Quizá no se conocen totalmente los tentáculos que ha tenido en Puerto Rico la influyente y controvertida firma republicana DCI Group, en su esfuerzo por evitar o limitar la reestructuración de la deuda pública de la Isla.

Pero, ya es claro que han alcanzado a los partidos Popular Democrático (PPD) y Nuevo Progresista (PNP),  al parecer de formas diferentes.

Particular impacto han causado la revelaciones sobre las relaciones del presidente del PPD, Héctor Ferrer y el ex senador Roberto Prats con DCI, pues ahora se conoce que en momentos en que esa empresa de relaciones públicas y cabildeo desarrollaba la más dura campaña de descrédito en Estados Unidos en contra del entonces gobernador y líder del PPD, Alejandro García Padilla, la asesoraron.

A continuación un recuento, un poco largo, pero necesario, sobre la extensión y el contenido de la campaña desarrollada por DCI a nombre de fondos de cobertura de riesgo y otros acreedores.

Desde el verano de 2014, a través de los esfuerzos del banco Doral para reclamar un reembolso tributario que le prometió la administración de Luis Fortuño, los funcionarios de DCI han estado muy dedicados a dañar la imagen del gobierno de Puerto Rico, en beneficio, claro ésta, de sus clientes.

DCI fue contratada inicialmente para hacer presión a favor del desaparecido Doral, que reclamaba un reembolso de $229 millones que luego los tribunales decidieron no le correspondía.

AFF

Se conoce que DCI ha estado detrás del escenario por lo menos desde que en 2014 American Future Fund (AFF) – un grupo de acción política con base en Iowa-, comenzó a atacar en EE.UU. al gobernador García Padilla.

En anuncios a página completa en The Wall Street Journal y Politico, en septiembre de 2014, AFF imputó a García Padilla – quien fue presidente del PPD hasta los primeros días de 2016,  mantener una “cultura de corrupción de Puerto Rico”.

A su vez, AFF comparó el gobierno de García Padilla con los de Venezuela y Argentina y sostuvo que presentó “cargos falsos contra un banco privado (Doral) con el fin de apoderarse de los activos del banco para enriquecer compinches políticos”.

AFF – que tuvo el respaldo financiero de los hermanos Koch-, también acusó a García  Padilla de “presidir sobre  corrupción pública que ha convertido a Puerto Rico en un puente para el mercado global del narcotráfico que se origina en Venezuela”.

La intención de AFF – como indicaba su anuncio –era proclamar  que “el Puerto Rico del gobernador (García) Padilla no es un lugar seguro para la inversión”.

Poco antes, en julio de 2014, con el apoyo del cabildero y ex congresista republicano Connie Mack, colocaron a James Glassman – del grupo de estudio conservador American Enterprise Institute (AEI) y ex funcionario del gobierno de George W. Bush-, como testigo de una audiencia de un subcomité de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara baja federal sobre la crisis de deuda de Argentina. Mack fue miembro de esa comisión.

Glassman debe haber sido el primero en solicitar en una audiencia pública del Congreso el nombramiento en Puerto Rico de una “junta administrativa federal, similar a las que tuvieron a su cargo los asuntos del Distrito de Columbia entre 1995 y 2001”.
Como AFF, Glassman comparó en su testimonio las iniciativas de García Padilla con las del gobierno de Argentina, que en esos días intentaba evitar caer en el impago frente a inversionistas con los cuales había reestructurado su deuda a principios de la década pasada.

El republicano Jeff Duncan (Carolina del Sur), acogió las declaraciones de Glassman. “¿Quién quiere invertir allí  bajo ese ambiente?”, cuestionó entonces el congresista Duncan, quien, valga mencionarlo, se refirió a Argentina y Puerto Rico como “países latinoamericanos”.

Cuando Glassman fue a declarar al Congreso, el entonces comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, se disponía a presentar, por vez primera, su proyecto a favor de volver a incluir a las corporaciones públicas y municipios Puerto Rico en el capítulo de la ley federal de quiebras.

Como se sabe, tanto el ahora gobernador Ricardo Rosselló como la ahora comisionada residente en Washington, Jenniffer González, se opusieron al proyecto de Pierluisi.

Para diciembre de 2014, cuando Doral parecía que ganaría su caso, el principal abogado de Doral, Matthew McGill, en un foro en Wall Street,  advirtió además de lo difícil que le resultaba a los abogados estadounidenses tener que ir a litigar “en las cortes en que se habla en español en Puerto Rico”, como si el idioma vernáculo de la Isla representara una disminución del estado de derecho.

HISPANIC LEADERSHIP FUND

A la AFF le haría coro más adelante también Hispanic Leadership Fund, un grupo que ha  apoyado económicamente.

