PROMESA subrayó, sin titubeos, la fuerza del poder colonial de Estados Unidos sobre Puerto Rico. Como expresión del Congreso, estableció una nueva etapa en la tropezada historia de casi 119 años entre ambos países. La era de la colonia ‘plus’.

En los próximos días, por vez primera, se puede tener un atisbo de como interesa atender este debate el gobierno del presidente Donald Trump.

El domingo vence el período que se dio el gobierno de Ricardo Rosselló para aguardar a ver si el secretario de Justicia de EEUU, Jeff Sessions, quiere intervenir en una consulta de status legislada en San Juan.

Gente cercana al gobierno de Rosselló, en privado, dicen que no se explican por qué desde el punto de vista de un gobierno pro estadidad que debió tener interés en vincular por lo menos al gobierno de Trump en el proceso las cosas se hicieron de este modo. Es decir, en vez de consultar con el Departamento de Justicia de EEUU las definiciones de las alternativas de status, han querido obligar a Sessions, muy conservador y ex senador por Alabama, a responder en dos meses a un plebiscito ya ordenado en San Juan.

El Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), por su parte, ha considerado que tratar de ganar el visto bueno del Departamento de Justicia de EEUU era un error, ante la posibilidad de que el gobierno federal saliera en defensa de su alternativa de siempre, el status territorial.

Conviene recordar de qué se trata este proceso.

A petición del entonces comisionado Pedro Pierluisi y el congresista demócrata boricua José Serrano, el presidente Barack Obama incluyó en 2013 en su proyecto de presupuesto un lenguaje que permitía asignar $2.5 millones a la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para un referéndum dirigido a resolver el debate sobre el futuro político de Puerto Rico.

El lenguaje  – similar al que fue impulsado también en el 2000 por Jeffrey Farrow, entonces copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de Bill Clinton-, fue incluido en un proyecto de presupuesto que fue aprobado en enero de 2014. La intención ha sido que el Secretario de Justicia de Estados Unidos determine si la papeleta con las definiciones de status y la campaña educativa de un próximo plebiscito de status legislado en la Isla con la idea de “resolver” el debate de status, cumple con las normas constitucionales, legales y de política pública del gobierno federal.

El gobierno de Alejandro García Padilla le dio vueltas y vueltas al asunto, pero como ocurrió también durante el gobierno de Sila María Calderón prefirió dejar sobre la mesa reglamentar una nueva consulta de status a pesar de tener también la mayoría en la Legislatura de Puerto Rico.

Aunque durante las primarias Ricardo Rosselló y Jenniffer González prometieron promover un proyecto de admisión de Puerto Rico como estado en el Congreso sin que hubiese otra consulta local de por medio, terminaron por aferrarse al mismo plan de status de Pierluisi.

Tan pronto el Partido Nuevo Progresista (PNP) asumió en enero el control del gobierno, decidió aprobar la convocatoria a un plebiscito entre la estadidad y la soberanía política (independencia o libre asociación).

La comisionada González había sometido el 4 de enero un proyecto que impulsa la admisión de Puerto Rico como estado 51, pero que aguarda por  la celebración del plebiscito de junio. De todos modos, en los tiempos de una junta de control fiscal que solo puede existir bajo el status territorial, la intención del proyecto de la comisionada González – que aún no tiene coauspiciador-, es que la estadidad sea efectiva en enero de 2025.

Para entonces, confían en que la junta de control fiscal impuesta por el Congreso – que estará en vigor por lo menos hasta 2023-, haya dejado de funcionar.

El secretario Sessions asumió su puesto el 9 de febrero. Dos semanas después, el gobernador Rosselló entregó las definiciones del plebiscito de status al subsecretario interino de Justicia, Dana Boente. En marzo, el secretario de Estado de Puerto Rico, Luis Rivera Marín, terminó el proceso al enviar a Justicia federal el material de la campaña educativa que realizaría la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Mientras pasan los días ni la Casa Blanca ni la oficina de Sessions han querido responder preguntas sobre el tema, al tiempo que crece el cabildeo del gobierno de Puerto Rico a favor del plebiscito y los esfuerzos del Partido Popular Democrático (PPD) ante el Departamento de Justicia federal en contra.

A finales de marzo, los líderes del subcomité de Asignaciones de la Cámara baja que supervisa los gastos de Justicia federal, el republicano John Culberson  (Texas) y el demócrata boricua José Serrano (Nueva York), solicitaron al secretario Sessions que libere ya los $2.5 millones.

En el Congreso, sin embargo, solo una pequeña minoría de legisladores federales ha estado verdaderamente informada del lenguaje incluido en el estatuto de enero de 2014 para vincular al secretario de Justicia de EEUU con la consulta.

Como buen ejemplo está el hecho de que en noviembre de 2014, justo cuando se le otorgaba la presidencia del Comité de Recursos Naturales de la Cámara baja – con jurisdicción primaria sobre la Isla-, el primer sorprendido de la existencia de ese lenguaje fue el congresista republicano Rob Bishop (Utah).

Bajo ese contexto es que llega la carta que verdaderamente ha revoloteado el avispero.

Ocho senadores republicanos, incluido el presidente del Comité de Asignaciones, Thad Cochran (Misisipi), han escrito a Sessions para que no valide la consulta, debido a la exclusión del “Commonwealth”, la traducción que se le da al Estado Libre Asociado y que en el español nuestro de cada día significa el actual status territoria/colonial.

Cochran era el republicano de más rango en el Comité de Asignaciones del Senado cuando el lenguaje de los $2.5 millones se aprobó. Pero, desde 2015 es el que controla la comisión a través de la cual se coló la idea de vincular al Secretario de Justicia de EEUU con un próximo plebiscito dirigido a resolver el status.

Con la carta, los populares obviamente han dado un golpe fuerte al gobierno del PNP. Sobre todo, si Sessions decide no actuar o impugna el diseño de la consulta.

Entre los seguidores del partido de gobierno, la reacción inicial fue tratar de disminuir la misiva, pues ciertamente muchos legisladores federales se solidarizan con peticiones de sus colegas sin profundizar en sus consecuencias y en este caso  pueden haber respondido a la solicitud de un antiguo aliado del PPD, el senador Roger Wicker (Misisipi), quien es ahora el presidente del comité electoral de los republicanos del Senado.

Pero, ¿cuánto daría el PNP por una carta de ocho senadores republicanos apoyando la idea de convertir a Puerto Rico en el estado 51 de EEUU?

Nunca ha ocurrido. Y en un caucus republicano que ahora tiene 52 senadores, ocho republicanos pidiendo incluir el ELA como opción es un número significativo.

Por supuesto que la carta de los senadores lo que hace es acentuar que la relación colonial ha sido la preferencia de Washington. Y en ese sentido, PROMESA es ahora el mejor ejemplo.