La señal para volver a empezar con respecto al debate sobre el status político de Puerto Rico se reflejó más rápido de lo que esperaba.

Parecía necesario que la encendiera algún “aliado” del gobierno del gobierno de Ricardo Rosselló, aunque la militancia del PNP, seguramente, hubiese preferido que fuera producto de un proceso de introspección de los líderes de su colectividad. No parece haberlo sido, pues no se conoce de ninguna reunión del directorio del PNP en que se haya discutido.

Causa alguna sorpresa que la propuesta viniera del saliente presidente del Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes, el republicano Rob Bishop (Utah), quien no ha convocado a ninguna audiencia relacionada con el status en esta sesión del Congreso, ni antes ni después del plebiscito del 11 de junio de 2017. https://www.elnuevodia.com/noticias/eeuu/nota/bishopsugierequeproximaconsultadestatusseaestadidadsiono-2461128 

Es muy irónico. Quizá se perciba como el referéndum de Bishop, aunque el congresista republicano no trajo el tema a discusión dentro de su comité en esta sesión del Congreso, ni ha propuesto que el gobierno federal haga un compromiso nuevo.

Su sugerencia es utilizar el mismo lenguaje de una ley suscrita por el presidente Barack Obama el 17 de enero de 2014 a la que el gobierno de Puerto Rico quiso inicialmente vincular  la consulta de 2017, pero que, por una prisa inexplicable, los principales líderes del PNP echaron a un lado.

Por cierto, en noviembre de 2014, cuando El Nuevo Día lo entrevistó por vez primera sobre sus planes como presidente del Comité de Recursos Naturales para la sesión 2015-2016, Bishop no conocía de ese lenguaje.

Por año y medio, no obstante, el liderato del PNP ha ensalzado los resultados del plebiscito de 2017  – en el que la estadidad obtuvo el 97% de los votos, pero en medio de un boicot de los partidos de oposición y con una bajísima participación electoral de 23%-, y argumentado que Puerto Rico no necesitaba otra consulta para ser admitido como estado de EE.UU..

Pese a lo que le digan ellos, usted bien sabe, que la próxima – se celebre en 2019 o 2020-, tampoco será la última consulta en torno al futuro político de Puerto Rico.

De todos modos, hablemos del ‘referéndum de Bishop’.

En una carta firmada por Bishop, con fecha del 21 de noviembre  y que llegó a manos del Ejecutivo federal, el saliente presidente del Comité de Recursos Naturales – con jurisdicción primaria sobre el debate en torno al status político de Puerto Rico-. retoma la idea  de utilizar el lenguaje que presentó el entonces presidente Obama a petición del que era comisionado residente en Washington y presidente del PNP, Pedro Pierluisi, y el congresista demócrata José Serrano (Nueva York).

La portavoz de Bishop describió la carta como un borrador que se trabaja en conjunto con la comisionada residente en Washington, Jenniffer González. Pero, fuera una carta o borrador, el gobernador Rosselló ya dio su endoso a la idea.

La ley de 2014, aún vigente, establece que el Departamento de Justicia de EE.UU. puede ayudar a financiar una consulta de status, con $2.5 millones, siempre y cuando certifique que las alternativas que se presentan en la papeleta electoral y la campaña educativa que se prepare cumplen con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal. Justicia federal controlaría el mensaje de la papeleta y de la campaña. No minimice eso.

El gobierno de Ricardo Rosselló había decidido utilizar ese lenguaje para su plebiscito de 2017, que originalmente iba a ser entre la estadidad y la soberanía política de la Isla.

Pero, después de que el Departamento de Justicia estadounidense exigiera la inclusión del status territorial, por razones extrañas el gobierno de Puerto Rico decidió no esperar por la evaluación final de esa oficina. https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/elgobiernocreequecumplioconexigenciasfederalesparaelplebiscito-2329482/

El gobernador Rosselló asumió la responsabilidad de la decisión de no aplazar la consulta, aunque oficialmente fue producto de un consenso en el que participaron la comisionada González, y los presidentes del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez.

Días después del plebiscito, sin embargo, los representantes del gobierno de Puerto Rico salían con cargas largas de las reuniones del Congreso a las que trajeron los resultados. La abstención electoral había matado la posibilidad de echar hacia delante legislación. “Esto no va para ningún lado”, dijo entonces un funcionario de la Isla.

A pesar de que Bishop recomienda a Justicia federal asistir con un referéndum estadidad “sí” o “no” a base de la ley suscrita bajo el gobierno de Obama, leo algunas voces tratando de ver en la carta algún compromiso nuevo del gobierno federal. No lo es. Bishop pudo haber propuesto lo mismo el 18 de enero de 2014, el 10 de junio de 2017 o el 12 de junio de 2017.

A los electores le toca velar porque sus políticos hablen con claridad.

El gobernador Rosselló dijo en agosto de 2017 que Puerto Rico sería un estado de EE.UU. en 2022. https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/ricardorosselloaseguraqueencincoanoslaislaseraestado-2348771/

La comisionada afirmó que su proyecto de ley pro estadidad – que buscaba convertir primero a Puerto Rico en un territorio incorporado-, sería aprobado este cuatrienio. https://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/jenniffergonzalezpasarevistasobresusprimerosmesesenwashington-2345585/

Su proyecto 6246 que ha sido engavetado en el Comité de Recursos Naturales proponía que Puerto Rico fuera primero un territorio incorporado, pero a la vez creaba un Grupo de Trabajo del Congreso para estudiar los cambios de leyes que se requieren para que Puerto Rico sea estado de EE.UU. en 2021.

El anterior proyecto pro estadidad de la comisionada González, menos ambicioso y que se quería vincular con la ley federal de enero de 2014, indicaba que Puerto Rico sería un estado en enero de 2025.

A la hora de recordar lo que han dicho los políticos, es importante tener en cuenta además que tanto el fenecido presidente del PPD, Héctor Ferrer, como el pasado candidato popular a gobernador, David Bernier, respaldaron la idea de un referéndum estadidad sí o no.

A pesar de las promesas es evidente que la gente hace sus propias conclusiones.  La encuesta más reciente de El Nuevo Día reveló que el 78% de los puertorriqueños de la Isla está convencido de que con Trump en la Casa Blanca no habrá estadidad.

El gobierno de Trump, como recuerda, se encargó de tachar los plebiscitos de 2012 y 2017. Cualquier audiencia del Comité de Recursos Naturales hubiese requerido citar al gobierno de Trump. Eso no lo perdimos.

Si el plan del gobierno del PNP es volver a tratar de utilizar el lenguaje de la ley de enero de 2014 para un referéndum estadidad ‘sí’ o ‘no’ en 2020, los que atiendan el tema del status de Puerto Rico en el Congreso respirarán con alivio.

El gobierno de Rosselló habrá entendido que si cuesta arriba es lograr que el Congreso se vincule con un referéndum sobre el futuro político de Puerto Rico, más improbable es tratar de hacerlo después de echar a un lado la oferta de consultar con el Departamento de Justicia de EE.UU. las alternativas de status.