Cuando el presidente Donald Trump habló de imponerle un impuesto en la frontera a las manufactureras que se llevan sus productos fuera de Estados Unidos, pareció cobrar fuerza, en alguna medida, la idea del speaker Paul Ryan de establecer algún nuevo pago de peaje de empresas estadounidenses que hacen negocios en el exterior.

Últimamente, la propuesta anda difuminada, lo que debe llamar la atención de las autoridades del gobierno de Puerto Rico y la industria privada, que en este momento han planificado reaccionar a ese posible impuesto con la búsqueda de incentivos especiales para la Isla como parte del programa de de zonas de desarrollo económico en áreas afligidas.

El domingo, el senador republicano Lindsey Graham (Carolina del Sur) dijo a CBS que “la Cámara de Representantes habla de un plan contributivo que no va a obtener 10 votos en el Senado”.

Hace unos días, el grupo conservador American for Prosperity – fundado y en gran parte financiado por los hermanos multimillonarios Koch-, anunció el inicio de una campaña en contra de la propuesta del speaker Ryan. Llevarán la campaña a los distritos de un grupo de legisladores.

“Se trata de un impuesto de $1.2 billones (trillions en inglés) durante los próximos 10 años que va ser particularmente doloroso para los que menos pueden afrontarlo. Nos oponemos en términos filosóficos. Nos oponemos por el impacto devastador que va a tener sobre muchos estadounidenses”, indicó Brent Gardner, responsable de los asuntos de gobierno de la American for Prosperity, según publicó Bloomberg.

En su página de internet, American for Prosperity sostuvo además que aunque la propuesta de recortar la tasa tributaria corporativa es positiva – el presidente Trump ha hablado de reducirla al 15% o 20%-, “un aumento en los impuestos de $1 billón sobre los consumidores no es la forma de pagar por ello”.

Por ser grandes importadores de combustible, se dice que a los Hermanos Kock la idea les perjudicaría. Ellos dicen que beneficiaría sus negocios locales.

No hay un proyecto aun del presidente Trump. Y la mayoría republicana de la Cámara baja federal no ha radicado su legislación. Pero, las diferencias internas entre los republicanos – sin hablar de los demócratas que tienen poder de veto en el Senado-, son fundamentales.

Ryan quiere imponer el impuesto en la frontera a todo producto que llega a EEUU. Su plan impediría a las empresas, según expertos, deducir del pago de impuestos el costo de importar suministros. Pero, sí permitiría deducir gastos, como salarios, de los que producen con suministros hechos en EEUU.

Los críticos del plan temen un alza en el costo de muchos productos. Los defensores dicen que es la mejor manera de pagar por la reducción de impuestos que quieren los republicanos y Trump.

El presidente Trump, sin embargo, se ha expresado a favor de un impuesto en la frontera como un disuasivo para las empresas que prospectivamente se lleven sus manufactureras fuera de EEUU, no para las que ya hacen negocios en el exterior.

Y en el Senado, el liderato republicano, incluido el presidente del Comité de Finanzas, Orrin Hatch (Utah), no está comprometido con la idea o algunos la han rechazado, como Graham y su colega David Perdue (Georgia).

Tanto el Wall Street Journal como The Washington Post han indicado que el plan de Ryan pudiera ser una medida proteccionista sujeta a ser sancionada por la Organización Mundial de Comercio (OMC).

Tras la eliminación de la sección 936 del Código de Rentas Internas federal, las autoridades del gobierno de Puerto Rico y el sector privado andan en búsqueda de alguna medida tributaria que incentive la inversión en la Isla. Desde principios de la década pasada, las iniciativas han estado centradas en mejorar el tratamiento a las corporaciones de control foráneo. Ninguna ha tenido éxito en medio del ambiente anti paraísos fiscales que terminó de acabar con las 936.

Ahora, la Coalición del Sector Privado ha decidido apoyar los esfuerzos de la comisionada residente Jenniffer González a favor de incentivos para la inversión en Puerto Rico por medio de las zonas de desarrollo económico en jurisdicciones pobres, lo que incentivaría a las CFCs a establecerse como empresas domésticas estadounidenses en la Isla. Los miembros de la coalición estuvieron la semana pasada en Washington e indicaron que en este momento están detrás de la propuesta de González, que aún no ha sido detallada ni transformada en legislación. Pero, indicaron que tampoco han abandonado el concepto de las CFCs, a quien el gobierno de Puerto Rico les impone un arbitrio sobre las ventas que representa cerca de $1,900 millones del fondo general.

Todavía falta conocer el contenido de la reforma contributiva que impulsará el presidente Trump, las iniciativas concretas de Ryan y de la comisionada González.  Pero, las críticas al impuesto en la frontera que hacen senadores republicanos y grupos conservadores, han dado un vuelco al debate y reafirmado cuan complicado es lograr que el Congreso acuerde una reforma contributiva.