El proceso ha sido lento. Pero, sus consecuencias eran ineludibles.

Ocho meses y medio después de su aprobación, los efectos de la ley PROMESA dejan de ser mera teoría y a partir de mañana se hacen realidad.

La Junta de Supervisión Fiscal – que de supervision solo tiene el nombre-, ha ido más allá de diseñarle al gobernador Ricardo Rosselló el tamaño de la casa. Ha hecho exigencias que hacen claro que puede decidir hasta los muebles que el gobierno puede tener.

La sentencia de la junta se conocerá en la sesión publica que han convocado para mañana en Nueva York, la cual tiene consecuencias históricas. Puede compararse a los momentos en que la Cámara baja  (9 de junio de 2016) y el Senado estadounidense (29 de junio) aprobaron la ley PROMESA, que creó la junta federal que controla las decisiones fiscales del gobierno de Puerto Rico y ofrece la oportunidad de reestructurar una deuda pública de poco más de $69,000 millones.

También con la primera reunión del 30 de septiembre en que la junta, desde el tiro, sacó sus palancas y comenzó a colocar las dependencias del gobierno bajo su control.

Desde entonces, la junta ha solicitado informes financieros, escudriñado las cuentas del gobierno y solicitado planes fiscales a los gobernadores Alejandro García Padilla y Ricardo Rosselló, los cuales ha rechazado.

En una carrera contrarreloj, la junta escuchaba ayer los últimos pedidos del gobierno de Puerto Rico.

Pero, en busca de atajar un déficit fiscal de $7,600 millones, la junta ha pedido recortes que se acercan a los $3,000 millones anuales y nuevos recaudos por $1,500 millones. Parece haber aceptado la propuesta del gobernador para recortar por lo menos en un 15% las pensiones a los jubilados que reciben un cheque del gobierno de más de $2,000 mensuales.

La idea de la junta, además, es reclamar un recorte de 79% en el servicio de la deuda pública (lo que no es lo mismo que recortar la deuda pública en un 79%).

Ya ha dirigido además al gobernador Rosselló hacia la idea de ordenar recortes en los subsidios a la Universidad de Puerto Rico (en por lo menos $300 millones), los municipios ($350 millones) y entidades privadas ($100 millones).

La semana pasada, al advertir de una falta de liquidez que puede hacerse efectiva el 1 de julio, solicitó además la reducción hasta en un 20% de la jornada de los cerca de 150,000 empleados del gobierno, cortar los contratos en hasta un 50% y otro recorte de $150 millones en la UPR, entre otras cosas.

Mañana, las propuestas de la junta se convierten en mandato.

Por primera vez en seis décadas, la última palabra a nivel local sobre como ordenar el presupuesto, proyectos de ley con impacto fiscal, cualquier futura emisión de bonos  y contratación que supere los $100,000, no la tienen funconarios electos.

A partir de mañana, todas esas decisiones la tomarán los siete miembros de la junta federal nombrada por el presidente de EEUU y producto de un poco usual acuerdo bipartidista.

Hay consenso entre los economistas y la clase política de que la magnitud de los recortes y la prisa de la junta en ponerlos en vigor, puede generar una contracción económica y una emigración aun mayor. El premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz ha advertido que puede haber una caída de la economía típica de un país agobiado por una guerra civil.

Por medio de la ley PROMESA habrá junta federal sobre los funcionarios electos hasta que el gobierno logre cuatro presupuestos balanceados y acceso a mediano y largo plazo a los mercados financieros,

Si se otorga un plazo de tres años – hasta junio de 2020-, para equilibrar el presupuesto,  quiere decir que la junta estará en funciones por lo menos hasta el verano de 2024. Cada incumplimiento obligará a volver a empezar.

Con una simple votación mañana sobre el plan fiscal, el nuevo régimen puede convertir el plan fiscal en su primera ley. Aún bajo el sistema colonial, será impresionante verlos ejercer su poder, por encima del gobernador y de la Legislatura.