Mañana, en horas de la noche, debe terminar el prolongado trámite en el Congreso del proyecto de asistencia por desastres. La medida incluye restricciones en torno a ciertos desembolsos destinados a la Isla, pero asigna los $600 millones en asistencia alimentaria de emergencia, $304 millones en fondos de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) e incluye un lenguaje que puede facilitar el acceso a $500 millones más a la hora de reconstruir instalaciones públicas críticas.

Representa un paso de avance frente a las limitaciones que intentaron imponer, primero, Donald Trump, y luego republicanos del Senado, en el acceso de Puerto Rico a fondos de emergencia en esa legislación.

Trump se opuso desde enero a los $600 millones en asistencia alimentaria que impulsaban los demócratas.

Republicanos del Senado, encabezados por Rick Scott (Florida), propusieron aceptar los $600 millones, pero consideraban que la legislación no debía incluir nada más para Puerto Rico.

Con votos suficientes para frenar el proyecto, los demócratas del Senado, bajo el liderato de Charles Schumer (Nueva York), advirtieron que sin más asistencia a la Isla en esta legislación, no avanzaría.

Ganaron esa batalla, que en términos de estrategia también dividió al gobernador Ricardo Rosselló Nevares, aliado con los demócratas, y a la comisionada Jennniffer González, quien pensaba que lo mejor era buscar más fondos en un comité de conferencia del Congreso no en las negociaciones internas entre los senadores.

Lograr fondos adicionales a los $600 millones en asistencia alimentaria representó también vencer la retórica de Trump, quien alegó falsamente – con el vicepresidente Michael Pence y algunos republicanos del Senado haciéndole coro-, que Puerto Rico ya había recibido $91,000 millones en fondos de emergencia.

Resuelto la pugna sobre esa legislación, quedan, sin embargo,  temas claves para la Isla este verano en Washington.  

Las próximas cinco semanas, por ejemplo, pueden decidir la composición de la Junta de Supervisión Fiscal J(SF).

No es que vaya a quedar inoperante permanentemente.  Pero, si la Casa Blanca y el Senado, de mayoría republicana, no se ponen las pilas de ahora al 15 de julio, el proceso de confirmación de los miembros de la JSF, que controla las decisiones financieras del gobierno de Puerto Rico, puede generar contratiempos. Hasta este fin de semana, los nombramientos seguían en la Casa Blanca, sin poderse enviar al Senado, debido a que no ha terminado el proceso de verificación de los antecedentes que hace el FBI sobre los candidatos.

Sin duda que un proceso de confirmación en el Senado, con audiencias en que se interroguen a los candidatos, votaciones en comité y en el hemiciclo, será la mejor oportunidad de los últimos tres años para conocer el sentir de los senadores sobre el funcionamiento de la JSF y la ley Promesa.

Robert Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, ya ha indicado que debe pasarse juicio sobre los potenciales conflictos de la JSF. Sería una sorpresa si conservadores como Mike Lee (Utah), con un ojo siempre sobre el proceso de reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), no tienen también algo que decir.

En la Cámara baja la insatisfacción con la ley Promesa ha sido bipartidista. Como presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), presionó a la junta para que diera acceso un mejor acceso a los acreedores en las negociaciones sobre la reestructuración de la deuda. El ahora presidente del Comité, el demócrata Raúl Grijalva (Arizona), ha acentuado que quisiera menos austeridad de parte de la JSF y un mejor financiamiento de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

Paralelamente, Grijalva quiere conocer este mes qué piensan sus colegas demócratas, primero, y luego el grupo republicano sobre posibles cambios a la ley Promesa. En el Comité de lo Jurídico, mientras, está pendiente el proyecto de la congresista demócrata Nydia Velázquez (Nueva York) que persigue cerrar el espacio a potenciales conflictos de intereses de los contratistas de la JSF.

Nadie, sin embargo, propone formalmente derogar la ley Promesa, que regula el proceso de reestructuración de la deuda pública y puede estar vigente, como mínimo, todo el próximo cuatrienio. Eso debe estar claro, más aún cuando algunos proponen legislación para alcanzar la estadidad en tres meses, dicen que eso ocurrirá antes de que termine el cuatrienio o a más tardar en agosto de 2022.

El tema del debate sobre el futuro político de Puerto Rico, por cierto, puede tener también sus 15 minutos en el Comité de Recursos Naturales este verano. Si Grijalva – quien ha dicho que el plebiscito del 11 de junio de 2017 no puede echar hacia delante una propuesta a favor de la estadidad, debido a su histórica baja participación-, sigue la norma de muchos años, convocará a una audiencia en julio, cercana a la fecha de la adopción de la Constitución de Puerto Rico, que ha quedado más disminuida por la ley Promesa, para llenar el récord.

En el Congreso no ha habido una audiencia sobre el status desde junio de 2015. Con Trump en contra de la estadidad y el asunto fuera de la agenda del Senado, de todos modos, cualquier interés que surgiera en la Cámara baja sería insuficiente.

Aunque por el momento no se ve un vehículo legislativo disponible, en el Comité de Energía y Comercio deberá además buscarse espacio, antes de que acabe el año, a una asignación que evite que en abril de 2020 el sistema de salud de Puerto Rico caiga en un precipicio fiscal de alrededor de $1,200 millones, una vez se agoten las asignaciones no permanentes bajo el programa Medicaid.

Después del acuerdo que se tiene que lograr en octubre sobre el estimado del costo de las obras permanentes que financiará FEMA, que el gobierno aspira a que ronde los $37,000 millones, lograr una solución, por lo menos temporera, al barranco fiscal en el programa Medicaid, es la agenda más significativa del gobierno de Puerto Rico frente al gobierno de EE.UU..

Los cálculos del gobierno de la Isla son que sin nuevos fondos de Medicaid, 600,000 personas que tienen plan de salud del gobierno – el cual el erario puertorriqueño está impedido de pagar por su cuenta-, quedarán sin atención médica.

No es un asunto que se resolverá este verano, pero la presión que se ejerza ahora será clave para lograr una solución antes de que termine el año.