En declaraciones y columnas de opinión, el presidente de Hispanic Leadership Fund, Mario López, llegó a describir a García Padilla como “el nuevo Castro del Caribe”, en momentos en que el entonces gobernador hacía campaña por candidatos demócratas en Florida.

En un comunicado de prensa, López acusó a García Padilla de  “embarcarse en una campaña para destruir derechos de propiedad, cerrar negocios y hundir negocios hacia la miseria económica”.

Pero, cuando El Nuevo Día le telefoneó entonces para que explicara sus críticas, no pudo hacerlo pues alegó no tener sus notas a la mano y estar “en tránsito”, lo que arrojó dudas de si su declaración escrita expresaba su posición o simplemente respondía a una solicitud que le hicieron.

60 Plus

DCI Group trabajó también con la organización conservadora Asociación 60 Plus, que se centró en oponerse a la reestructuración de la deuda pública de Puerto Rico.

60 Plus elogió entonces la “bravura” de la entonces representante González por oponerse al proyecto 870 del comisionado Pierluisi para volver a permitir que corporaciones públicas y municipios de la Isla se acogieran al capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Por cierto, la campaña de la AFF fue recibida con duras críticas por la Asociación de Industriales de Puerto Rico. Y las expresiones del Hispanic Leadership Fund provocaron que el exgobernador Luis Fortuño renunciara a la Junta de Directores de ese organismo.

El gobierno de García Padilla repudió entonces la campaña “cobarde y falsa” de AFF. Más aún, el entonces secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Jorge Colberg Toro, describió a AFF como  “la versión moderna del Ku Klux Klan”.

Center for Individual Freedom

Cuando cobró forma el debate sobre la ley Promesa, la campaña en contra de que Puerto Rico pudiera reestructurar su deuda pasó a manos del Centro para la Libertad Individual – Center for Individual Freedom (CFIF) -, que destinó sobre $2 millones a anuncios de publicidad en contra de miembros del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja.

Como padrinos de esos grupos han estado firmas de inversiones, fondos de cobertura de riesgo y aseguradoras.

Blue Mountain, Franklin Advisors, Knighthead, Angelo Gordon, D.E. Shaw, Marathon Asset Management, y la aseguradora Assured Guaranty han sido algunas de las que han aportado al cabildeo en Washington.

En momentos en que estaba en marcha esas campañas, los populares Ferrer y Prats decidieron rendir trabajos- entre 2015 y 2016-, que fueron pagados por DCI Group.

Ferrer ha indicado que en agosto de 2015 preparó un memorando legal para DCI Group. Prats, por su parte, ha aceptado que preparó para firmas de inversiones y DCI informes sobre el tracto legislativo local de los proyectos de la quiebra criolla y la moratoria en el pago de las obligaciones del gobierno. También coordinó reuniones con sectores del gobierno, economistas y grupos privados.

Cuando llegó la jornada electoral de 2016, DCI Group y su socio Ryan Grillo, sin embargo, estaban ayudando a financiar las campañas de Rosselló y González.

Una vez el gobierno de Rosselló y la Junta de Supervisión Fiscal que controla las finanzas públicas de Puerto Rico decidieron comenzar a reestructurar gran parte de la deuda pública de la Isla, DCI y su gente han cambiado de bando.

Las fuentes de El Nuevo Día han indicado que DCI Group colaboró con la reciente ronda de reuniones que Ferrer encabezó en Washington.

Por ejemplo, habrían ayudado a coordinar una cena con representantes de grupos conservadores el pasado 18 de julio, que estuvo centrada en combatir el proyecto pro estadidad de la comisionada González.

Durante el fin de semana, Ferrer eludió confirmar o negar la reunión, bajo el argumento de que no revela estrategias de sus esfuerzos en contra de la propuesta de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EE.UU..

Pero, esta noche la Junta de Gobierno del PPD tiene la oportunidad de aclarar la controversia y requerirle a Ferrer que detalle sus contactos recientes con DCI. Entre otras cosas, puede requerirle que presente la cuenta de la cena con grupos conservadores, si es que el PPD, no DCI, fue quien pagó.

En el lado del PNP, el gobernador Rosselló dijo el viernes que puede donarle “el que quiera”, pero que es él quien toma las decisiones de política pública.

Como la comisionada González, Rosselló – y cualquier otro que haya recibido contribuciones de grupos que buscan frenar los esfuerzos para Puerto Rico reestructurar su deuda pública-, tiene la oportunidad de enviar un mensaje claro en contra de las estrategias de DCI y desvincularse de esas donaciones.

Prospectivamente, azules y rojos pueden establecer como política pública no aceptar dinero de las empresas que han buscado boicotear la posibilidad de que Puerto Rico pueda reestructurar su deuda y empezar de nuevo. No es tan complicado.