Las expresiones del líder demócrata del Senado, Charles Schumer, en el sentido de que el resultado del referéndum del 3 de noviembre no reflejó un consenso sobre el futuro político de Puerto Rico, confirman el complicadísimo camino que tiene la idea de empujar ahora la admisión de la Isla como estado de Estados Unidos.

Schumer, electo por Nueva York,  indicó a El Nuevo Día que se requiere un fuerte consenso para mover el debate en Washington, pero afirmó que entiende las críticas al status vigente y los reclamos de que debe haber un proceso justo sobre el futuro político de la Isla.

Antes del referéndum, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky), había advertido que mientras controle la agenda de la cámara alta, jamás dará paso a un proyecto de ley que busque admitir a Puerto Rico o Washington D.C. como estado.

McConnell o Schumer quedarán a cargo en enero de la agenda del Senado, cuyo control se decidirá en dos segundas vueltas el 5 de enero en Georgia.

¿Se acabó el evento de cara al próximo cuatrienio? No necesariamente.

Aún puede explorarse la posibilidad de forjar un consenso en la Isla sobre un proceso de status, pese a que no hay indicios de que haya voluntad para acabar con la ley Promesa, que solo puede existir bajo la actual relación territorial y creó una Junta de Supervisión Fiscal que estaría en funciones por lo menos hasta 2025.

Tras el plebiscito, el presidente electo Joe Biden – aunque a nivel personal ha dicho que la estadidad es la mejor forma de alcanzar igualdad dentro del gobierno federal (eso nadie la duda)-, reafirmó su compromiso con promover un proceso de status vinculante para el gobierno federal, en consulta con todas las partes.

El gobierno saliente del Partido Nuevo Progresista (PNP) – en enero les quedará el Ejecutivo-, ha querido empujar ahora, en la sesión extraordinaria postelectoral de la Legislatura de Puerto Rico, iniciativas que le permitan encaminar la agenda estadista durante el próximo cuatrienio.

Para ello la Legislatura ha aprobado medidas de dudosa constitucionalidad que facultarían a Pedro Pierluisi, cuando asuma la gobernación en enero, a convocar a otro plebiscito de status sin consultar a la próxima Legislatura y a un referéndum para elegir, como si fuera una primaria del PNP, seis cabilderos de la estadidad.

Esas medidas están a la espera de la firma de la gobernadora Wanda Vázquez, a dos semanas de que deje el puesto.

De todos modos, el gobernador electo Pierluisi y la comisionada Jenniffer González, tienen previsto promover a principios de 2021 que el Congreso apruebe, como parte de un proceso de transición “inmediata” – según la comisionada-, un proyecto de ley dirigido a admitir a Puerto Rico como estado.

El presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha indicado que si hay posibilidades de éxito no impedirá un proyecto pro estadidad.

Pero, aún si hubiese interés del liderato cameral para echar hacia delante una propuesta de estadidad, el mensaje del liderato del Senado es atronador.

Hay otras alternativas.

En la Legislatura de Puerto Rico, el probable próximo presidente de la Cámara de Representantes, Rafael “Tatito” Hernández Montañez – del Partido Popular Democrático (PPD)-, ha indicado que buscará aprobar temprano en el año una medida a favor de una Asamblea de Status.

La intención, según Hernández Montañez, es asociar esos esfuerzos con el proyecto de ley que volverían a presentar en 2021 las congresistas demócratas boricuas Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez, electas por distritos de Nueva York, para vincular al Congreso con la convocatoria en la Isla a una Convención de Status.

Por ser una propuesta que ha descartado antes, es probable que cuando el PPD y otros partidos, como el Independentista Puertorriqueño (PIP) y el Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), impulsen la idea de convocar a una Asamblea de Status, el gobernador Pierluisi se oponga y amenace con vetar cualquier medida que sea aprobada por la Legislatura para ese propósito.

La otra opción es que Pierluisi decida echar mano a la ley federal de 2014, solicitada por el propio gobernador electo cuando era comisionado residente en Washington, para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos defina las alternativas de status de una próxima consulta y la campaña educativa oficial sobre ese proceso.

Cuando el PNP decidió convocar unilateralmente a los plebiscitos de este cuatrienio en la Isla, se negó a esperar por una respuesta final del Departamento de Justicia federal  sobre la consulta de 2017 y descartó enmendar la ley del referéndum más reciente, después de haber sido tachado por el gobierno de Donald Trump.

Hay alternativas para mover el debate. Pero, evidentemente requieren consenso.