Las esperanzas de que el Gobierno federal haga un acto de magia para resolver la precariedad fiscal de Puerto Rico -como hizo, en muchas instancias, la década pasada durante la crisis de las instituciones financieras estadounidenses- se desvanecen.
No es la primera vez, pero ante la insistencia de volver al mercado para colocar una emisión de bonos de $2,900 millones, que consideran crucial para asegurar liquidez al gobierno, la administración de Alejandro García Padilla, con la ayuda de colaboradores en Washington, revivió con fuerza el reclamo de que el Tesoro de la Reserva federal garantice ese préstamo, lo que reduciría marcadamente la tasa de interés y su costo.
Las más recientes conversaciones, sin embargo, se han estrellado y son mínimas, en este momento, las esperanzas de que vuelvan a cobrar vuelo, según varias fuentes.
“Creo, honestamente, que no hay voluntad para tomar acciones desde el Tesoro. Cada día es más una calle sin salida”, dijo recientemente el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, sobre las conversaciones con el gobierno del presidente Barack Obama.
EL CAPÍTULO 9. Si la puerta de la garantía federal de una emisión de bonos sigue cerrada, la única acción federal posible a corto plazo es la inclusión de las empresas públicas de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras, lo que ayudaría al gobierno boricua a proteger mejor sus intereses en caso de una insolvencia de corporaciones como la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE).
Aunque los únicos tres republicanos del Congreso que han hablado de la medida han acogido la preocupación de los fondos de inversiones Oppenheimer y Franklin para que la legislación sea prospectiva, lo que cancelaría su propósito, el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, sigue confiado en que la medida avanzará en la Cámara baja federal.
Esa legislación sería un escudo para el gobierno de Puerto Rico proteger las disminuidas finanzas de sus corporaciones públicas y, en caso de insolvencia, limitar los pagos de sus obligaciones.
Lo contradictorio es que sus posibilidades de aprobación pudieron haber sido mayores si un juez federal en San Juan no hubiese invalidado la ley de quiebras criolla, pues entre los bonistas existía consenso a favor del estatuto federal frente al local.
Ahora que firmas que reúnen bonistas de la AEE consideran que la puesta en marcha de la ley puertorriqueña tiene lejanas posibilidades de implantarse, ven menos razones para respaldar la inclusión de las corporaciones en el capítulo 9 de la ley federal, convencidos de que bajo las circunstancias actuales pueden controlar más un proceso de bancarrota a través de los contratos que regulan los bonos de esa corporación pública.
Mientras es incierta la aprobación del proyecto 870 de Pierluisi, al gobierno de Puerto Rico se le escapa, según diversas fuentes, la posibilidad de suavizar el golpe de una tasa de interés demasiado alta si pueden salir al mercado a refinanciar $2,900 millones en deuda, con algún tipo de garantía federal.
EMISIÓN DE BONOS. La garantía federal para una emisión de bonos que el gobierno considera fundamental para mantener la liquidez de ahora al cierre del año fiscal, el 30 de junio, supondría conseguir una tasa de interés mucho más baja y un ahorro tremendo en los costos, ha resaltado el senador Bhatia.
“No creemos que es posible que el gobierno de Estados Unidos pueda garantizar bonos exentos de impuestos, pero podría respaldar bonos gravables emitidos por el Estado Libre Asociado”, señaló, el director gerente del Grupo de Analistas de Bonos Municipales (MMA), Robert Donahue.
Para eso, sin embargo, puede tener que legislarse en el Capitolio y en el Congreso.
Sin haber intervenido en Detroit (Michigan) y otras localidades, y con otros gobiernos estatales con sus propios malabares fiscales, el mensaje del Tesoro federal y de la administración del presidente Obama en general ha sido en contra de “sentar precedentes” que otras jurisdicciones puedan reclamar.
“En la práctica, garantizar deuda de Puerto Rico, posiblemente sea percibida como el equivalente a un rescate, lo que le hace poco probable”, reconoció Donahue.
