Si tras concluir la fiesta quedaba música, con el volumen bajo, la junta federal que controla los asuntos fiscales del gobierno de Puerto Rico ha ordenado que se apague para el 31 de enero.

Los que mandan en el tema fiscal local, han puesto fecha límite para establecer la hoja de ruta de la próxima década, que comenzará con recortes de presupuesto antes de dar tijera a la deuda.

Si el gobierno de Puerto Rico no presenta un plan bien explicado sobre cómo cuadrar el presupuesto durante los próximos 10 años, la junta lo escribirá por sí sola.

En su tercera reunión y la primera en Puerto Rico. los siete miembros de la junta con plenos derechos, uno por uno, hicieron claro el viernes que los recortes van primero.

No es un secreto que la junta ha estado bajo presión tanto del Tesoro federal como del liderato republicano del Congreso, particularmente de la oficinas que más cercanas estuvieron al debate sobre la ley PROMESA.

Ahora comienzan las grandes decisiones, que marcarán el país, y a mucha gente vulnerable, por los próximos años.

La filosofía promovida por los republicanos del Congreso, cuyo liderato siempre pidió recortar y reformar primero el gobierno de Puerto Rico, pudo haber estado claramente establecida por Andrew Biggs, el miembro de la junta que trabaja para el grupo conservador American Enterprise Institute (AEI) y es experto en sistemas de pensiones públicas.

Como se escuchó decir durante los últimos 15 meses a líderes republicanos, como los senadores Orrin Hatch – presidente del Comité de Finanzas-, y Charles Grassley – presidente del Comité de lo Jurídico – y al speaker Paul Ryan durante el debate sobre la ley PROMESA, lo primero son recortes y reformas del gobierno, dijo Biggs.

Los miembros de la junta anunciaron que el plan fiscal a largo plazo del gobierno de Puerto Rico requiere ser enmendado. Como está va a ser rechazado, pues hace demasiado supuestos sobre iniciativas federales que están, en el mejor de los casos, frenadas – como una mejora significativa en los fondos de Medicaid-, y en el peor de los casos engavetadas, como la paridad en los programas de salud.

Además, la junta considera, según fuentes cercanas a todo el proceso, que el plan de la administración García Padilla no explica cómo poner en marcha los recortes y la reorganización del gobierno de Puerto Rico.

El gobernador García Padilla podrá someter una versión revisada de su plan a más tardar el 15 de diciembre.

La junta volverá a reunirse públicamente a mediados de enero y espera certificar un plan para el último día de ese mes.

El gobierno de Ricardo Rosselló que jurará en su puesto el 2 de enero tiene poco tiempo para influenciar a la junta.

Bajo el calendario establecido por la autoridad fiscal federal, un aplazamiento de la fecha en que vence la paralización de demandas judiciales por el cobro de deuda del gobierno de Puerto Rico parece inminente. Bajo la ley PROMESA, el freno en las demandas vence el 15 de febrero. Pero, caso a caso, la junta puede aprobar una extensión de 75 días.

No es real pensar que las negociaciones con los acreedores se van a poder concretar entre el 1 y el 15 de febrero. Difícilmente también para finales de abril. La AEE, al son de más de $50 millones, lleva negociando más de dos años y solo tiene un acuerdo preliminar con la mayoría de sus bonistas.

Si los recortes tienen que empezar esta primavera, para hacerle frente a un problema de liquidez, la hora cero será a partir de febrero. Si la orden es recortar para el próximo año fiscal, el principio del verano se convierte en la fecha determinante.

Cualquier intención del gobierno de Rosselló de  oficializar un préstamo de los acreedores para evitar la insolvencia del gobierno, deberá esperar a febrero.   El plan fiscal antes que todo, recordó Ana Matosantos, exdirectora de Finanzas del gobierno de California y la única mujer en la junta.

Rosselló ha insistido en que su plan no incluirá despidos y que los recortes de gastos que impulsará “garantizarán el servicio público”.

En la sesión del viernes, José Ramón González, quien fue presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo gobiernos de Rafael Hernández Colón, sostuvo que no es la intención de ellos “gobernar”. Se referirá a los detalles, pues la última palabra sobre el equilibrio entre recortes y reestructuración de deuda la tomarán ellos.

González también puntualizó uno de los asuntos que algunas veces se pasa por alto cuando se escucha hablar a los políticos. Dijo que nadie debe pensar que la junta federal va a estar menos de cinco años en vigor. Otras voces, como la del exgobernador Luis Fortuño, han dicho que la junta puede funcionar toda una década.

“No es realista pensar que este proceso va a culminar en menos de cinco años”, sostuvo González, presidente del Federal Home Loan Bank de Nueva York.

Hay otro hecho que también llamó la atención de la reunión de la junta del viernes. Como adelantaban miembros del Congreso, autoridades de la Isla y representantes de la industria privada, los miembros de la junta reconocieron que en este momento no se puede prever asistencia económica en camino de parte de Washington.

En reuniones de la semana pasada, el liderato del Congreso ha llegado a advertir que el capital político de la mayoría republicana fue utilizado con la aprobación de la ley PROMESA y que ahora la bola está en la cancha de Puerto Rico.

De esa forma, hay consenso de que están descartadas en este momento y en duda para más adelante, iniciativas abarcadoras – como la paridad en Medicaid-, sobre todo si va a costarle al erario estadounidense. Las reglas de juego cambiaron con la elección de Donald Trump.

Hay apertura, no obstante, para extender plenamente a Puerto Rico el crédito federal contributivo por niños dependientes (CTC), lo que puede inyectar $160 millones a la economía puertorriqueña. En ese caso, el dinero va directo a la gente, como reembolso, y, según ha dicho la congresista Nydia Velázquez (Nueva York), el Grupo de Trabajo del Congreso sobre Desarrollo Económico en Puerto Rico tiene que buscar como compensar su costo.

Algunas otras iniciativas son posibles en diciembre. Pero, no se pueden dar por seguras.

Tras la reunión del miércoles del Grupo de Trabajo, del cual es parte, la congresista Velázquez dijo que se preparará lenguaje legislativo para principios de diciembre, a ver si es posible también insertar en alguna legislación pendiente acceso a los subsidios que reciben personas de ingresos bajo la parte D de Medicare e iniciativas para asistir a pequeños negocios.

Sume y reste.

De cinco a 10 años de junta federal.

Recortes a corto plazo.

Restructuración de deuda, lo que supone procesos que pueden llegar a los tribunales y extenderse varios años.

Y limitada o ninguna asistencia económica federal en el horizonte.

Dieron la notificación y esperan por acuse de recibo.