Se requeriría probablemente otro presidente de EE.UU..

Pero, surgen llamamientos importantes para echar hacia delante un proceso de libre determinación que vincule al gobierno federal.

La ley Promesa, que hundió a la Isla en su situación colonial, durará, por lo menos, cinco años más. Los menos optimistas creen que más tiempo.

Para cumplir con la ley y dejar atrás la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico se ordena lograr equilibrar cuatro presupuestos consecutivos y que la economía se estabilice lo suficiente para ganar acceso a los mercados financieros de Wall Street a tasas razonables.

No hay indicios de que haya ambiente para derogar la ley.

Sin embargo, plantearse cómo reencaminar el debate sobre el futuro político de Puerto Rico no tiene que esperar.

En comentarios por separado, las congresistas demócratas boricuas por Nueva York Nydia Velázquez y Alexandria Ocasio Cortez han acentuado que el Congreso debe enfrentarse también a la crisis política de Puerto Rico.

Velázquez dijo que junto a otros colegas examina la posibilidad de promover legislación a favor de la autodeterminación de Puerto Rico, pero reconoció que un proceso de esa naturaleza va a requerir que las diferentes vertientes políticas de la Isla se unan en reclamo de una solución definitiva, con alternativas de status que saquen a la isla de la cláusula para territorios de la Constitución y que vinculen al gobierno federal.

Ocasio Cortez ha insistido en que los pasados plebiscitos, como ha demostrado la respuesta del gobierno federal, han sido realmente como encuestas y que se requiere un proceso de libre determinación, que obligue al gobierno federal, y permita a Puerto Rico escoger entre la estadidad y la independencia.

A esas expresiones se sumó el artículo en la revista Foreign Affairs de dos altos ex funcionarios del Departamento del Tesoro – Antonio Weiss y Brad Setser, que estuvieron vinculados al proceso que terminó con la aprobación de la ley Promesa, en el que reconocen que una vez reestructurada la deuda pública de Puerto Rico es inescapable atender el status colonial.

“La tarea inmediata es reducir la deuda, reconstruir la infraestructura dañada de la isla, incluida la Autoridad de Energía Eléctrica, y dinamizar la economía. He expresado mi opinión acerca de las necesidades de una reestructuración más profunda de la deuda, también de reducir la austeridad y he sido crítico de los economistas que asesoran a la Junta de Supervisión, por hacer supuestos a largo plazo demasiado optimistas. Pero ha llegado el momento de poner la relación colonial en el diálogo nacional y establecer un camino a seguir”, indicó a Weiss a El Nuevo Día.

Hay múltiples obstáculos aún.

Tratar de promover una nueva legislación se enfrentará al hecho de que desde enero de 2014 el Congreso sugirió un referéndum en la Isla que permita resolver el debate sobre el status, cuya papeleta y campaña educativa tenga que ser aprobada por el Secretario de Justicia de EE.UU..

Un informe del Comité de Asignaciones de la Cámara baja federal acaba de exhortar al Departamento de Justicia a no incluir el ELA territorial/colonial en cualquier recomendación futura. Pero, no es una orden.  En abril de 2017, el Departamento de Justicia de EE.UU. hizo claro que cualquier consulta debe incluir el actual status territorial.

Al mismo tiempo, el presidente Donald Trump ha rechazado la estadidad para la isla. Y Mitch McConnell (Kentucky), acaba de advertir que mientras  sea el líder de la mayoría del Senado – y los republicanos son favoritos para retener la cámara alta en 2020-, no dará paso a una medida a favor de la estadidad.

Para McConnell la idea de convertir a Puerto Rico en un estado es un complot demócrata para tener dos senadores más. El mismo argumento lo utiliza con la propuesta de convertir a Washington D.C. en el estado 51 de EE.UU., un tema que sí está en la agenda de los demócratas.

Las complicaciones no se detienen ahí.

El gobierno del Partido Nuevo Progresista (PNP), pese a que las consultas de 2012 y 2017 no han sido abrazadas en Washington, ha insistido en que Puerto Rico ya optó por la estadidad. Planifica, al parecer de cara a las elecciones generales de 2020, tratar otra vez de que el Departamento de Justicia de EE.UU., por medio de la ley federal de 2014, avale la papeleta electoral y la campaña educativa de un referéndum estadidad sí o no.

¿Se vinculará el Departamento de Justicia federal del gobierno de Trump con un referéndum estadidad sí o no? ¿Puede encaminarse un proceso de libre determinación a partir de la vinculación del Departamento de Justicia federal con un referéndum en la isla? ¿Cómo romper el bloqueo del liderato republicano del Senado? En su momento, esas preguntas van a requerir respuestas.

Nadie sabe, mientras, qué propuesta de status defenderá de cara al futuro el Partido Popular Democrático (PPD), tras la ley Promesa corroborar que la condición territorial vigente, comúnmente llamado Estado Libre Asociado, es una relación colonial que estira y achica el Congreso.

De todos modos, el Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja planifica llevar a cabo – en algún momento de esta sesión del Congreso-, una audiencia pública sobre el status político de la Isla. Su presidente, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), reconoció inmediatamente después del plebiscito del 11 de junio de 2017 que la baja participación no permitía echar hacia delante una propuesta de estadidad.

Pero, ante el freno que le han puesto a la estadidad en la Casa Blanca y el Senado, ese comité cameral parece ser el único foro del gobierno federal que puede promover una discusión sobre este asunto y sentar las bases de un diálogo futuro.

Seguimos dando vueltas a la noria. Con agendas partidistas y unilaterales. Puede mirarse al esfuerzo multipartidista de 1989 a 1991. Y en estos tiempos de desafiliación partidista, ampliarse y mejorarse.

Por supuesto, se necesita voluntad de todas las partes y reconocer la difícil realidad política en Washington.

Abrir el diálogo, aquí y allá, sería un buen primer paso.