Ha sido evidente que a la gobernadora Wanda Vázquez Garced no le atrae la idea de un referéndum estadidad sí o no, sin el aval del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

“Creo que el pueblo de Puerto Rico está cansado de plebiscitos, plebiscitos y plebiscitos, y que nosotros no que tengamos el aval (del gobierno federal). Lo ideal es que tengamos el aval del Departamento de Justicia y del gobierno federal para que de una vez sea decisorio con determinación a la decisión que tomen los puertorriqueños. ¿Ya hemos hecho cuántos (plebiscitos)…sin el aval (federal)?”, cuestionó la gobernadora, en una entrevista el pasado martes con El Nuevo Día.

La respuesta a la pregunta de la gobernadora es que ya van cinco referendos criollos y en el camino el único resultado claro hasta el momento es el voto en contra del territorio de 2012, y que – por la vía de Promesa, principalmente-, Puerto Rico está más hundido en el hueco colonial del sistema estadounidense.

En la entrevista, Vázquez Garced hizo la advertencia, sin embargo, en que “si al final del camino” el Departamento de Justicia de EE.UU. no valida la consulta que proponga el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), pues “lo veremos en ese momento”.

Las expresiones de la gobernadora – aunque hayan revoloteado el avíspero- coinciden con la intención del proyecto de ley presentado por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, que propone un referéndum estadidad “Sí o No”, que se vincule con la ley federal de 2014 que permite al Departamento de Justicia de Estados Unidos otorgar $2.5 millones a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para ayudar a financiar un referéndum de status, siempre y cuando la papeleta electoral y la campaña educativa cumpla con la Constitución, las leyes y la política pública del gobierno federal.

El proyecto, sin embargo, también sostiene que la consulta seguiría hacia delante aún cuando no se consiga el visto bueno de Justicia federal. Rivera Schatz ha dicho además que así lo aprobó el directorio del PNP, en su reunión de diciembre.

Debido a que el ex comisionado residente en Washington Pedro Pierluisi y la comisionada residenteen Washington,  Jenniffer González, también han dicho que el referéndum – que el gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP) quiere convocar junto a las elecciones generales de noviembre-, debe celebrarse con o sin el apoyo del Departamento de Justicia federal, las expresiones de la gobernadora causaron controversia.

Vázquez Garced emitió el jueves – al regresar a San Juan y después de publicada la entrevista con El Nuevo Día-, un tuit en el que no cambió nada de lo dicho, pero afirmó que apoya “incondicionalmente” el referéndum “propuesto” y que “es imperativo que trabajemos para que sea avalado por el gobierno federal para que el Congreso actúe y encaminemos la solución definitiva del estatus colonial que nos impide progresar”.

El proyecto de ley de Rivera Schatz, mientras, contiene una especie de nota al calce que sostiene que el ‘no’ representa un respaldo a la libre asociación o independencia. Esa nota al calce es una invitación para que el Departamento de Justicia de EE.UU. invalide la papeleta electoral, como hizo en 2017 con el proyecto original promovido por Rivera Schatz y el entonces gobernador Ricardo Rosselló Nevares que impulsaba originalmente una consulta estadidad versus soberanía política.

En abril de 2017, el Departamento de Justicia federal decidió, entre muchas otras cosas que deben repasarse, que la exclusión del status territorial –una condición política que gobierna las relaciones de otras cuatro áreas insulares-, no cumplía con las normas constitucionales, las leyes y la política pública federal.

En estos momentos, el Departamento de Justicia estadounidense tiene bajo evaluación una petición del Comité de Asignaciones de la Cámara baja federal, incluida en un informe de la ley de presupuesto del 20 de diciembre de 2019, que le requiere excluir el status territorial de cualquier referéndum de status que valide en Puerto Rico.  La respuesta debió darse en 45 días, período de tiempo que venció el pasado lunes.

Habrá que esperar por la respuesta del Departamento de Justicia federal al Congreso. Luego por las conversaciones que deberá hacer directamente con Justicia federal el gobierno de Puerto Rico.

Pero, de lo que no hay duda es que tristemente el sistema colonial/territorial está validado en la Constitución estadounidense, y es una realidad político-jurídica que no solo aplica a Puerto Rico, sino también a las Islas Vírgenes, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte.

Con sus proyectos de ley más recientes presentados en la Cámara baja federal, la comisionada González y el PNP también han reconocido que antes de la estadidad será necesaria la incorporación de Puerto Rico como territorio, un status que implica el pago de contribuciones federales, sin poder aun tener representación en el Congreso ni votar por el presidente de Estados Unidos.

Que quede claro, Estados Unidos nunca ha consultado a los puertorriqueños sobre alternativas de status y Puerto Rico – si quiere hacerlo por su cuenta e idealmente como un proceso de consenso-, tiene derecho a decidir celebrar un referéndum entre las alternativas de estadidad versus soberanía política (libre asociación o independencia). Otra cosa es que en Washington tomen en cuenta la votación.

Pero, el PNP debe hablar claro. ¿Es un referéndum estadidad sí o no o un referéndum estadidad versus soberanía política?

¿Qué esfuerzos se hacen para lograr el aval de Justicia federal?

En noviembre de 2018, el congresista republicano Rob Bishop (Utah), entonces presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja y ahora un aliado de los proponentes de convertir a Puerto Rico en otro estado más de EE.UU., recomendó al gobierno del PNP – después de no atender los resultados del plebiscito de junio de 2017-, promover un referéndum estadidad sí o no sancionado por el Departamento de Justicia federal.

El gobierno del PNP apoyó la idea, en momentos en que ya era evidente que el Congreso no reconoció el 97% a favor de estadidad de la consulta de 2017 – que tuvo solo un 23% de participación-, como el sentir de los votantes de Puerto Rico.

En su carta al gobierno del PNP Bishop – quien se retira del Congreso en diciembre y ahora aspira a ser vicegobernador de Utah-, indicó que “la inhabilidad del Departamento de Justicia (federal) en validar a tiempo la consulta de 2017, ha permitido a sus oponentes impugnar sus resultados”.

¿Volverá a ocurrir?

En este eterno debate del status, en el que el consenso se ha convertido en un imposible, todo parece un ‘’déja vu”.

——

*Ojo, revisado, para reconocer que el proyecto de Rivera Schatz si advierte que si no se consigue el aval de Justicia federal, como quiera seguirán adelante con la legislación.