Por vez primera en una generación, la Cámara de Representantes de Estados Unidos llevará a votación el viernes un proyecto que promueve convertir gran parte de lo que hoy es la capital estadounidense en el estado 51.

En 1993, la Cámara baja rechazó esa propuesta, con 277 votos en contra y 153 a favor. Entonces, el 40% de los demócratas de la Cámara baja se opuso a la estadidad para Washington D.C.. Solo un republicano votó a favor, Wayne Gilchrest, de Maryland.

Tom DeLay (Texas), quien entonces ya era parte del liderato republicano cameral, describió a Washington D.C. “como un bastión liberal de corrupción y crimen”. Incluso, el demócrata John Dingell (Wisconsin), ya fallecido y quien fue decano de los miembros de la Cámara baja, argumentó en contra de la estadidad indicando que sus residentes, que reclamaban falta de representación, podían mudarse cuando quisieran a un estado. ¿Suena familiar?

En el bando demócrata, el apoyo a la estadidad para Washington D.C. ha crecido tremendamente. Eso es un hecho.

Un total de 225 demócratas – de 233 miembros de ese caucus de la mayoría cameral-, han coauspiciado el proyecto de la delegada de Washington D.C., Eleanor Holmes Norton, quien también fue la autora del proyecto de 1993.

La nueva legislación busca eludir un problema constitucional, al preservar como capital dos millas cuadradas que abarcarían la Casa Blanca, el Capitolio, la Corte Suprema, los principales monumentos y los edificios federales adyacentes al National Mall.

El nuevo estado se llamaría “Washington Douglas Commonwealth”.

En el Senado, 40 de los 47 miembros del caucus de la minoría demócrata están comprometidos con la legislación.

Con toda probabilidad, la medida, por vez primera en la historia, será aprobada en la Cámara baja.

Desde 2019, el liderato demócrata había anunciado su intención de llevar el proyecto a votación en la Cámara baja.  Pero, la votación se dará en medio de las mayores protestas en más de 50 años contra el racismo y la brutalidad policial, y los esfuerzos del liderato de Washington D.C. – donde casi la mitad de la población es negra-, para evitar que el gobierno de Trump vuelva a federalizar la respuesta a las manifestaciones en la capital estadounidense.

El proyecto no avanzará en el Senado, donde el líder de la mayoría republicana, Mitch McConnell (Kentucky), ha advertido que mientras esté en control de la cámara alta federal nunca se llevará a votación un proyecto a favor de la estadidad para Washington D.C. o Puerto Rico, idea que quiere asociar con la “agenda socialista demócrata”.

El viernes, sin embargo, quedará marcado el convencimiento de los demócratas de que el próximo estado de EE.UU. debe ser Washington D.C..

Ni en el Senado ni en la Cámara baja un solo republicano ha respaldado la legislación.

En diciembre pasado, Holmes Norton solicitó a los 18 coauspiciadores republicanos del proyecto 4901 a favor de la estadidad para Puerto Rico – presentado por el congresista demócrata José Serrano y la comisionada residente en Washington, Jenniffer González-, que se sumen también a la medida que busca convertir casi toda la zona de lo que hoy es la capital estadounidense en el estado 51 de Estados Unidos.

Ninguno de los republicanos ha respondido afirmativamente. Ni siquiera la comisionada González.

González, por el contrario, está enojada con los demócratas. Piensa que es un acto de hipocresía adelantar la agenda de Washington D.C. y no la de Puerto Rico.

La realidad es que los demócratas no tienen duda de que el 83% de los residentes de Washington D.C. votó por la estadidad en 2016.

Jeffrey Farrow, asesor de grupos estadistas y quien fue copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton sobre la Isla, considera que desde el punto de vista del gobierno de Estados Unidos Puerto Rico nunca ha expresado “un mandato claro” sobre su futuro político.

El propio gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) habría llegado a la misma conclusión, pues después de proclamar victoria en dos pasados plebiscitos ha convocado a un referéndum estadidad sí o no para noviembre próximo.

En Puerto Rico, el liderato principal del gobierno del PNP está afiliado a los republicanos y amarrado – con excepción quizá de Thomas Rivera Schatz-, a la candidatura a la reelección de Donald Trump.  No obstante, la idea de convertir a Puerto Rico en un estado de EE.UU. nunca ha tenido respaldo suficiente en el Congreso, menos aún entre los legisladores del Grand Old Party (GOP).

Estados Unidos siempre ha favorecido el status territorial o colonial.

Solo una minoría de congresistas republicanos ha respaldado los proyectos a favor de la estadidad para Puerto Rico desde el plebiscito de 2012.

El propio presidente Trump ha rechazado tajantemente la idea de convertir a Puerto Rico o Washington D.C. en un estado.

De los 110 coauspiciadores del proyecto pro estadidad presentado en 2015 por el entonces comisionado Pedro Pierluisi solo 14 fueron republicanos. De los 21 coauspiciadores del proyecto de 2019 del congresista demócrata boricua Darren Soto, solo cinco son republicanos. Y de los 59 congresistas que apoyan la legislación de Serrano, 18 – incluida la comisionada González-, son republicanos. Dos de esos 18, Rob Bishop (Utah) y Peter King (Nueva York) se retiran del Congreso en diciembre.

En el Senado, solo se ha presentado un proyecto pro estadidad para Puerto Rico tras el plebiscito de 2012. La medida, del senador Martin Henrich (Nuevo México) y que fue radicada en 2014, solo tuvo dos coauspiciadores demócratas.

Con Trump o sin Trump, con McConnell en la mayoría o en la minoría – (ya ha dicho que de ser reelecto en noviembre quiere continuar como líder de los republicanos del Senado, aunque esté en minoría)-, la historia reciente indica a los estadistas del PNP que la amplia mayoría de los aliados que han encontrado en el Congreso son demócratas.

Eso también es un hecho.