Esta noche hay un nuevo debate entre los candidatos a gobernador. Esté atento porque el ganador siempre tendrá influencia sobre los asuntos de Puerto Rico como máximo funcionario electo de la Isla.

Pero, el verdadero proceso de transición está en marcha y cobró forma el 14 de octubre de 2016, 25 días antes de la jornada electoral.

Ese día el gobernador Alejandro García Padilla entregó a la junta federal que controla los asuntos financieros de Puerto Rico sus proyecciones sobre el déficit y el interés en enfrentarse a la crisis fiscal por vía de una abarcadora reestructuración de la las obligaciones de deuda y sin duras medidas austeridad que pongan en riesgo los servicios básicos del gobierno.

El proceso de transición quedó encaminado, pero corre mucho más lento de lo que lo nadie pudo haber imaginado la primavera pasada.

Vamos atrás cuatro meses.

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó el 9 de junio el proyecto PROMESA que impone la junta federal y profundizó el colonialismo en Puerto Rico.

El Senado estadounidense lo ratificó el 29 de junio. Y al otro día el presidente Barack Obama lo convirtió en ley, oficializando la decisión del gobierno federal de profundizar el colonialismo en Puerto Rico, tachando poderes constitucionales del gobernador y la Legislatura. Con la firma de la medida, el presidente Obama acabó de matar la ilusión de gobierno propio a nivel local – aunque siempre ha sido dependiente del Congreso y la Constitución estadounidense-, llamada Estado Libre Asociado.

En esos días, el presidente del Comité de Recursos Naturales, el republicano Rob Bishop (Utah), pronosticaba que la junta estaría en funcionamiento en septiembre.

Ciertamente, sus siete miembros con derecho al voto – cuatro republicanos y tres demócratas-, fueron nombrados el 31 de agosto. Estaban en sus puestos para el 1 de septiembre.

Pero, se trata de siete funcionarios que tienen trabajos independientes y que solo pueden sacar unas horas de su calendario para manejar la tarea de gobernar los asuntos fiscales de un país, los temas que deciden casi todo.

Su primera reunión oficial fue el 30 de septiembre. Allí  oficializaron la selección de José Carrión III como presidente, colocaron bajo su jurisdicción a todo el gobierno – lo que aclararon dos semanas después-, y ordenaron al gobernador presentar su plan fiscal el 14 de octubre.

También indicaron que a partir del 30 de octubre   – lo que quedó claro también el pasado viernes- el gobierno de Puerto Rico, el actual y el próximo, deberán rendirle cuentas semanales a la junta sobre sus gastos e ingresos.

La segunda reunión del grupo fue el viernes 14 de octubre. Allí recibieron el informe fiscal del gobernador, y pidieron planes fiscales independientes a seis dependencias: las autoridades de Energía Eléctrica (AEE), Acueductos y Alcantarillados (AAA), y Carreteras y Transportación; el Banco Gubernamental de Fomento (BGF); la Universidad de Puerto Rico; y la Corporación  para Supervisión y Seguro de Cooperativas (COSSEC).

Pero, entonces, Carrión anunció que quizá no será hasta mediados de enero que la junta pueda terminar el proceso de búsqueda del director ejecutivo, el funcionario que va a correr el trabajo del día a día de la nueva autoridad fiscal que funciona por encima del gobierno del electo de Puerto Rico.

Esa realidad pone en entredicho las oportunidades de hacer recortes fiscales, como parecen preferir voces republicanas de la junta, o impulsar procesos de negociación voluntaria sobre la reestructuración de obligaciones que rondan los $69,000 millones,  antes de que comiencen a vencer las fechas del freno en la litigación judicial para el cobro de deudas del gobierno de Puerto Rico.http://www.elnuevodia.com/noticias/politica/nota/mascomplicadollegaraacuerdos-2251930/

Sin una extensión en las fechas de la moratoria, la alternativa sería llevar los procesos de reestructuración ante un juez federal o una avalancha de demandas judiciales en diversos foros.

Esta semana, la junta anunciará la empresa que estará a cargo de recomendar candidatos para el puesto de director ejecutivo, el nuevo administrador de la Isla y gerente de la nueva capa de poder entre el Congreso y el gobierno boricua.

Carrión ha indicado que idealmente debe ser una persona que domine tanto el español como el inglés, aunque no ha cerrado la puerta a candidatos que no hablen castellano.

Los republicanos de la Cámara baja intentaron impulsar el tándem de Carrión como presidente y Bill Cooper – el principal redactor de la ley PROMESA y asesor del congresista Bishop sobre este asunto-, para la dirección ejecutiva. Pero, por un lado, sectores del Tesoro creen que el director ejecutivo debe ser una persona aceptable para el Partido Popular Democrático (PPD), después de haberse escogido a Carrión – recaudador y donante de fondos principalmente para republicanos y líderes del Partido Nuevo Progresista (PNP)-, como presidente de la junta.

Y por el otro, la realidad es que en Puerto Rico el idioma común es el español- tanto en el gobierno como en los medios de comunicación-, lo que debe requerir que el director ejecutivo pueda mantener una conversación en la lengua vernácula de la Isla.

El lento proceso de transición hace además evidente que el control real será ejercido sobre el próximo gobernador. La junta lo verá a mediados de noviembre, cuando finalmente desembarque en Puerto Rico. (Sí, llegarán por avión).

Al gobernador García Padilla le ha tocado la amargura, como creyente de eso que describen el ‘estadolibrismo’, de la decisión del gobierno de EEUU de desnudar la colonia y ponerle niñera al gobierno de la Isla.

Pero, el lento proceso de transición hace evidente que el control real – sea por un quinquenio o toda una década-, será ejercido sobre el próximo gobernador, sea uno que esté dispuesto a pagar toda la deuda solo renegociando los plazos o uno que proponga recortarla pagando inicialmente solo los intereses.

Carrión ha advertido que las empresas que pueden buscar el director ejecutivo les han requerido casi tres meses para ese proceso.

Aunque el calendario de trabajo permite esperar por la elección del nuevo gobernador y su toma de posesión, no se olvide, que la última decisión corresponde a la junta.