Desde hace un año las cosas cambiaron. La ilusión de gobierno propio a nivel local desvaneció, quizá por toda una década.

Con la aprobación de la ley PROMESA, en medio de una grave crisis fiscal,  el gobierno federal impuso una poderosa junta que controla las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico y abrió la puerta a un abarcador proceso de reestructuración de la deuda pública que, sumando los sistemas de retiro, ronda los $120,000 millones.

La ley hundió más a Puerto Rico en el colonialismo.

Desde que fueron nombrados hace 10 meses se han reunido públicamente en siete ocasiones.

Han preparado el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, el de cuatro corporaciones públicas,  propuesto duras  medidas de austeridad que impactarán particularmente a la Universidad de Puerto Rico (UPR), el  recorte de la deuda pública, enviado directamente el presupuesto del próximo año fiscal a la Legislatura y están listos para ordenar una reducción en la jornada laboral de los empleados públicos.

La junta  se prepara lentamente para fiscalizar el día a día de las operaciones del gobierno de Puerto Rico, acentuando el extraordinario poder que obtuvieron bajo la ley PROMESA.

Han sido particularmente secretos con los procesos de discusión interna sobre el plan fiscal y el presupuesto. Pocas veces han mostrado todas sus cartas. La información la entregan por cuenta gotas. Y no se reúnen públicamente desde hace tres meses.

Estos han sido acontecimientos relevantes de un proceso que apenas comienza:

25 de mayo de 2016.- Después de un largo forcejeo entre bonistas, autoridades de la Isla, conservadores y líderes del Congreso, el Comité de Recursos Naturales aprueba el proyecto de ley PROMESA.

8 de junio de 2016.- El presidente Barack Obama reúne en el Despacho Oval a los demócratas puertorriqueños de la Cámara baja federal para pedirles apoyo a la legislación. El único que estaba en contra, el congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois), mantiene su rechazo a la legislación.

9 de junio de 2016.- La Cámara de Representantes de EEUU aprueba el proyecto PROMESA, en votación de 297 a 127.

29 de junio de 2016.– El Senado ratifica, con 68 votos a favor y 32 en contra,  la legislación PROMESA.

30 de junio de 2016.- El presidente Barack Obama convierte la medida en ley, acabando con la ilusión de gobierno propio y abriendo la puerta a un abarcador proceso para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico.

31 de agosto de 2016.- El presidente Obama nombra a los siete miembros con derecho al voto en la junta. El gobernador Alejandro García Padilla designa a su representante, Richard Ravitch.

30 de septiembre de 2016.-  La junta se reúne públicamente por vez primera, en el edificio Alexander Hamilton de Nueva York, en los alrededores de Wall Street. Seleccionan como presidente a José Carrión III, colocan bajo el control de la junta a casi todo el gobierno de la Isla y establecen el proceso para nombrar el director ejecutivo, el consejero legal y el oficial de revitalización. Piden al gobernador presentar el plan fiscal de largo plazo.

14 de octubre de 2016.- El gobernador Alejandro García Padilla presenta un cuadro tétrico de las finanzas del gobierno de Puerto Rico, al declarar ante la junta y decir que el déficit puede llegar a los $59,000 millones en la próxima década.

18 de noviembre de 2016.- Reunidos en el hotel El Conquistador, la junta desembarca en Puerto Rico y descarta aprobar el plan fiscal del gobernador Alejandro García Padilla. Dice que el plan fiscal no puede contar con nuevas asignaciones federales.

28 de noviembre de 2016.- El gobernador Ricardo Rosselló designa a Elías Sánchez, quien fue su director de campaña, como representante ante la junta federal, donde tendrá voz, pero no voto.

18 de enero de 2017.- La junta le escribe al gobernador Ricardo Rosselló para pedirle recortes de $3,000 millones en el presupuesto, nuevos recaudos que sumen $1,500 millones y proponer una reducción de $3,000 millones en el servicio de la deuda. Los recortes a la UPR serían de $300 millones.

28 de enero de 2017.- La junta extiende la moratoria para el cobro de deudas hasta el 1 de mayo, y la fecha para el gobernador Ricardo Rosselló presentar su plan fiscal. Nombra a Ramón Ruiz Comas director ejecutivo interino.

13 de marzo de 2017.- En reunión pública, la junta federal aprobó con enmiendas el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, que advierte sobre la posibilidad de una reducción de jornada, la eliminación del bono de Navidad y un recorte de 10% en las pensiones.

23 de marzo de 2017.- La junta anuncia el nombramiento de la ex ministra de Finanzas de Ucrania Natalie Jaresko como directora ejecutiva, con un salario anual de $625,000 que aún sigue recibiendo críticas.

31 de marzo de 2017.- Se celebró la sexta reunión pública en San Juan para la junta escuchar testimonios sobre desarrollo económico.

20 de abril de 2017. El gobierno de Puerto Rico trabaja en un plan que le recortaría a la UPR $500 millones en una década.

28 de abril de 2017.– En su séptima sesión pública, en Nueva York, la junta federal aprobó resoluciones que adoptan los planes fiscales del BGF, la Autoridad de Carreteras, la AAA y la AEE.

1 de mayo de 2017.- Vence el freno en la litigación judicial.

3 de mayo de 2017.- La junta pide la bancarrota judicial a través del título III de la ley PROMESA. Puerto Rico se convierte en la primera jurisdicción estatal en EEUU en irse a la quiebra.

5 de mayo de 2017.- El juez presidente del Tribunal Supremo de EEUU, John Roberts, nombra a la jueza Laura Taylor Swain para dirigir el nuevo tribunal de bancarrota territorial creado por la ley PROMESA.

8 de mayo de 2017.- La junta le establece al gobernador y a los presidentes legislativos el calendario de aprobación del presupuesto.

18 de mayo de 2017. Primera audiencia en San Juan sobre la bancarrota judicial, presidida por la jueza Taylor Swain.

2 de junio de 2017.- La junta somete directamente el presupuesto del gobierno de Puerto Rico a la Legislatura, después de evaluar la propuesta del gobernador.

16 de junio de 2017.- La junta advierte sigue vigente la posibilidad de reducir la jornada laboral de los empleados públicos y eliminar el bono de Navidad.

22 de junio de 2017.- Enfrascados en una pugna la junta y el gobernador sobre la posibilidad del recorte a la jornada laboral de los empleados públicos y la eliminación del bono de Navidad. El gobernador dice que la junta no puede ordenar el recorte de jornada. Pero, el recorte de jornada y la eliminación del Bono de Navidad, ha sido parte del plan fiscal certificado por la junta federal.

25 de junio de 2017.- La Legislatura aprueba el presupuesto, que deberá ser examinado y certificado por la junta federal, que es la que tiene, como establece la ley PROMESA, la última palabra.