Ahora que el Partido Nuevo Progresista (PNP) ha acogido la recomendación del republicano Rob Bishop de convocar a un nuevo referéndum – esta vez estadidad sí o no-, vale recordar los mensajes enviados por el gobierno federal que han provocado esa decisión.

En los últimos dos años, el gobierno de Donald Trump ha ido tachando los plebiscitos de 2012 y 2017, mientras el liderato del Congreso con jurisdicción sobre el status ha descartado ver en el plebiscito de hace 21 meses un voto a favor de la estadidad.

Vayamos a los hechos:

1.Como ahora puede hacer el gobierno de Ricardo Rosselló, el gobierno de Luis Fortuño organizó un plebiscito junto a las elecciones generales de 2012. Se trató de una consulta con dos preguntas, celebrada el 6 de noviembre de 2012.

*La primera pregunta produjo resultados claros: Un 53.97% de los electores (970,910) rechazó la condición territorial actual. Un 46.03% (828,077) votó por mantener el status vigente.

*La cosa se complicó con la segunda pregunta, que generó llamados de la dirección del PPD, particularmente, a dejarla en blanco. Un 61.6% (834,191) de los electores votó por la estadidad; 33.34% (454,768) apoyó el Estado Libre Asociado soberano (o la libre asociación); y 5.49% (74,895) la independencia. Pero, 498,604 personas decidieron dejar en blanco esa pregunta, en comparación con los 67,217 que no hicieron nada con la primera.

2.Como resultado de esa votación y ante los señalamientos que salían del Congreso en el sentido de que los votos en blanco difuminaban los resultados del plebiscito de 2012, el entonces comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, y el congresista demócrata José Serrano (Nueva York) hicieron suya una propuesta de Jeffrey Farrow – quien fue copresidente del Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico de la Casa Blanca de Bill Clinton y ha asesorado en los últimos años a grupos estadistas-, para tratar de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos pudiera revisar la papeleta electoral y la campaña oficial de la Comisión de Estatal de Elecciones (CEE) de una nueva consulta.

*El Congreso aprobó y el entonces presidente Barack Obama firmó una ley – el 17 de enero de 2014- con un lenguaje que permite entregar a la CEE $2.5 millones para ayudar a financiar una consulta en la que los electores puedan votar por alternativas dirigidas a resolver el status político, a cambio de que el Secretario de Justicia de EE.UU. determine si la papeleta electoral y la campaña educativa de la consulta cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

3.El gobierno de Ricardo Rosselló – luego de que la administración de Alejandro García Padilla no mostrara interés en atender el asunto-, inició temprano en enero de 2017 el trámite de un proyecto de ley dirigido a celebrar un referéndum entre la estadidad y la soberanía política de la Isla (libre asociación o independencia), que fuera avalado por el Departamento de Justicia de EE.UU.. Para ello inició conversaciones con el Departamento de Justicia federal.

*El Jueves Santo de 2017 llegó una respuesta del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En ella, Justicia federal tachó el resultado que nadie debía disputar sobre el plebiscito de 2012. “El Departamento no cree que los resultados del plebiscito de 2012 justifican omitir el status actual de Puerto Rico como opción en la papeleta… Además, han transcurrido casi cinco años desde el plebiscito, durante el cual se han producido importantes cambios políticos, económicos y demográficos en Puerto Rico y los Estados Unidos”, indicó la carta suscrita por el entonces subsecretario interino, Dana Boente, con fecha del 13 de abril de 2017.

*El gobierno de Puerto Rico hizo cambios a la ley, para incluir el territorio como opción – a pesar de decir inicialmente que eran inaceptables las demandas del Departamento de Justicia de EE.UU..

*El Departamento de Justicia federal advirtió que sin posponer el plebiscito, no podrían terminar su análisis. El gobierno de Puerto Rico no aplazó la consulta. Por tal razón, el lenguaje de 2014, que pudo interpretarse como una respuesta al plebiscito de 2012, nunca se utilizó.

