WASHINGTON.- Ha tenido un efecto dominó, con acelerador.

Tras el Tribunal Supremo de Estados Unidos anular en junio de 2013 la sección de la ley DOMA que solo reconocía la unión formal entre un hombre y una mujer, en los próximos 21 meses el matrimonio entre personas del mismo sexo fue validado en 28 estados.

En total hubo unas 30 decisiones judiciales a favor del matrimonio gay, no todas finales.

Hoy, es un hecho que en 26 estados el matrimonio entre personas del mismo sexo llegó por la vía judicial.

En otros cinco en que un tribunal anuló la prohibición al matrimonio gay, el proceso está en apelación y su confirmación dependerá de las controversias que decidirá en junio el Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En 16 estados en que ya es legal el matrimonio gay un tribunal invalidó prohibiciones constitucionales. En otras 10, la norma echada a un lado por una corte era una ley estatal.

En ocho estados y la capital federal, la legalización del matrimonio homosexual, mientras, llegó por la vía legislativa y en tres -Maryland, Maine y Washington- por referéndum, según un análisis de Gabriel Laborde, portavoz del Comité Amplio para la Búsqueda de Equidad (CABE).

Ahora, casi tres cuartas partes de los estadounidenses residen en jurisdicciones -37 estados y Washington D.C.-, en que se reconoce el matrimonio entre personas del mismo sexo.

El caso Windsor de 2013 que anuló la sección de DOMA que impedía reconocer el matrimonio entre personas del mismo sexo, dio tiempo a los gobiernos estatales para el momento que parece acercarse en el que las prohibiciones locales de la unión formal de las parejas gay también será declarada inconstitucional, a juicio del profesor Carlos Ramos González, de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana.

“Con toda intención la mayoría -en el caso Windsor-, bajo el pensamiento y teoría del juez Anthony Kennedy resolvió a favor de la equidad matrimonial o matrimonio igualitario frente al gobierno federal a la vez que dejó que cada estado decidiera conforme sus leyes. Pero la mayoría sabía que los fundamentos para la vida plena y sin perjuicios de estas parejas frente al gobierno federal tendrían efectos sobre la inequidad estatal”, sostuvo el constitucionalista Ramos González.

Las decisiones más recientes a favor de la equidad en el matrimonio incluyen hasta algunos de los estados más conservadores del sur como Alabama -donde el caso está en apelación- y Misisipi.
obama.

Para Ramos, aunque en términos jurídicos la locomotora la echó a andar el Tribunal Supremo federal, no debe subestimarse la fuerza del llamamiento que hizo el presidente Barack Obama, a seis meses de la elección presidencial de 2012, a favor del matrimonio gay, cuando su gobierno dejó de defender el estatuto DOMA en el caso Windsor.

Ya reelegido, en su segunda toma de posesión, el presidente Obama expresó el 21 de enero de 2013 que “nuestro recorrido no estará completo hasta que a nuestros hermanos y hermanas gay se les trate igual que a todos los demás según la ley, porque, si nos han creado iguales de verdad, entonces el amor que profesamos debe ser también igual para todos”.

“La historia nunca podrá subestimar la importancia de lo dicho por Obama y su cambio de parecer. Creo que sin duda ayudó al cambio cultural que estamos viendo en Estados Unidos. La declaración de inconstitucionalidad de la primera parte de DOMA hubiese sido mucho más difícil sin ese ambiente de cambio”, sostuvo el profesor Ramos González.

Ahora, la evolución de los últimos años en Estados Unidos y casi una veintena de países toca tierra en Puerto Rico.

Como hiciera la administración del presidente Obama a nivel federal, el pasado 20 de marzo el Gobierno de Puerto Rico dejó oficialmente de defender el artículo 68 del Código Civil puertorriqueño que no solo describe el matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer, sino que además expresamente prohíbe el matrimonio gay.
EL ARGUMENTO LOCAL. De esta forma, el gobierno de Alejandro García Padilla apoyó los argumentos de cinco parejas del mismo sexo que apelaron la decisión del juez federal de San Juan Juan Pérez Giménez – quien rehusó anular la ley estatal-, y asumió la política pública de que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo constituye una discriminación inconstitucional por orientación sexual.

