Energía y Recursos Naturales, el demócrata Ron Wyden, en el sentido de que tras el plebiscito de noviembre de 2012  Puerto Rico debe escoger entre la estadidad y su soberanía política, descartando como alternativa el actual status territorial.

Wyden, quien ahora es el portavoz de la minoría en el Comité de Finanzas, reafirmó su posición en la audiencia del 29 de septiembre del Comité de Energía y Recursos Naturales que examinó la crisis fiscal y de deuda pública a la que se enfrenta ahora Puerto Rico.

Para Rodríguez Orellana la posición de Wyden enmarca un nuevo interés en buscarle una solución al problema político y económico de Puerto Rico. Considera que – pese a que no ha tenido la misma intensidad – se forja en EEUU un interés que no se ha visto desde el proceso de status de 1989 a 1991, cuando el Congreso intentó, sin éxito, vincularse a un esfuerzo abarcador para decidir el significado de las alternativas de status para la Isla.

Aunque el proceso no se concretó, “permitió a los actores correspondientes en la institucionalidad estadounidense y puertorriqueña comenzar a enfocarse en la necesidad – y las implicaciones -, de una revisión de la relación, posterior a la Guerra Fría”.

Desde el proceso de 1989 a 1991, en el gobierno federal ha cobrado fuerza que ni el ELA supuso una alteración al control del Congreso sobre la Isla, ni es posible bajo la cláusula para territorios de la Constitución estadounidense alcanzar un grado real de soberanía política.

Tras aquellas discusiones, Rodríguez Orellana recordó la aprobación en 1998 del proyecto Young – por la mínima diferencia (209-208)-, que promovió que por Puerto Rico ser un país hispanohablante, en cualquier propuesta de estadidad el Congreso debe incluir requisitos parara  incrementar la presencia del inglés en la vida diaria de los puertorriqueños.

“Para Estados Unidos, la cultura y el idioma distintos de Puerto Rico son una fuente de preocupación, en caso de una petición de estadidad”, agregó Rodríguez Orellana, profesor retirado de Derecho Internacional de las escuelas de Derecho de las universidades del Noreste (Massachusetts) e Interamericana (Puerto Rico).

Para el funcionario del PIP, sin embargo,  “por no ser claramente un espectador en la historia colonial, el Congreso debe enfrentarse a la negligencia de sus acciones sobre el status de subordinación de la Isla”.

“Aunque la cláusula para territorios (de la Constitución estadounidense) ha servido para justificar un gobierno sin el consentimiento de los gobernados, también le da al Congreso el poder para justificar resolver la situación por medio de opciones justas”, sostuvo Rodríguez Orellana.

Del debate de 1989 a 1991, piensa, el independentismo logró plasmar un modelo para una transición política y económica ordenada hacia la soberanía política, que debe permitir a los que quieran retener su ciudadanía estadounidense tener doble ciudadanía y a los residentes de la Isla en general un acuerdo de libre tránsito hacia Estados Unidos.

En el artículo subraya además la propuesta del PIP de convocar a una Asamblea de Status que permita a cada alternativa de status ir a Washington a negociar un proceso de transición hacia su fórmula, previo a una próxima consulta que le requiera a EEUU responder a corto plazo.

“Puerto Rico tiene el derecho a afirmar su identidad cultural y proteger su derecho inalienable a la libre determinación. Los estadounidenses, por su parte, no deben abdicar su prerrogativa a determinar su propio futuro con respecto a Puerto Rico. La libre determinación de la relación entre los dos países está en juego, y el tiempo – subrayó -, es clave”.