4.Por haberse incluido la alternativa de status territorial, el  Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) – que había respaldado la consulta entre estadidad y soberanía política-,  decidió no participar. El Partido Popular Democrático (PPD) también determinó boicotear la consulta. El plebiscito se celebró, como estaba previsto, el 11 de junio de 2017.

*En la consulta, la alternativa de estadidad obtuvo el 97% de los votos (508,862). Pero,  la participación fue históricamente baja para una consulta de status en Puerto Rico. Solo el 23.23% del electorado acudió a votar, un porcentaje que contrasta con el 78.9% que tomó parte en la primera pregunta del plebiscito de 2012.

*La primera consecuencia de no esperar por el aval de Justicia federal fue anular el primer proyecto pro estadidad de la comisionada Jenniffer González, y que promovía un proceso de admisión de la Isla como estado basado en la ley federal de 2014. Y esperando por un nuevo proyecto, ocurrió la catástrofe del huracán María que colocó por meses, como era de esperarse, toda la atención en la emergencia desatada a partir del 20 de septiembre de 2017.

5.En el transcurso del cuatrienio las reacciones del presidente Donald Trump y su gobierno en torno al referéndum de 2017, han sido contrarias a la estadidad.

*Dos semanas después del huracán María – 3 de octubre de 2017-, en una reunión en el despacho Oval con el gobernador Rosselló, Trump echó a un lado el tema de la estadidad, diciéndole a un periodista que ese tema le podía meter en problemas.

*El 21 de junio de 2018, en una mesa redonda en la Casa Blanca, el gobernador Rosselló le hizo un reclamo directo a Trump a favor de la estadidad. Trump se tomó el comentario de Rosselló a chiste, diciéndole a los presentes que “Ricardo nos va a garantizar dos senadores republicanos”.

*En septiembre de 2018, Trump dio un no absoluto a la estadidad, al volver a quejarse en una entrevista radial del liderato de la Isla, particularmente de su némesis en Puerto Rico, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, quien le ha cuestionado con fuerza la respuesta de su gobierno tras el huracán María.

*Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Carlos Trujillo, declaró el 5 de octubre de 2018 que el gobierno de Trump considera que “no hay consenso en torno a una solución” de status entre los residentes de la isla.

6.Un año después del plebiscito, el 27 de junio de 2018, mientras, la comisionada González presentó un segundo proyecto de ley pro estadidad:

*Pero, esta vez la medida tenía la intención de convertir a Puerto Rico en un territorio incorporado, y crear un Grupo de Trabajo del Congreso para estudiar las leyes que debían ser cambiadas antes de la Isla ser admitida como estado 51 de EE.UU.. A pesar de ello, mientras el proyecto original proponía que Puerto Rico fuese un estado para enero de 2025, la nueva legislación de González sugería que la estadidad se hiciera efectiva en enero de 2021.

*Cincuenta y ocho congresistas apoyaron la legislación de González (32 demócratas y 26 republicanos), pero aunque entre ellos estuvo el entonces presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), la medida nunca fue considerada en audiencias públicas.

7.Tras perder la mayoría en la Cámara de Representantes, Bishop firmó el 21 de noviembre una carta en la que propuso al entonces secretario interino del Departamento de Justicia de EE.UU., Matthew Whitaker, retomar las conversaciones con el gobierno de Puerto Rico para cumplir con la ley de 2014 por medio de un referéndum estadidad sí o no.

*En la carta mantuvo que Puerto Rico votó por la estadidad en 2012 y 2017, pero que esas consultadas fueron organizadas localmente “y no fueron sancionadas federalmente”, ni referendos estadidad sí o no.

*Cuando El Nuevo Día tuvo acceso a la carta, que estaba con su firma, la oficina de Bishop indicó que se trataba de un borrador, pero días después encabezó una misiva parecida dirigida al gobierno de Puerto Rico, y otra remitida al Departamento de Justicia federal. Esas cartas también la firmaron la comisionada González, y los republicanos Don Young (Alaska) y Doug LaMalfa (California).

