Otra vez la extraordinaria movilización de vecinos, ciudadanos en general y organizaciones no gubernamentales hace la diferencia en la respuesta a una emergencia, tras los terremotos ocurridos este mes, que han tenido un impacto terrible en el sur de Puerto Rico y mantienen aún en vilo a gran parte de la Isla.

El huracán María dejó muy claro, de forma desgarradora, cuán lejos están las expectativas de una contestación rápida y eficiente de los aparatos gubernamentales centrales. El gigantismo y el centralismo nunca ayudan.

Tome el caso del proceso de reconstrucción tras el huracán María. Dos años y cuatro meses después de la catástrofe causada por ese ciclón, las autoridades de la Isla – extremadamente pacientes con el gobierno de Donald Trump, que tiene la obligación de socorrer a su territorio -, aguardan por la entrega de casi todos los fondos que deben ir dirigidos a la  reconstrucción de la Isla.

La abrumadora mayoría de los fondos destinados a la reconstrucción de Puerto Rico – sea por medio del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) o de las obras permanentes financiadas por la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA)-, siguen frenados y su desembolso a corto plazo es incierto.

Pronto, el gobierno federal deberá declarar por lo menos algunos municipios del sur como zona de desastre. La declaración proveerá a los ciudadanos la oportunidad de solicitar ayuda federal para en alguna medida reparar parte de los daños sufridos en su casa y acceder a algún programa de vivienda temporal.

Pero, el freno en el acceso a los fondos de reconstrucción es una experiencia que debe tomarse en cuenta al momento de reclamar nuevas asignaciones del gobierno federal.

FEMA y el gobierno de Puerto Rico aún no han llegado a un acuerdo sobre los estimados de costos para las obras permanentes de reconstrucción de infraestructura pública que financiará el gobierno federal a través de la sección 428 de la ley Stafford, lo que puede incluir rehacer la red eléctrica, carreteras y otras estructuras.

En su momento, el gobierno confió en lograr cerca de $40,000 millones – unas veces se habló de alrededor de $37,000 millones, y en otras ocasiones de hasta $48,000 millones-, a través de esas obras, que por medio de la sección 428 de la ley Stafford requieren un acuerdo general y final sobre los costos de construcción, antes de los grandes proyectos permanentes   ponerse en marcha.

La fecha límite para lograr un acuerdo sobre los proyectos de obra permanente a ser financiados por FEMA fue octubre de 2019.   Ante las complicaciones del proceso – que ha sido denunciada continuadamente por los alcaldes- FEMA y el gobierno de Puerto Rico aceptaron seguir negociando y ni siquiera tienen una nueva fecha para alcanzar un acuerdo final.

Por el otro lado están los fondos CDBG-DR, que en diferentes plazos han sido asignados por el Congreso o por el propio Ejecutivo federal a la Isla, y pueden rondar los $20,500 millones.

De esos fondos, solo se han hecho disponibles a la Isla, desde mediados de febrero de 2019, unos $1,507 millones. Aunque dice que ha obligado unos $1,000 millones, al cerrar 2019, el gobierno de Puerto Rico solo había desembolsado de la cuenta de CDBG-DR  $10.8 millones.

Junto a las denuncias – avivadas por el presidente Trump- de que el gobierno de Puerto Rico es corrupto y malversa fondos públicos, las que no han aminorado bajo la administración de Wanda Vázquez Garced, un alto funcionario del Departamento de Vivienda federal (HUD) ha acentuado el lento uso que hace el gobierno de Puerto Rico de los primeros $1,507 millones que fueron desembolsados.

Es un hecho, sin embargo, que HUD también arrastra los pies.

Desde el 28 de febrero, el secretario de HUD, Ben Carson, anunció que había autorizado el uso de $8,221 millones en fondos CDBG-DR. Once meses después, en espera de la firma de un acuerdo final entre HUD y el gobierno de Puerto Rico, no se ha desembolsado un centavo de esa partida.

Otra partida de $8,285 millones del programa CDBG-DR son para proyectos generales de mitigación. Por una ley de junio pasado, el Congreso ordenó a HUD a publicar a más tardar el 4 de septiembre las guías sobre el uso de esos $8,285 millones. Tranquilamente, han ignorado ese mandato, como bien han denunciado principalmente los líderes demócratas del Congreso.

Eso, sin embargo, cuenta solo parte del reto que tiene el gobierno de Puerto Rico frente a HUD.

Con la ley bipartidista de presupuesto de febrero de 2018, el Congreso impuso también trabas al desembolso de ese dinero.

Aunque HUD publicara mañana las guías sobre el uso de los $8,285 millones para proyectos de mitigación, la ley 115-123 de febrero de 2018 impide a HUD desembolsar esos fondos hasta que se logre un acuerdo final sobre las obras permanentes de reconstrucción bajo la sección 428.

Lo mismo ocurre con otros $304 millones en fondos CDBG-DR que los demócratas promovieron y fueron asignados en junio pasado para ayudar al gobierno de Puerto Rico a parear proyectos que sean desarrollados a través de ese programa.

El gobierno de Puerto Rico, mientras tanto, tiene en sus manos $260 millones del fondo de emergencia que fueron autorizados hasta el 31 de enero por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las decisiones financieras públicas de la Isla. De esa partida, puso este fin de semana $2 millones a disposición de los municipios de Guánica, Guayanilla, Ponce, Peñuelas, Yauco y Utuado, con más rapidez que el gobierno federal.

Puede tener a su disposición, si la JSF decidiera actuar con rapidez, cerca de $350 millones adicionales si se reajusta el presupuesto después de las nuevas asignaciones de Medicaid.

Sin duda que las críticas al programa “Tu Hogar Renace” todavía resuenan, con fuerza, pero esa misma iniciativa demostró que, si se quiere pisar el acelerador, el gobierno de Puerto Rico tiene la posibilidad de responder con más urgencia que el federal. Es cuestión de hacerlo con prontitud y sabiduría.