En 2016 – con algunas muy pequeñas excepciones-, ya no se pone en duda que EEUU, a pesar de permitir un muy limitado gobierno local, nunca ha dejado de mantener un sistema colonial en Puerto Rico. Los que tienen dudas deben leer la ley llamada PROMESA, que colocó a siete funcionarios no electos a tomar decisiones fiscales fundamentales por encima del gobierno local.

Oscar López Rivera ha cumplido 426 meses de cárcel (35 años y seis meses) en prisiones estadounidenses debido principalmente a sus vínculos con la Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN), que utilizó la violencia para denunciar el colonialismo en Puerto Rico, y un intento de fuga. El FBI nunca lo relacionó con alguno de los atentados de la FALN.

Solo por asociación sigue preso, cumpliendo una condena que, de acuerdo al secretario de Justicia de Puerto Rico, César Miranda, supera el doble del tiempo promedio que suelen cumplir en EEUU los convictos de asesinato.

Cuando ocurrió el atentado más conocido, en la Franceus Tavern de Nueva York en enero de 1975 y en el que murieron cuatro personas, López Rivera ha asegurado que estaba en Puerto Rico, participando de una reunión de la Iglesia Episcopal en Isabela.

“Si las agencias federales tuviesen una huella digital mía asociándome con cualquier cosa en que haya habido muertos, estuviera sentenciado a cárcel de por vida. Ellos saben dónde yo estaba”, dijo López Rivera, en una entrevista con El Nuevo Día el pasado jueves.

Como a una docena de prisioneros políticos, el presidente Bill Clinton le ofreció clemencia en 1999. En su caso, debía esperar una década para quedar en libertad.

López Rivera, sabiendo las consecuencias, la rechazó en 1999 porque no incluyó a dos de sus colegas y desconfiaba de la promesa de libertad. Cuando sus dos compañeros ya estaban libres, en 2011, López Rivera solicitó clemencia al presidente Barack Obama.

Más de cinco años después, por lo menos hasta la semana pasada, su caso no había llegado al escritorio del presidente Obama. La Casa Blanca, el viernes, todavía refería cualquier pregunta al Departamento de Justicia de EEUU, donde se radican las peticiones de clemencia.

Ante la Casa Blanca está en marcha, sin embargo, una petición de su programa “We the people”, por el cual el presidente Obama se compromete a dar una respuesta sobre asuntos que se le plantean si se recogen 100,000 o más firmas. (https://petitions.whitehouse.gov/petition/president-obama-free-oscar-lopez-rivera-he-ends-his-term-president).

La petición vence el 11 de diciembre y al comenzar el día de hoy tenía sobre 85,000 firmas. Faltaban menos de 15,000 firmas.

Piénselo bien. ¿No se merece López Rivera y la opinión pública una respuesta? Una simple respuesta. Quizá ni es una respuesta concreta. Lo fácil sería no decir nada y dejar el asunto en manos del próximo presidente de EEUU, ante el cual habría que volver a iniciar el proceso. Pero, con 100,000 firmas, algo tendrán que decir.

Si López Rivera no recibe clemencia ahora, cuando está a punto de cumplir 74 años, pudiera tener que esperar hasta 2023. Para entonces habrá cumplido 42 años de cárcel y tendría 80 años. ¿Qué beneficio tiene para la sociedad que esté en prisión seis años más?

Si el gobierno de EEUU estaba dispuesto a liberarlo en 2009. ¿Cuál es el argumento para dejarlo aún en prisión? ¿Castigarlo por ser solidario con sus colegas o por actos cometidos por otros?

Oscar López Rivera hecho que claro que la violencia ya no es una opción. Y su sentencia no guarda proporción con los delitos que se le imputaron.

John Hinckley, quien intentó asesinar al presidente Ronald Reagan, a quien hirió, y dejó paralítico al secretario de Prensa, James Brady, y causó heridas a dos agentes, estuvo 35 años en instituciones hospitalarias, cómo parte de su sentencia. Hace tres meses quedó en libertad.

No importa de qué lado mire el caso de López Rivera, no puede taparse el hecho de que el sistema federal entendió en agosto de 1999 que 28 años y dos meses de cárcel eran más que suficientes.

Ha cumplido siete años y cuatro meses más.