*En la carta, el cuarteto republicano dijo creer en el resultado del plebiscito de 2017, pero reconoció que la oposición había logrado impugnar sus resultados. “La inhabilidad del Departamento de Justicia en validar a tiempo el voto de 2017, ha permitido a sus oponentes impugnar sus resultados”, indicaron Bishop, la comisionada González, Young y LaMalfa. (LaMalfa ya no está en el Comité de Recursos Naturales).

8.El nuevo presidente del Comité de Recursos Naturales, Raúl Grijalva (Arizona), advirtió además a finales de 2018 que el tema del status no será su prioridad, pero que si decidiera promover el asunto, la consulta federal no sería un referéndum sobre la estadidad, sino con todas las alternativas de status.

*Días después del plebiscito de 2017, Grijalva había indicado a El Nuevo Día que “con una participación de solo 23%, y los otros dos partidos boicoteando,  queda la  duda de si ese es el deseo fundamental del pueblo puertorriqueño. Lo que necesitamos es conocer lo que está ocurriendo con la ley Promesa, cómo va a contribuir el gobierno federal a estimular la economía,  fondos de Medicaid y Medicare, e invertir en infraestructura. Si hubiera cantado más claro el gallo, las cosas serían diferente”.

*A principios de diciembre, Grijalva reafirmó que el debate de status no será su prioridad, pero que si se tratara de volver a legislar a nivel federal, “todas las opciones deben estar presentes”.

9.La presidenta del Comité de Energía y Recursos Naturales del Senado, la republicana Lisa Murkowski (Alaska), por su parte, dijo desde septiembre de 2017 que el debate de status no estaba en la agenda de su comisión, después del plebiscito de junio de ese año.

*El pasado 26 de febrero, Murkowski se reiteró en que no tiene en su agenda atender en esta nueva sesión las peticiones de estadidad del gobierno de Puerto Rico, pues – al igual que el gobierno de Trump-, considera que los pasados plebiscitos no han demostrado que haya consenso en la isla.

–O–

Bajo este escenario, es que el gobierno del PNP comienza a caminar hacia un nuevo referéndum.

El gobernador Rosselló y la comisionada González han indicado que todavía quieren promover una nueva legislación en el Congreso en torno a la estadidad.

Para lograrlo, aún piensan que pueden presionar al liderato del Congreso con éxito, a pesar de no haberlo logrado en los pasados dos años. El PNP destaca, por ejemplo, que su campaña pro estadidad ha ganado fuerza en EE.UU., y mencionan el respaldo del Partido Demócrata de EE.UU. y de la National Association for the Advancement of Colored People (NAACP).

En agosto de 2017, Rosselló pronosticó que Puerto Rico será un estado para agosto de 2022. La comisionada ha dicho que este cuatrienio se aprobará un proyecto de admisión de Puerto Rico como estado.

Pero, las posiciones de Casa Blanca y el liderato de los comités con jurisdicción en el debate de status sobre el plebiscito de 2017 hacen más improbable que en la pasada sesión que el Congreso quiera volver a legislar, en momentos en el gobierno del PNP no ha utilizado el proceso que el entonces presidente de su partido, y comisionado residente, les solicitó a partir de 2013.

Ante el hecho de que el liderato del gobierno federal no ha reconocido los pasados dos plebiscitos como un mandato a favor de la estadidad, el camino probable que tiene el gobierno del PNP es volver a conversar con el Departamento de Justicia de EE.UU. y legislar localmente un nuevo referéndum.

Rosselló ha dicho que si fuera por él, el referéndum se celebraría mañana. La comisionada quiere que se convoque para este año. Pero, desde la Legislatura, los senadores Carmelo Ríos y Miguel Romero han afirmado que prefieren que el referéndum tenga lugar junto a las elecciones generales de 2020, lo que debe generar mayor participación.

Si el gobierno decide organizar el referéndum para noviembre de 2020, le tocará a otro Congreso, y a los gobiernos que sean elegidos ese mes en Estados Unidos y Puerto Rico, atender el asunto el próximo cuatrienio.