Mientras más pasa el tiempo más duro resulta para el gobierno de Puerto Rico el que un juez federal de San Juan haya invalidado la ley criolla de quiebras.

Era su principal escudo en las negociaciones sobre la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).

No importa la opinión que tenga sobre el estatuto, la realidad es que si la ley hubiese sido declarada constitucional por el juez federal Francisco Besosa, las propias firmas de inversiones que ahora abogan por un aumento en las tarifas de la AEE como condición para aplazar el cobro de la deuda de la corporación pública hubiesen tenido que repensar su oposición a la inclusión de las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Ha estado claro que firmas de inversiones como Oppenheimer, Franklin y Blue Mountain – con buena parte de la deuda de casi $9,000 millones de la AEE-, consideran que tienen el sartén por el mango sin un estatuto que provea un marco jurídico claro para una corporación pública manejar su bancarrota.

Bajo una ley puertorriqueña o federal, esas firmas perderían en gran medida el control del proceso que ahora tienen, en momentos en que desde agosto es claro que la AEE no puede cumplir con todas sus obligaciones financieras. (Cuándo por ahí le hablen de que el gobierno tiene que cumplir con el pago de sus deudas, no se olvide que en la AEE eso no ha sido posible desde hace ocho meses).

Los contratos que reglamentan los bonos de la AEE permiten a los acreedores ir un tribunal puertorriqueño – como diría un abogado de esos grupos, esas cortes en que se habla español-, a reclamar el nombramiento de un síndico y hacer prácticamente lo mismo que ahora exigen fuera de la corte: demandar un aumento en tarifas como condición para aplazar temporalmente el cobro de pagos pendientes.

Bajo un proceso formal de quiebra, la reestructuración fiscal de la AEE tendría que hacerse pensando en todos los acreedores.  Todos tendrían el mismo derecho a reclamar sus pagos, dicen los expertos del gobierno de Puerto Rico, y se harían en la medida de lo posible.

Mientras más evita el Comité de lo Jurídico de la Cámara de Representantes de Estados Unidos echar hacia delante el proyecto 870 del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, a favor de la inclusión de las empresas públicas en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras, más fuerza le preserva el Congreso a  las firmas de inversiones en las negociaciones extrajudiciales con la AEE.

El gobierno necesita malamente comprar tiempo en la AEE a ver si el proyecto 870 cobra vida de ahora a junio.

Pero, si las firmas de inversiones están ya logrando atrasar el proceso legislativo en Washington para su conveniencia, quizá también tengan el poder para descarrilarlo por completo si el proceso de reestructuración de la AEE no ha concluido.

Quizá el Primer Circuito de Apelaciones de Boston se dé cuenta del laberinto en que se coloca al país y valide la ley de quiebras de Puerto Rico. Quizá entonces, sean las propias firmas de inversiones las que corran al Congreso a pedir la inclusión de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras.