Cuando el Comité de Recursos Naturales llevó a cabo una audiencia, el pasado día 2, para examinar el funcionamiento de la ley Promesa, solo el republicano Tom McClintock (California) se expresó en contra de la permanencia del estatuto que ha impuesto la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) que controla las finanzas públicas de la Isla y diseñó el proceso de reestructuración de la deuda del gobierno de Puerto Rico.

McClintock – quien en el pasado ha considerado que Promesa ha abierto la puerta a que los estados en algún momento puedan reclamar no tener que cumplir con el mandato de sus constituciones de pagar primero que todo la deuda de sus obligaciones generales-, dijo que esa ley ha difuminado quien tiene la responsabilidad sobre el manejo de la crisis fiscal y de deuda pública de Puerto Rico.

El demócrata Raúl Grijalva (Arizona), presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja federal, anunció entonces que se propone llevar a su caucus su interés de suavizar los poderes de la junta.

En la audiencia, los republicanos, como el portavoz de la minoría en la comisión, Rob Bishop (Utah), estuvieron en general, por su lado,  más interesados en que el gobierno de Puerto Rico cumpla con las reformas estructurales que recomienda la JSF.

El demócrata boricua Darren Soto (Florida) ha propuesto un proyecto de ley que persigue convertir a Puerto Rico en un estado en un plazo de 90 días sin una nueva consulta federal. Pero, en la audiencia, no le advirtió a la directora de la JSF, Natalie Jaresko, sobre su intención de cambiar el orden de las cosas, sino que le preguntó cuándo cree que el ente fiscal terminará sus trabajos.

Jaresko ya había indicado que la JSF – cuya creación está fundamentada en el actual status territorial o colonial-, prevé estar en funciones por lo menos hasta 2024.

Teniendo en cuenta los requisitos que tiene Promesa para poner fin a la JSF – cuatro presupuestos equilibrados consecutivos, y acceso a mediano o largo plazo, a tasas razonables, al mercado financiero-, es una posibilidad real  que el gobernador que sea elegido en 2024 aún esté sometido a los mandatos de ese organismo.

En resumidas cuentas, no hay ningún indicio de que haya voluntad en el Congreso para acabar con Promesa o por lo menos con la junta.

La única incertidumbre en este momento sobre  la continuidad de la JSF es si el presidente Donald Trump y el Senado podrán ponerse de acuerdo, en 64 días, sobre la confirmación de los miembros del ente fiscal.

Dos semanas después de Trump haber anunciado que enviaría al Senado los nombramientos de los siete miembros actuales de la JSF para que finalicen su término, que vence el 31 de agosto próximo, la Casa Blanca no ha completado ese trámite.

Trump informó el pasado 29 de abril su intención de nombrar a los actuales integrantes de la JSF, en busca de cumplir con la decisión del Primer Circuito de Apelaciones que determinó que los miembros del ente fiscal son funcionarios federales de alto nivel que deben ser confirmados por el Senado de EE.UU..

En su decisión del 15 de febrero pasado, el foro de apelaciones sentenció que la forma en que se nombró a los siete actuales miembros, seis de ellos por recomendación de líderes del Congreso sin confirmación del Senado, violó la cláusula constitucional de nombramientos.

Cuando Trump anunció su intención de nombrar a los actuales miembros, el funcionamiento de la JSF estaba en riesgo de cesar este jueves 16 de mayo. En alguna medida incentivado por el anuncio de Trump, el Primer Circuito de Apelaciones dio 60 días adicionales al presidente y al Senado para tramitar la confirmación de esos funcionarios u otros.

Es decir que ahora la Casa Blanca y el Senado tienen hasta el 15 de julio para confirmar a los miembros de la JSF. Si llega el 16 de julio y el Senado no ha confirmado los nombramientos, la junta quedará inoperante.

Jaresko ha dicho que si la JSF cesa operaciones, habrá un caos en el proceso judicial de reestructuración de la deuda. También ha expresado preocupación de que de ahora al 15 de julio no haya tiempo suficiente para el Senado tramitar los nombramientos.

Puede que tenga razón.

Si la presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), mantiene su intención de cumplir con el proceso regular de nombramientos- que suele incluir reuniones con los candidatos, audiencia pública, sesión de votación en comisión y el debate en el pleno-, 60 días adicionales no garantizan finalizar el proceso.

A menos que haya consenso para acelerar el proceso, el trámite de los nombramientos en el Senado estadounidense es extremadamente lento.

Mientras más tarde la Casa Blanca en enviar esas designaciones, más cuesta arriba será cumplir con el plazo dado por el foro de apelaciones.

Si el Senado confirma este verano a los actuales integrantes de la JSF para superar el problema constitucional de los nombramientos – que el Tribunal Supremo de EE.UU. aún tiene que decidir si revisa-, puede estarse aceptando en la práctica, además, que sigan en sus puestos varios meses. No se debe esperar que el Senado confirme a los actuales miembros de la JSF a más tardar el 15 de julio y proceda de inmediato a considerar nuevos integrantes antes de que los senadores inicien el tradicional receso de agosto, que preliminarmente está previsto para comenzar el día 2 de ese mes y que se extendería hasta el 9 de septiembre.

Si se quedan los miembros actuales de la JSF y se mantiene la decisión del Primer Circuito de que esos nombramientos requieren confirmación por parte del Senado, eso puede significar que la mayor parte de sus miembros seguirán en sus puestos varios meses más después de agosto.

Expertos prevén que antes de terminar en junio su actual período de sesiones, el Tribunal Supremo estadounidense decidirá si revisa o no la decisión del Primer Circuito. Si aceptara el certiorari presentado por la JSF, cualquier decisión, de acuerdo a los expertos, se produciría a partir de octubre, cuando inicia el período de sesiones 2019-2020.

Siempre es una empinada cuesta lograr que acceda a revisar un caso, pero hay que tomar en cuenta que existe también la posibilidad de que  el Tribunal Supremo estadounidense decida paralizarlo todo, y así volver a cambiar el tablero.