En febrero pasado, en una entrevista con El Nuevo Día, el presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), admitió cándidamente, como se sospechaba, que el Comité de Asignaciones y la Casa Blanca tramitaron el lenguaje de la ley federal de 2014 sobre el status de Puerto Rico sin tomar en cuenta su comisión, que tiene principal jurisdicción en el debate sobre el futuro político de la Isla.

Si el gobierno de Puerto Rico así lo quiere, a cambio de $2.5  millones para la campaña educativa de la Comisión Estatal de Elecciones), el lenguaje federal, vinculado a una ley de asignaciones para el Departamento de Justicia de Estados Unidos, establece la posibilidad de que  la persona a cargo de la Secretaría de Justicia federal determine si las alternativas de status de una próxima consulta reglamentada en la Isla cumplen con las normas constitucionales, la legalidad y la política pública estadounidense.

Nada ha ocurrido en torno a eso porque el gobierno de Puerto Rico ha dejado a un lado el tema del status, mientras está enfrascado con la peor crisis fiscal desde que los electores de la Isla eligen a su gobernador. Cada vez más expertos pronostican un impago y una limitación en el funcionamiento del gobierno.

Por 10 meses, el Partido Popular Democrático (PPD) no ha podido ponerse de acuerdo sobre una próxima definición de status, aunque el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá ha advertido que desde diciembre el comité de expresidentes de la colectividad a cargo de buscar un consenso está en espera de que el gobernador Alejandro García Padilla les convoque para tratar de zanjar los puntos contenciosos.

Las implicaciones del lenguaje federal y del proyecto de estatidad del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, podrán debatirse el miércoles en la audiencia que ha convocado el Subcomité de Asuntos Insulares de la Cámara de Representantes, presidido por Don Young, aliado de los estadistas y quien acaba de ir a un evento de recaudación de fondos en San Juan.

Como dice el título de la convocatoria, se trata de una audiencia para examinar de forma general procedimientos sobre el status político y el “panorama económico” de Puerto Rico, sin plantearse en este momento el trámite de alguna medida.

De todos modos, vale recordar, la legislación del comisionado Pierluisi, aunque busca vincular al Congreso con un proceso hacia la estadidad, se limitaría a autorizar la legislación y el gobierno del PPD, que tendría que reglamentar la consulta, ha hecho claro que no le daría paso. Es decir, la medida en nada obliga al gobierno de Puerto Rico.

Bishop había indicado en febrero que le daría mucho espacio a Young para organizar la audiencia. Pero, ahora – en medio de las fuertes críticas al congresista republicano por recaudar donativos de sus aliados estadistas a cinco días de la vista pública -, su oficina mantuvo que el tema y los participantes fueron seleccionados por personal del pleno de la Comisión.

A tres días de la audiencia ni siquiera el listado oficial de ponentes se ha publicado.

Desde el 18 de mayo, cuando conocía de los planes para celebrar la audiencia a finales de junio, el gobierno de García Padilla solicitó que la audiencia fuera aplazada, bajo el argumento de que están inmersos en la aprobación del presupuesto “creíble” que le reclamó el Tesoro federal.

No está aún claro si el gobernador, que tuvo tropiezos para explicar su propuesta de desarrollo del Estado Libre Asociado en la audiencia del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado del 1 de agosto de 2013, declarará el miércoles.

Oficializada la convocatoria a la audiencia, no es coincidencia, por otro lado, que el viernes se diera a conocer que el republicano Jeffrey Duncan (Carolina del Sur) – a cargo del subcomité de Asuntos Hemisféricos de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja federal y miembro del Comité de Recursos Naturales -,  propusiera a sus colegas del Congreso tomar pasos para establecer una junta de control financiera que le arrebate el poder de administrar el día a día de los asuntos de la Isla al gobernador.

Duncan fue uno de tres congresistas  republicanos – otro fue Darrel Issa California), uno de los que ha frenado la legislación que permitiría ofrecer a empresas públicas de Puerto Rico el mecanismo de la ley federal de quiebras -, que le escribieron al gobernador García Padilla para criticar la negativa a reconocer una deuda de $229 millones con el banco Doral.

En una audiencia de julio de 2014, Duncan favoreció la idea, a la cual llevó a hablar sobre el caso Doral y la crisis fiscal de la isla a James Glassman, experto del  grupo conservador American Enterprise Institute (AEI) que fue subsecretario de Estado para Asuntos Públicos durante el gobierno de George W. Bush.

Esta vez, por lo menos, a diferencia de otros el congresista Duncan reconoce que una medida de esa naturaleza – después del gobierno federal permitir a Puerto Rico elegir su gobernador, formar su gabinete de gobierno y manejar sus fondos locales,  reservándose el Congreso su poder sobre la Isla -,  implicaría tomar pasos también para “encaminar la libre determinación” de Puerto Rico.

Fácil decirlo. Pero, se requiere legislación y la voluntad hacia una solución definitiva que no ha habido en 117 años.

Si cobrara fuerza – más allá de firmas de inversiones que buscan tener al gobierno por el cuello, analistas financieros y un par de congresistas-, la idea de legislar para poner a gobernar a la Isla a un grupo de enviados del gobierno federal, como en los tiempos de Charles Herbert Allen, el Congreso tendría que estar preparado para encaminar a Puerto Rico hacia la estadidad o su soberanía política.

En estos tiempos, estoy convencido, no habría otra alternativa. Más aún cuando el gobernador Alejandro García Padilla, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, y el liderato legislativo se oponen.

¿Quieren los republicanos del Congreso aprovechar la crisis fiscal para resolver el problema colonial de Puerto Rico?

¿Quién es el que va a presentar la legislación para crear la junta de control financiero y vincular al Congreso con un proceso hacia la estadidad o la independencia?

Presumo que si la idea tiene apoyo,  Duncan, como miembro del Comité de Recursos Naturales, aprovechará la audiencia del miércoles para darle forma a la idea. A menos que sus expresiones sean solo nuevos comentarios para las gradas o para avergonzar a las autoridades de la Isla.