Hace un mes, un grupo de trabajo creado por el presidente del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau Santiago, rindió un informe sobre potenciales enmiendas al proyecto de status de las congresistas demócratas puertorriqueñas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez.

Cuando ordenó crear el grupo de trabajo, la Junta de Gobierno del PPD afirmó que ese comité, cuyos miembros fueron nombrados por Dalmau Santiago, presentarían el pasado 15 de abril lenguajes para enmendar -en favor de los intereses de su colectividad-, el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez, que impulsa vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas de status fuera de la cláusula para territorios que puedan ser llevadas a votación en orden de preferencia.

Un mes después, hay silencio total.

Dalmau Santiago, también presidente del Senado, dijo a El Nuevo Día el viernes 16 de abril que hablaría de las recomendaciones del informe el lunes 19.

Desde entonces, no responde.

La reticencia del presidente del PPD  a tener que lidiar con el debate de status dentro de su colectividad y en Washington parece haber sido adelantada el 13 de abril, cuando envió una carta al presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja estadounidense, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), en la que indicó que presentarán potenciales enmiendas al proyecto 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez “si estos proyectos de ley avanzan más allá de lo que parece ser una audiencia de cortesía” y llegan a una sesión de votación en comisión.

Con las divisiones en San Juan y Washington sobre el status, las posibilidades de que haya una sesión de votación en el Comité de Recursos Naturales en torno a alguno de los dos proyectos son lejanas. Quizá Dalmau Santiago apuesta a no tener que decir nada en este momento ante el Congreso.

Como institución, el PPD quedó fuera de la primera audiencia sobre los dos proyectos pendientes ante el Comité de Recursos Naturales, la legislación 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez y la 1522 del también demócrata boricua Darren Soto y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González, en favor de un referéndum federal estadidad sí o no que esté atado a un proceso de admisión de Puerto Rico como estado.

No los invitaron, ni pidieron oficialmente participar.

No proponer enmiendas al proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez evita, por el momento, enfrentarse al juicio de los miembros del comité legislativo federal sobre el nuevo intento de establecer que puede haber “un nuevo modelo de asociación política” dentro de la cláusula territorial de la Constitución estadounidense que no esté sujeto “a los poderes plenarios del Congreso”.

Si usted cree que es posible obligar al Congreso a no utilizar sus “poderes plenarios” sobre los territorios – que ciertamente no son absolutos-, solo tiene que releer la ley Promesa, que hundió a Puerto Rico en su situación colonial.

El grupo de trabajo, sin embargo, deberá presentar para el 1 de julio “un segundo informe sobre las recomendaciones de acciones futuras por parte del Partido Popular Democrático a nivel institucional y que incluyan la posibilidad de radicar legislación local sobre este tema”, de acuerdo a la resolución aprobada por la Junta de Gobierno del PPD.

Por la actitud de las últimas semanas, ¿será otro informe secreto?