“Debido a que el Código Civil de Puerto Rico hace una distinción basada en la orientación sexual o de género, y los demandantes cumplen con todos los criterios que conforman una clasificación sospechosa o casi sospechosa, creemos que los precedentes judiciales obligan a esta corte a aplicar un escrutinio riguroso bajo el cual el Estado Libre Asociado (ELA) no puede prevalecer”, indica el documento sometido ante el Primer Circuito de Apelaciones federales por la procuradora general, Margarita Mercado Echegaray, y el subprocurador general, Andrés Berdecía González, a nombre del gobernador García Padilla.

El argumento agrega que “el gobierno del ELA tiene un fuerte interés en garantizar la igual protección de las leyes de todas las personas” y que “en una democracia constitucional hay ciertos derechos que han sido reservados directamente a las personas y los cuales ningún gobierno debe infringir, no importa la posición personal o individual sobre el asunto”.

En vista de que el Tribunal Supremo estadounidense tendrá una audiencia oral el 28 de abril sobre cinco casos que pueden generar un mandato federal sobre los gobiernos estatales y locales, el Gobierno de Puerto Rico ha pedido que se aguarde por esa sesión y la decisión del máximo foro judicial federal, antes de que el Primer Circuito de Apelaciones, con sede en Boston (Massachusetts), pase juicio sobre el caso de la Isla.

“Me parece que esperarán por la decisión del Tribunal Supremo (de Estados Unidos). En el Quinto, Octavo y Undécimo Circuito (de Apelaciones federales) parece estar ocurriendo lo mismo. En los casos específicos del Quinto y Octavo el Circuito se han negado a levantar las suspensiones de las órdenes de los tribunales de distrito que permitirían celebrar matrimonios entre personas del mismo sexo y en el Undécimo y Octavo aún no se han celebrado los argumentos orales”, indicó Laborde, graduado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

LA OPOSICIÓN. En San Juan, mientras, legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) han pedido al Tribunal Superior de Puerto Rico que ordene al secretario de Justicia y al gobernador a cumplir con la ley y hacer valer el artículo 68.

Con el apoyo de las organizaciones religiosas Puerto Rico por la Familia y la Fraternidad Pentecostal (Frape), los legisladores del PNP firmantes del mandamus son María Milagros Charbonier, Ángel Martínez Santiago, Migdalia Padilla, Itzamar Peña, José Pérez Rosa, Antonio Soto y Johnny Méndez.

El juez superior Ángel Pagán ha convocado a una audiencia para el 9 de abril.

Cualquier nuevo esfuerzo judicial o político para mantener con vida la prohibición en Puerto Rico al matrimonio gay, de todos modos, se rendirá ante lo que ordene el Tribunal Supremo estadounidense.

No es la primera vez que el cambio social obliga al máximo foro judicial federal a reconocer derechos de individuos.

El caso más conocido es el impulso que le dio a la desegregación racial la decisión de 1954 en “Brown versus Board of Education”, que puso fin a la separación de jure que marginaba, particularmente, a los estudiantes negros.

Pero, lo mismo puede decirse de la decisión de 1973 en el caso Roe versus Wade que reconoció el derecho de intimidad de la mujer de tomar las decisiones principales sobre su cuerpo y poder interrumpir un embarazo.

“La lucha por lograr derechos individuales que no están explícitos en la Constitución de Estados Unidos ha sido bien ardua. Se trata de una constitución de 1789, por lo que le ha tocado al Tribunal Supremo de Estados Unidos identificarlos, con dificultad y gran reticencia, pero lo han hecho”, recordó Ramos González.

El próximo capítulo se edita en la sesión oral del 28 de abril del Tribunal Supremo de Estados Unidos. Se publica en junio,

(Publicado originalmente en la sección A Fondo, páginas 44-45, edición del 29 de marzo de 2015 del periódico El Nuevo Día).