La crisis fiscal ha puesto de relieve la indefensión política de la Isla.

Pero, no hay luz sobre cómo empujar hacia delante y superar la falta de poderes políticos, reconocida por todos los bandos, que incide en la crisis fiscal.

Sin poderes políticos suficientes para jamaquear a Washington, la presión tiene que partir de la concertación.

Han ocurrido unas coincidencias, pero no hay unidad de propósitos. Ni siquiera sobre las iniciativas que se necesitan a corto plazo para lidiar con la necesidad de reestructurar buena parte de la deuda pública.

El gobernador Alejandro García Padilla y el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, cada cual a su estilo, promueven la inclusión de las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

En el Partido Nuevo Progresistas (PNP) es claro que no hay unidad de propósitos sobre esa legislación. Unos están a favor, otros en contra.

Dos potenciales precandidatos a gobernador, Ricardo Rosselló, y Thomas Rivera Schatz, la han rechazado como alternativa.

La funcionaria electa de más rango en la Isla que se vincula con los republicanos de EEUU, Jenniffer González, portavoz del PNP en la Cámara de Representantes, ha hecho campaña en contra en el Congreso.

Hace unos días, el exsecretario de Estado Kenneth McClintock, cabildero estadista en Washington y asesor en la isla de firmas de inversiones que reúnen bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), publicó un artículo de opinión en The Hill a favor de frenar la legislación, pues dice que le preocupa que se desatiendan otros reclamos, como mejorar significativamente el acceso a programas federales de salud.

La legislación es bloqueada por algunos amigos de los republicanos de la isla, que también suelen hacer causa común en contra de la estadidad. Entre los republicanos de EEUU, solo el precandidato presidencial Jeb Bush y el congresista Don Young (Alaska) han hablado a favor del acceso de las municipalidades de la Isla al capítulo 9. Solo dos.

Tanto Pierluisi como el congresista Luis Gutiérrez han indicado que la oposición de sectores del PNP no se ha sentido en Washington, pero sería ingenuo pensar que los republicanos no toman nota y lo usan como defensa.

Mientras desde el Congreso y el Departamento del Tesoro reclaman un plan fiscal a largo plazo y esperan por ver cuán independiente va a ser la junta de control fiscal que nombrará el gobernador, la salida del PNP del Grupo de Trabajo que elabora la estrategia fiscal de cinco años ha sido recibida por La Fortaleza como si fuera poca cosa. No puede haber un plan fiscal a largo plazo en este país, si por lo menos los dos partidos principales no se ponen de acuerdo.

En el partido de gobierno, su jefatura ha preferido centrarse ahora exclusivamente en el tema financiero – que en los pasados 31 meses ha generado múltiples enfrentamientos internos-, pese a que la crisis destaca los amplísimos poderes del sistema federal sobre Puerto Rico, bajo el status territorial de Estado Libre Asociado (ELA).

Por supuesto que el cambio de status no va a llegar de la noche a la mañana, por lo que se requiere atender con urgencia el problema fiscal. Pero, el proceso de ordenar un plan fiscal a largo tiene que tomar en consideración la relación política y jurídica con el gobierno federal. No hacerlo es cerrar los ojos.

Por eso, entre otras cosas, el Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) descartó participar del Grupo de Trabajo para la Recuperación Económica.

Si tiene duda de cómo impacta la situación fiscal de la isla la falta de poderes políticos, recuerde el mensaje del gobernador del pasado 25 de julio, cuando se conmemoró el 117 aniversario de la invasión estadounidense y el 63 de la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado.

“No puede ser que la Judicatura federal nos niegue la capacidad de legislar para reestructurar la deuda de Puerto Rico. No puede ser que el Ejecutivo federal se niegue a tratarnos en igualdad de condiciones en un programa, como el Medicare, para el cual pagamos en igualdad de condiciones. Y no puede ser que el Congreso obligue a que Puerto Rico pague más por los bienes que importamos, con tal de subsidiarle al país más rico del mundo su marina mercante”, dijo García Padilla.

La puerta nos da en la cara. ¿Estamos listos?