El presidente del Comité de Recursos Naturales, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha convocado para el 14 de abril a una vista pública para examinar los dos proyectos sobre el status político de Puerto Rico que han sido presentados en la Cámara de Representantes de Estados Unidos.

Será la primera audiencia del Congreso dedicada específicamente al status político de Puerto Rico en seis años.

Por supuesto que en todo lo relacionado a Promesa han estado presentes las bases de la relación colonial entre Puerto Rio y Estados Unidos.

Pero, ni en el Senado ni en la Cámara de Representantes se ha llevado a cabo una vista pública dedicada al debate sobre el status político de la Isla desde junio de 2015.

Cuando se llevó a cabo esa audiencia de hace seis años en la subcomisión de Asuntos Insulares de la Cámara baja, el republicano Rob Bishop (Utah) – ya retirado del Congreso-, apenas comenzaba a presidir el Comité de Recursos Naturales. En el Senado no se le dedica una vista pública al debate sobre el status político de Puerto Rico desde el 1 de agosto de 2013.

Hubo interés del Comité de Recursos Naturales en celebrar una audiencia en septiembre pasado, pero las pugnas partidistas de la isla abrumaron a Grijalva y su grupo de trabajo y la sesión, que pretendía dar una mirada académica a la situación política de la isla, fue cancelada.

En la audiencia del próximo día 14 del Comité de Recursos Naturales se discutirán el proyecto del demócrata boricua Darren Soto (Florida)  y la comisionada Jenniffer González, republicana, en favor de un proceso de admisión de Puerto Rico como estado sujeto a un referéndum estadidad sí o no, y la legislación de las demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, ambas electas por Nueva York, para vincular al Congreso con una Convención de Status y un referéndum de alternativas de status no territoriales que se puedan llevar a votación “en orden de preferencia”.

La lista de testigos se conocerá en unos días, pero aunque dudo que la Casa Blanca quiera enfrentarse al tema, debería estar encabezada por un representante del gobierno de Joe Biden.

De todos modos, en estos momentos de división e incertidumbre sobre como echar hacia delante el debate sobre el status político de Puerto Rico, la ausencia del gobierno de Biden – quien prometió impulsar un proceso vinculante en consulta con todas las partes-, será notable.

Políticos entusiasmados con las consultas criollas de la última década han querido dar a entender que un cambio de status está a la vuelta de la esquina.

En agosto de 2017, muy animado, el entonces gobernador Ricardo Rosselló dijo que la estadidad llegaría en cinco años.  Dos años después, el congresista Soto propuso un proyecto de ley para convertir a Puerto Rico en un estado con un proceso de transición de solo tres meses.

No hay que ser Nostradamus para saber que Puerto Rico no será un estado de Estados Unidos en agosto de 2022 y que un proceso de transición no se dará ni en tres ni en 12 ni en 16 meses.

Primero que todo, la ley Promesa está vigente y bajo ella, si la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico termina antes del verano de 2022 y los asuntos fiscales marchan después a la perfección, el gobierno electo de la Isla estará sometido a una junta fiscal por lo menos hasta junio de 2026.

Además, como ha demostrado el tiempo, no ha habido en el Congreso ni siquiera apoyo suficiente para suavizar ese estatuto.

¿Cómo pensar entonces que habrá respaldo para derogar la ley y aprobar una medida dirigida a poner en marcha un cambio en el status territorial?

De todos modos, no se decepcione. Es importante menear el barco.  La audiencia del dia 14 será la primera prueba de fuego.

La audiencia tiene el potencial de permitir escuchar que piensan miembros del Congreso más allá de los ocho miembros del Comité de Recursos Naturales que están comprometidos con el proyecto 1522 de Soto y González y los siete que respaldan el 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez.

Teniendo en cuenta que el delegado de Guam, Michael San Nicolas, apoya ambas medidas, hay 34 miembros del comité que no se han expresado sobre la legislación.

Grijalva solo ha indicado que en esta discusión será neutral.

El proyecto de Soto y González tiene un total de 59 coauspiciadores en la Cámara baja, incluyéndolos a ellos. Catorce son republicanos, incluida la comisionada. La más reciente coauspiciadora de la medida es la demócrata Mikie Sherrill (Nueva Jersey), quien se unió a la legislación el pasado día 1. La versión del Senado tiene el apoyo de cuatro senadores demócratas.

La legislación 2070 de Velázquez y Ocasio Cortez tiene más respaldo. Un total de 74 demócratas de la Cámara baja, incluidas las dos demócratas boricuas, coauspician la legislación. En el Senado, la medida tiene el respaldo de ocho senadores, siete demócratas, incluido su principal proponente Robert Menéndez (Nueva Jersey), y el republicano Roger Wicker (Misisipi).

El Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja es un microcosmos de la dividida y polarizada Cámara de Representantes.

Dieciseis de los 20 republicanos con derechos plenos – es decir, sin contar a la comisionada González y a la delegada de Samoa, Amata Coleman Radewagen-, votaron a favor de anular resultados de las elecciones del 6 de noviembre, como buscaba Donald Trump, incluso horas después del acto de insurrección contra el Congreso del 6 de enero.

Cuatro republicanos del comité son coauspiciadores del proyecto que propone declarar el inglés como el idioma oficial, incluido su principal autor, Louie Gohmert (Texas).

El Comité de Recursos Naturales tiene varios liberals demócratas. Dos de ellos, Jesús “Chuy” García (Illinois) y Rashida Tlaib (Michigan) suscribieron el proyecto de Velázquez y Ocasio Cortez.

Con el caucus demócrata dividido en torno a este tema y el poco interés de los republicanos en el asunto, es improbable que las medidas vayan a votación en el comité.

Los presidentes de comités normalmente no llevan a votación proyectos que saben que van a ser derrotados. Una pena, pues sería una oportunidad dorada para acentuar que el camino hacia un proceso de status requiere de transacciones políticas en Washington y San Juan.

Sino, otra vez, quedará como alternativa el lenguaje de la ley federal de 2014 que el pasado gobierno del PNP  – en dos ocasiones- terminó echando a un lado y que permitiría vincular al Departamento de Justicia de Estados Unidos con las definiciones de las alternativas de status y la campaña educativa de un próximo referéndum que convoque el gobierno de la Isla.

Siete años después, ese es el proceso federal que el gobierno de la isla tiene al alcance de su mano.