Si algo no le faltó al anterior proyecto pro estadidad del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, fueron esfuerzos de cabildeo y dinero para financiarlo.

Aunque la legislación 2000 de Pierluisi no consiguió una audiencia, cabilderos facturaron durante el pasado Congreso por lo menos $1.66 millones a los grupos Puerto Rico Equality Forum (PREF) y Puerto Rico Statehood Council. PREF invirtió $850,000 para sus gestiones en el Congreso, de acuerdo con el registro del Senado de Estados Unidos.

La mayoría del cabildeo estuvo en manos del bufete Akim, Gump, Strauss, Hauer & Field, que reportó haber recibido $810,000 del Puerto Rico Statehood Council, que lidera el exsecretario de Justicia, José Fuentes Agostini, enlace en Washington con los republicanos de Puerto Rico y las empresas Fonalledas.

Akim Gump también informó haber recibido $490,000 del PREF, del cual es incorporador, presidente y cabildero -todos los cargos a la misma vez-, el exsecretario de Estado Kenneth McClintock.

Para sus gestiones de cabildeo, Akim Gump subcontrata a Jeffrey Farrow, quien trabajó para el gobierno de Luis Fortuño y fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton.

Como cabildero, McClintock reportó haber recibido $360,000 por su trabajo a favor del proyecto 2000 a nombre del PREF.
McClintock incorporó el PREF en Florida con el objetivo de promover su organización como un grupo estadista con representación de la diáspora. No ha querido identificar a otros miembros de su grupo, pero paga la renta de una oficina en Orlando. PREF tiene como dirección oficial la suite 500 del edificio 618 de la calle sur de Orlando.

En realidad, constató El Nuevo Día en diciembre, es un espacio que renta la empresa de oficinas virtuales Regus.Una empleada de Regus dijo entonces que la única persona registrada para el despacho de PREF es el propio McClintock.
De acuerdo con McClintock, allí ha tenido reuniones del grupo. Al mismo tiempo, McClintock sostuvo que la inversión millonaria en los proyectos pro estadidad rinde frutos.
Ha señalado, por ejemplo, que el cabildeo de su grupo ayudó a sumar el pasado Congreso al proyecto 2020 del Senado -idéntico al 2000 de Pierluisi-, el respaldo del senador demócrata Brian Schatz (Hawai).
El proyecto 2020 tuvo un total de tres coauspiciadores, todos demócratas. En esa misma sesión un proyecto a favor de que el estado 51 sea Washington, D.C., logró el coauspicio de 21 senadores demócratas.

“El proceso de atraer coauspiciadores, más que una inversión de dinero, representa una inversión de tiempo y esfuerzo. Aparte de la métrica numérica de coauspiciadores que se reclutan, brinda una oportunidad de educar a miembros del Congreso y (funcionarios)”, indicó McClintock.

Pierluisi, presidente del PNP y comisionado residente, ha insistido en que el gobierno de Puerto Rico utiliza sus cabilderos para frenar sus proyectos. De hecho, el PNP mantiene en los tribunales de Puerto Rico una demanda por entender que el cabildeo del gobierno en contra de los resultados del plebiscito de 2012 -en el que el 54% de los electores rechazó el status territorial y una mayoría de los que escogieron una opción, en una segunda pregunta, favoreció la estadidad-, es inconstitucional.

En enero, se conoció que un cabildero de Smith, Dawson & Andrews (SDA) ha estado en contacto con funcionarios del Congreso en torno a las iniciativas de Pierluisi.

Hasta entonces, el gobierno de Alejandro García Padilla había mantenido que sus cabilderos en Washington -particularmente Prime Policy Group y SDA, que tienen contratos de $40,000 y $30,000 mensuales, respectivamente-, dejaron de tener tareas sobre status después de aprobarse la ley federal de enero de 2014 que incluyó un lenguaje para vincular al secretario de Justicia de Estados Unidos con el análisis constitucional de las alternativas de status de un próximo plebiscito legislado en Puerto Rico.

A mediados de enero, Garcia Padilla le escribió a los miembros del Congreso en contra de la medida que Pierluisi ya había anunciado que iba a impulsar y de su reclamo para que el presidente Barack Obama se exprese a favor de un referéndum estadidad sí o no.

“Es la política pública del Estado Libre Asociado (ELA) de Puerto Rico que cualquier proceso de libre determinación sea iniciado por el pueblo de Puerto Rico”, indicó el gobernador en su carta, en la que reafirmó que busca vincular un plebiscito legislado en la Isla con la ley federal de enero de 2014 que ofrece $2.5 millones para la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) a cambio de que el Secretario (a) de Justicia de Estados Unidos revise la constitucionalidad de las alternativas de status de la próxima consulta.

La nueva legislación 727 del comisionado Pierluisi – que busca la autorización del Congreso para un referéndum en el que los puertorriqueños puedan reclamar la admisión como estado de EEUU -, abre la puerta a más esfuerzos de cabildeo, aunque sea evidente que el próximo proceso de status se legislará en San Juan.