Raúl Grijalva quiere que se cuenten los votos.

El demócrata Grijalva, presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes asegura que se propone convocar a una sesión de votación este año para decidir la suerte de los proyectos sobre el status político de Puerto Rico.

Adelante.

En la sesión de 2017 a 2018, al entonces presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah)–ahora ex congresista-, le tomó hasta el cierre de los trabajos decir con claridad lo que todo el mundo sabía que ocurriría: que la legislación pro estadidad de entonces sería engavetada.

No debe prolongarse la discusión sobre esas medidas si no van a avanzar en comisión.

Aunque es muy improbable que alguna medida se convierta en ley – en el Senado, por ejemplo, está bloqueado el espacio para aprobar una medida pro estadidad-, poner en récord a todos los miembros del comité, con una votación a favor o en contra, ayudará al debate.

La votación en comisión sobre los dos proyectos de ley- que han sido respaldados con condiciones por el Departamento de Justicia de Estados Unidos-, serían un termómetro para conocer el respaldo a la estadidad y a un proceso con alternativas no territoriales en el foro del Congreso que se supone sea el más fértil para esos debates.

Además, esa sesión de votación puede ayudar a confirmar si, como creen muchos, el Congreso no está dispuesto a menear el debate del status mientras esté en marcha el proceso de reestructuración de la deuda y el control financiero de Puerto Rico que ha impuesto la ley Promesa.

Hasta hoy, solo una tercera parte de los miembros del comité han expresado posición a favor de alguno de los proyectos.

Once de los 48 miembros del comité están en récord respaldando el proyecto pro estadidad 1522 del demócrata Darren Soto (Florida) y la republicana Jenniffer González, comisionada residente en Washington. De esos, ocho son demócratas y tres republicanos.

Tres de esos coauspiciadores- la comisionada González, el delegado de Guam, el demócrata Michael San Nicolas, y la delegada de Samoa americana, Amata Coleman Radewagen-, no tienen voto decisivo en el pleno de la Cámara baja federal.

En total la medida cuenta con el visto bueno de 55 demócratas y 17 republicanos.

En el caso del proyecto 2070 de las demócratas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por Nueva York, nueve demócratas de la comisión la respaldan. Eso incluye al delegado de Guam, que no tendría voto decisivo en el pleno cameral.

La legislación 2070 tiene en total el respaldo de 77 demócratas. Ningún republicano de la Cámara baja la favorece.

Cuatro demócratas de la comisión han coauspiciado ambas medidas: Katie Porter (California); Michael San Nicolas (Guam); Jarred Huffman (California); y Teresa Leger Fernández (Nuevo México). En un foro en Puerto Rico en marzo de 2020, el exdelegado de Guam Robert Underwood reconocía como en ocasiones un proyecto de ley genera coauspiciadores más por la amistad y la relación de trabajo de los congresistas que por su compromiso con una medida.

Hace unos días, el congresista Soto reiteró a El Nuevo Día que – aunque considera que su proyecto 1522 tiene los votos para ser ratificado en el Comité de Recursos Naturales-, está abierto a una legislación de consenso que tenga mejores oportunidades de convertirse en ley.

Si hubiese apertura a una legislación de consenso, Soto sugiere un plebiscito federal vinculante con tres alternativas: el status territorial; la estadidad; y la independencia.

La comisionada González, sin embargo, se opone. Para ella, su proyecto pro estadidad, como también cree Soto, tiene los votos para ser aprobado en comité. Cualquier plebiscito de alternativas, dijo, debería ser entre la estadidad y la independencia.

Tanto Grijalva como Velázquez han querido excluir la continuación del territorio como alternativa de un proceso sobre el status político de Puerto Rico. Como representante de Guam, el delegado San Nicolas ha hablado también muy claro a favor de acabar con el control del Congreso sobre sus territorios.

Los constitucionalistas puertorriqueños Christina Ponsa Kraus y Rafael Cox Alomar abogaron en un artículo de opinión en el periódico The Miami Herald en favor de un plebiscito entre la estadidad, la libre asociación y la independencia.

Ponsa Kraus defendió ante el Comité de Recursos Naturales el proyecto pro estadidad de Soto. Cox Alomar, por su parte, buscó dar impulso al 2070. Ahora piensan que se requiere un proyecto de consenso para avanzar alguna legislación.

Las próximas semanas o meses generarán nuevos intentos en busca de salvar alguna medida.

Si el congresista Grijalva logra encaminar un proyecto de status en su comisión, todavía tendrá que ver si el liderato demócrata quiere traer ese tema al pleno cameral, conociendo que el Senado probablemente engavetará cualquier medida y que el debate ha dividido a su delegación.

Pero, también está la realidad de Puerto Rico.

Un gobierno dividido, como el de éste cuatrienio, no ofrece incentivo al Congreso ni para legislar un referéndum estadidad ‘sí’ o ‘no’ ni para convocar a una Asamblea de Status. La Legislatura de Puerto Rico no daría paso a ordenar un referéndum estadidad sí o no y el gobernador Pedro Pierluisi no suscribiría un proyecto que convoque a  una Asambla de Status.

Y cualquier intento por utilizar ley 165 de 2020, que busca que el gobernador convoque por decreto a una consulta de status e imponga la definición de cada alternativa por encima de la Legislatura actual, puede enfrentarse a fuertes complicaciones constitucionales.

Todavía quedaría la opción – como he querido acentuar tantas veces-, de intentar con seriedad vincular al Departamento de Justicia de Estados Unidos con un plebiscito criollo en Puerto Rico.

Eso requiere echar mano del lenguaje de una ley federal de enero de 2014 que permite al Departamento de Justicia estadounidense ayudar a financiar con $2.5 millones un referéndum dirigido a resolver el status político de Puerto Rico, a cambio de que esa oficina federal apruebe las definiciones de las alternativas de status y la campaña educativa de esa potencial consulta.

Es un proceso que no obliga al Congreso. Pero, permite vincular al Ejecutivo federal y servir de referencia futura a los legisladores federales.

Cuando abrió la primera de las dos vistas públicas que ha convocado este año sobre el status, el congresista Grijalva acentuó que el gobierno de Puerto Rico todavía tiene disponible la legislación federal de 2014.

Para tener legitimidad ese proceso requerirá también algún grado de consenso en Puerto Rico y probablemente el gobernador Pierluisi no lo considerará con fuerza hasta que se confirme que aún no hay voluntad en el Congreso para comprometerse con una legislación que defina a corto plazo el futuro político de la Isla.

—

*Para mantenerte informado de este y otros temas, te invitamos a registrarte en nuestro newsletter semanal “Qué pasa en Washington”, que comenzará a publicarse próximamente. De esa forma, recibirás en tu correo electrónico cada semana información precisa de los asuntos de Puerto Rico en Washington y la diáspora puertorriqueña.