El presidente Barack Obama anunció esta semana los nombramientos de los siete nuevos ‘gobernadores’ de la Isla.

Desde distintos puntos de Estados Unidos y Puerto Rico  van a decidir por los próximo años – quizá durante una década -, los asuntos fiscales y financieros de la Isla, que abarcan la abrumadora mayoría de las decisiones de un gobierno. Pronto, pondrán el día a día de los trabajos del gobierno bajo el tutelaje de un director ejecutivo.

Aunque la junta federal de control fiscal tiene la encomienda de atender la crisis financiera y de deuda pública,  su entrada en funciones tiene el efecto inmediato de profundizar la crisis colonial, al hacer oficial la decisión de arrebatarle al gobierno electo de la isla las decisiones últimas sobre sus asuntos fiscales.

En términos generales, en el Partido Nuevo Progresista (PNP) parece haber satisfacción con los nombramientos.

En el Partido Popular Democrático (PPD),  no obstante, temen que signifique, en alguna medida, un retorno del gobierno de Luis Fortuño.

Por lo menos, lo relacionan con las designaciones de Carlos García, expresidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) bajo el gobierno de Fortuño, y José Carrión III, abogado experto en seguros que es cuñado del comisionado Pedro Pierluisi y activo en la dirección del Partido Republicano de EEUU en la Isla.

Es un hecho la buena relación que tiene Fortuño con el speaker Paul Ryan. Pero, el exgobernador dijo en San Juan esta semana que se limitó a dar opiniones cuando fue consultado, sin cabildear a favor de nadie.

Y aunque ahora hasta promotores de la ley PROMESA critiquen algunos nombramientos, se sabía que la composición de la junta sería de cuatro personas recomendadas por los republicanos y tres por los demócratas. El octavo integrante, por decisión del gobernador Alejandro García Padilla, es el exvicegobernador de Nueva York Richard Ravitch, quien tendrá voz, pero no voto en las reuniones.

Los tres congresistas demócratas boricuas, por su parte,  hicieron advertencias importantes a los miembros de la junta, que a mediados de mes deben recibir el nuevo plan fiscal a largo plazo del gobierno de Alejandro García Padilla.

“Si bien se deben tomar decisiones difíciles, estoy segura de que podemos encontrar soluciones positivas para la isla, sin hacer daño a los pensionados, los niños, las familias trabajadoras y los residentes más vulnerables de Puerto Rico”, indicó la congresista Nydia Velázquez (Nueva York).

Mientras, el congresista José Serrano (Nueva York) volvió a advertir que ignorar el problema del status, impedirá tomar decisiones a largo plazo sobre iniciativas de desarrollo económico. “Un cambio en el status representará el estímulo económico más importante para la economía de la Isla”, indicó Serrano.

El congresista Luis Gutiérrez (Illinois), por su parte, envió una carta a los miembros de la junta federal para oficialmente pedirles transparencia y que los trabajos y documentos se hagan disponibles tanto en español como en inglés.

Los puertorriqueños, indicó, “merecen conocer lo que sucede en las reuniones, qué partes interesadas tienen acceso a sus miembros, y que políticas públicas se imponen sobre ellos”.

Por ser una junta nombrada por el gobierno federal, financiada por el de Puerto Rico, pero que no le tiene que rendir cuentas a nadie en la Isla, lo menos que debe haber – sobre un asunto que puede decidir el futuro económico de tanta gente-, es apertura y transparencia. La misma que, valga recordar, el gobierno federal le ha reclamado al de Puerto Rico.

El aspecto del control está muy claro.

La transparencia no subsanará que se haya hundido más a la Isla en el colonialismo, pero – tome nota la junta-, pues debe ayudar a todos a entender el proceso.