Es un puesto electivo diseñado para políticos conocidos que defienden la estadidad.

Para algunos legisladores del Partido Nuevo Progresista (PNP) puede ser una ley hecha a su medida.

El atractivo incluirá muy buena paga: un salario de por lo menos $150,000 para promover su status político en Washington, donde los que tienen el control del país nunca han querido ofrecer a Puerto Rico alternativas de status que permitan dejar atrás la actual relación colonial.

La ley 167 del 30 de diciembre de 2020 quiere proveer esa oportunidad a los políticos que defienden la estadidad para Puerto Rico, tras el plebiscito criollo del 3 de noviembre, en el que esa alternativa de status obtuvo el respaldo del 52.5% de los votantes.

La ley fue aprobada a toda prisa en diciembre para evitar que el gobernador Pedro Pierluisi, presidente del PNP, tuviera que lidiar con ese asunto frente a una Legislatura que este cuatrienio no está bajo el control de su partido. Eso se lo deben agradecer a la exgobernadora Wanda Vázquez Garced, quien la firmó justo antes de salir de La Fortaleza.

Por medio del estatuto se quiere elegir el 16 de mayo seis cabilderos para que se dediquen exclusivamente a promover la estadidad para Puerto Rico.

Tienen que dominar el inglés y el español – no hay un examen para ello-, jurar fidelidad a la idea de que Puerto Rico sea un estado de Estados Unidos, dedicarse solo a esa tarea y residir en la Isla o Washington D.C..

Por hacerse referencia a la ley electoral, necesitan tener su domicilio en Puerto Rico.

La medida excluye de la elección al 47.5% de los residentes de Puerto Rico que votaron en contra de la estadidad, en un plebiscito que el Departamento de Justicia de Estados Unidos determinó que incumplió con su política pública federal por no ofrecer todas las alternativas de status.

A ese 47.5% no se les provee en la papeleta electoral de mayo – que puede costar cerca de $6.6 millones-, una alternativa por la que puedan votar.

Entre los estadistas, la ley excluye como candidatos a los que no dominan el inglés. El Censo federal estima que en dos tercios de los hogares de Puerto Rico no hay dominio del idioma inglés, lo que, de hecho, no se le exige por ley puertorriqueña a ningún legislador en la Isla. Tampoco al gobernador.

Al único funcionario electo de Puerto Rico que se le exige dominar el inglés – no el español-, es a la persona que es comisionado residente en Washington. Y el requisito que impone la ley federal a los candidatos a la comisaría residente no parece existir para ningún miembro del Congreso con plenos derechos.

Los cabilderos estadistas estarían asignados a la oficina de Washington de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa), una oficina del Ejecutivo.

El gobernador Pierluisi ha reconocido que el salario de los funcionarios – que no está definido en la ley-, puede fluctuar entre los $150,000 anuales que gana la persona que lidera Prfaa y los $174,000 anuales que tiene como salario básico la comisionada residente en Washington.

Ha advertido además que si esos funcionarios quieren cumplir bien con sus funciones deberán mudarse a Washington D.C..

En la capital federal, los legisladores federales en la ‘sombra’ electos para promover la estadidad para Washington D.C., donde esa propuesta tiene el respaldo del 86% de los votantes, solo reciben $29,000 anuales para gastos de oficina.

Los cabilderos sustituirían a la Comisión de Igualdad, a la cual otra ley firmada por Vázquez Garced– la 165 del 30 de diciembre de 2020-, asignó $1.25 millones a partir del próximo presupuesto y  autoriza a obtener donativos privados.

Bajo el título de la ley se pensaría que el gobierno de Puerto Rico ha querido elegir una delegación congresional, pero contrario a la idea del plan Tenesí los funcionarios electos no van a Washington D.C. a reclamar escaños legislativos. Solo a promover la estadidad.

Tampoco se elige a ninguno de ellos por distrito, como se haría en una elección a la Cámara baja federal.

Se supone que esos funcionarios sean electos el 16 de mayo, en un referéndum que se llevará a cabo en medio de la pandemia del coronavirus.

Sus nuevos puestos serían efectivos el 1 de julio próximo, cuando comienza el año fiscal puertorriqueño. Pero, los cabilderos deben conocer que un mes después pueden tomarse las cosas con calma, pues en agosto el Congreso suele estar en receso legislativo. ¿Qué harán ese mes?

Es evidente que los partidos de oposición al PNP van a impugnar la constitucionalidad de la ley, que tampoco define como se velará por las normas éticas y de personal sobre esos funcionarios.

No le extrañe que si la medida sobrevive el reto constitucional para cuando esos posibles funcionarios electos asuman el puesto ya el propio liderato del PNP se haya convencido de que el plebiscito del 3 de noviembre  – como ha indicado después del referéndum el líder de la mayoría demócrata del Senado, Charles Schumer, y mucho antes el jefe de la minoría republicana, Mitch McConnell-, no permitirá lograr que este Congreso ofrezca a Puerto Rico la admisión como estado.