Los problemas fiscales de Puerto Rico entraron en su etapa más crítica. La posibilidad de una insolvencia fiscal ha tocado a la puerta.

De Washington no hay salvavidas. 

No habrá milagros, en momentos en que en el Congreso están más pendientes a eliminar gastos que a añadirlos y un rescate financiero alentaría a estados y municipios en crisis a reclamar también ser rescatados.

Manejar la crisis a través de alguna autorización del Congreso para declarar al gobierno de Puerto Rico en bancarrota – como algunos portavoces sindicales piensan que impulsan sectores de Wall Street -, tampoco es previsible.

Alguien que sigue muy de cerca en Washington los asuntos de la Isla decía: “¿quién en Puerto Rico va a querer convertir a un juez federal de la Corte de Quiebras en el gran administrador de los bienes de la Isla?”.  

Ni los populares van a promover otro reflejo de la situación colonial ni los estadistas, aferrados a su argumento de que la  estadidad ganó el plebiscito de hace 15 meses, van a apoyar que ahora Puerto Rico sea tratado como un municipio. 

De todos modos, un grupo del Tesoro federal estuvo en la Isla a principios de diciembre con la tarea de examinar la situación fiscal. La Casa Blanca lo describió como parte de un gran plan que mantendría un equipo técnico sobre el terreno en San Juan durante buena parte del semestre.

Hasta la semana pasada, sin embargo, ningún otro enviado especial federal del subcomité del Grupo Interagencial de Trabajo de la Casa Blanca había ido a San Juan. Cuándo se pregunta sobre el tema, acá dicen que por teléfono y la red de internet le dan seguimiento constante al tema.

En algunos sectores, no obstante, ha quedado la percepción de que la misión que fue a San Juan tuvo el propósito, además de tratar de enviarle un mensaje positivo a Wall Street, de medir el efecto que tendría la degradación del crédito de la isla en la economía estadounidense, ante la alta presencia de bonos de Puerto Rico en los fondos mutuos con bonos municipales. 

Todo tiende a indicar que no vieron un tsunami en dirección a  Estados Unidos.

La moraleja para la Isla, mientras, es que se necesitan grandes ajustes para manejar una economía más pequeña.  

¿Cuál es la receta perfecta para incentivar la economía, recortar el presupuesto, recaudar más dinero,  frenar el endeudamiento público y evitar empobrecer a los ciudadanos?  Los gobernantes recientes no han tenido la respuesta.

Si los quieren oír, un grupo de expertos – economistas, empresarios, trabajadores, demógrafos y estudiosos de la administración pública, entre otros, – reunidos en una comisión no partidista puede encontrarla. 

Ahora que queda claro que las grandes decisiones fiscales se tienen que tomar en San Juan, ¿podrá la actual crisis generar consensos?  

Hay pasos que deben darse.  Por un lado, la creación de la comisión de expertos. Por el otro, encaminar un nuevo proceso de status.

Sigue planteada la posibilidad de convocar a una Asamblea de Status que encamine la negociación con el Gobierno federal para conocer las consecuencias de que el país camine hacia la libre asociación, la independencia o la estadidad, antes de considerar la oferta del gobierno del presidente Barack Obama para que su Secretario de Justicia revise la constitucionalidad y legalidad de las alternativas de un próximo plebiscito.

Por ejemplo, en momentos de crisis fiscal, ¿cómo y cuan larga sería la transición hacia la estadidad o la soberanía política?  A la Oficina de Contraloría General (GAO) le ha tomado más de dos años estudiar el impacto que tendría en el Tesoro federal otorgarle la estadidad a Puerto Rico. 

Más allá del status es también evidente que se requiere una revisión a fondo de la estructura gubernamental. Quizá hasta pensar en una nueva Convención Constituyente, que a su vez de seguimiento a los trabajos de la Asamblea de Status. 

Pero, si las decisiones difíciles se dejan para muy tarde en el cuatrienio, cuando se intensificará la pugna por las candidaturas y la prioridad solo sea revalidar electoralmente, la posibilidad de lograr consensos quedará apagada. 

Ahora hay cierta apertura hacia la búsqueda de soluciones comunes. Recuerde, no obstante, que los ‘adultos’ de los dos partidos con más respaldo en las urnas han preferido el juego electoral.