INSOLVENCIA. En el Tesoro, que envió un equipo a San Juan en diciembre de 2013 cuando temía que un impago de las obligaciones de Puerto Rico afectara el mercado estadounidense, – están convencidos, además, de que la insolvencia de algunas corporaciones públicas o del propio gobierno central no va a tener un efecto sistémico, según diversas fuentes.
Con la entrada de los fondos de cobertura o riesgo (‘hedge funds’ en el idioma de Shakespeare y ‘fondos buitre’ en la lengua de la calle), ha disminuido la presencia de los bonos municipales de Puerto Rico en los fondos mutuos municipales estadounidenses. De 70%, ahora se estima que representan el 45%.
El otro 30% puede estar en manos de los ‘hedge funds’ y el resto en Puerto Rico.
“Es una deuda de $73,000 millones. Decir que no va a tener efecto en la economía (de Estados Unidos) es una apuesta muy grande”, dijo, sin embargo, el analista financiero Dante Disparte, puertorriqueño que preside la empresa “Risk Cooperative”, que ofrece asesoría sobre estrategias financieras.
Ante la falta de acción federal contundente en el caso de Puerto Rico, Disparte -como lo ha advertido en medios estadounidenses- recordó, en una entrevista, como la bancarrota de la empresa Lehman Brothers terminó de hundir a Estados Unidos en una crisis financiera y su peor situación económica en siete décadas.
En aquel momento, el gobierno federal escogió los bancos que debía rescatar, en la práctica nacionalizando algunos, dando mayores garantías a depósitos, comprando activos tóxicos o garantizando, como reclama el gobierno de Puerto Rico, deuda.
Este fin de semana, en Washington se celebraba el que por 12 meses consecutivos se hayan creado 200,000 o más nuevos empleos en Estados Unidos, la racha más larga desde 1977.
A diferencia de la crisis financiera, “nuestros problemas no van a afectar a toda la economía americana”, sostuvo el comisionado Pierluisi, quien considera que las comparaciones reales sobre el caso de Puerto Rico deben hacerse con otras jurisdicciones estatales o locales estadounidenses.
Falta poder político. Para el analista Disparte la falta de una respuesta federal abarcadora es consecuencia de la falta de poderes políticos de Puerto Rico.
“Es el resultado de tener un comisionado residente que no tiene ni voz ni voto (en el hemiciclo)” ni participación en el colegio electoral estadounidense, dijo.
El propio Bhatia, como presidente del Senado, ha reconocido que el gobierno de Puerto Rico -que cuenta entre sus consultores con la empresa de Jim Millstein, quien tuvo a su cargo desde el Tesoro federal la reestructuración de la aseguradora AIG-, necesita presión política y coordinación en su equipo de trabajo en Washington para avivar alguna asistencia significativa.
El comisionado Pierluisi, por su parte, ha insistido, como otras fuentes, en que el Tesoro federal no tiene autoridad para comprar bonos municipales como los del gobierno de Puerto Rico, aunque sí puede hacerlo con bonos federales y extranjeros.
En el caso de Puerto Rico, dijo Pierluisi este fin de semana a Radio Isla, lo posible es que en un proceso “tras bastidores” el Tesoro federal exhorte a firmas de inversiones a evitar un colapso en la Isla y a que salgan a comprar bonos del gobierno puertorriqueño.
En la conversación sobre el interés de la administración García Padilla en que el gobierno federal garantice la próxima emisión de bonos, ha faltado, según el cabildero estadista y excopresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Isla, Jeffrey Farrow, cuáles serían los compromisos del gobierno de Puerto Rico si esa opción estuviese disponible.
“Bajo esa propuesta tendrían que haber condiciones del gobierno federal en la forma en que opera el gobierno de Puerto Rico”, dijo Farrow, al indicar que aunque coincide en que Washington tiene responsabilidad en el asunto se cuestiona si existe el apetito político en San Juan para asimilar una intervención administrativa directa del gobierno estadounidense sobre  la forma en que las autoridades puertorriqueñas manejan sus finanzas.

*Publicado originalmente el domingo 8 de marzo de 2015 en El Nuevo Día, páginas 42-43.