Sonia Sotomayor surge como la nueva conciencia del Tribunal Supremo estadounidense.

En el mayor testimonio del papel que puede desempeñar en un foro judicial conservador, la jueza Sotomayor ha acentuado esta semana la importancia de reconocer las desigualdades de la sociedad estadounidense y ayudar a la promoción social de las minorías.

Para ello, advirtió, los derechos constitucionales y civiles no deben estar sujetos a las decisiones de las mayorías. “Nuestra Constitución impone límites a lo que la mayoría puede hacer”, afirmó Sotomayor en la opinión disidente del caso “Schuette v. Coalition to Defend Affirmative Action”, publicada el martes.

Debido a las posiciones previas del máximo foro judicial estadounidense, el caso en cuestión era considerado en estos momentos un esfuerzo perdido en la lucha por revivir la opción de que las universidades públicas de ese estado vuelvan a tener libertad para utilizar el origen racial o étnico de los solicitantes en el proceso de admisión.

En 2006, por medio de una enmienda constitucional, los electores de Michigan aprobaron una propuesta que prohíbe a las universidades públicas de ese estado utilizar en sus procesos de admisión de estudiantes el criterio de la disparidad social a que se enfrentan minorías raciales o étnicas, un factor  que ayudó a muchos estudiantes a tener acceso a universidades que bajo un análisis frío quizá no les hubiesen considerado.

La boricua Sotomayor, nacida en Nueva York de padres naturales de la isla, conoce de primera mano la importancia de esos programas, comúnmente conocidos como “acción afirmativa”. 

Como estudiante, en secundaria y prestigiosas universidades como Princeton y Yale, se benefició del interés de líderes educativos en abrir más sus instituciones a estudiantes de excelencia procedentes de comunidades socialmente desventajadas.

Pocos pensaban que había posibilidades de revertir el mandato electoral de 2006 en Michigan, después de que el propio Tribunal Supremo estadounidense decidiera hace unos años limitar el criterio racial que pueden utilizar las instituciones universitarias al momento de reclutar estudiantes.

Pero, el caso ha permitido que resuene la voz de Sotomayor en defensa de las minorías. Dejar simplemente en manos del proceso político la inclusión del factor racial en el proceso de admisión a una universidad pública no va a hacer desaparecer la desigualdad social, advirtió.

A ella se unió la jueza de mayor antigüedad en el tribunal, Ruth Bader Ginsburg. La otra jueza, Elena Kagan, se inhibió por haber estado vinculada antes como procuradora general del gobierno del presidente Barack Obama.

“Por buena parte de nuestra historia, nuestra nación le ha negado a muchos de sus ciudadanos el derecho a participar de forma significativa e igualitaria en sus asuntos políticos. Esta es una historia que nos esforzamos en dejar atrás. Pero, es una historia que todavía explica la sociedad en que vivimos y un asunto que debemos atender con franqueza”, indicó Sotomayor, la primera persona hispana en el Tribunal Supremo de Estados Unidos y crriada en un apartamento de vivienda pública en el condado neoyorquino de El Bronx.

En la sesión en que el tribunal anuncio la decisión, Sotomayor leyó parte de sus puntos de vista desde el mismo estrado, una acción que los expertos dicen ella misma ha criticado antes. Pero, aprovechó para cuestionar la posición del juez presidente del Tribunal, John Roberts, de que es preferible que la corte mantenga las manos afuera de ese debate.

“No debemos sentarnos y desear que desaparezca la desigualdad racial en nuestra sociedad, en lugar de confrontarla… la manera de detener la discriminación por raza es hablar abierta y cándidamente sobre el asunto y aplicar la Constitución con los ojos abiertos a los hechos desafortunados de siglos de discriminación racial”, subrayó Sotomayor, graduada de la escuela de Derecho de la Universidad de Yale. 

La propia historia, dijo, demuestra como determinaciones judiciales cruciales a favor del voto, la educación y la vivienda pública para las minorías fueron o han sido diluidas y retrasadas por las mayorías a través de los procesos políticos como el que invalidó los programas de acción afirmativa en Michigan.

Los mismos datos de la Universidad de Michigan indican que las minorías se han afectado adversamente por la decisión de 2006. Los estudiantes procedentes de grupos minoritarios eran el 12.15% del estudiantado. En 2012, ese porcentaje había disminuido a 9.54%.

La diversidad, sostuvo la jueza, nos asegura que la próxima generación pueda dejar atrás de los estereotipos. Y las universidades, sostuvo, deben estar libres para ejercer las medidas necesarias que cumplan con sus metas de diversidad.

“Con frecuencia pensamos en la igual protección de las leyes (un mandato constitucional) como una garantía de que el gobierno va a aplicar la ley de igual forma, de que no va a discriminar intencionalmente contra grupos minoritarios. Pero, la igual protección de la leyes significa mucho más que eso: también asegura el derecho de todos los ciudadanos a participar de forma significativa e igualitaria en el proceso a través del cual las leyes son creadas”, afirmó Sotomayor.

La jueza boricua lleva solo cuatro años y ocho meses en el Tribunal Supremo de Estados Unidos. 

Por casi un cuarto de siglo, el primer juez negro, Thurgood Marshall, defendió desde ese mismo foro judicial, con la misma pasión, los derechos de los que normalmente no son escuchados en el proceso político.

Decía el otro día el constitucionalista Carlos Ramos que puede ser temprano para  comparaciones concluyentes con el legendario juez Marshall, pero con su propio acento, Sotomayor le sigue los pasos.