En el análisis sobre el reconocimiento que ha hecho con más fuerza que nunca el gobierno federal, durante los últimos seis meses, en torno a la situación colonial de Puerto Rico, no debe escaparse el hecho de que no hay propuesta de Washington para ir hacia delante en el debate sobre el futuro político.

Por el contrario, el proyecto 5278 que impone una junta federal de control fiscal por encima del gobierno  electo de Puerto Rico obliga a la Isla a mantener un status colonial PLUS mientras estén en marcha procedimientos de quiebra que tienen su base en la cláusula para territorios de la Constitución de EEUU.

El Tribunal Supremo de EEUU advirtió el jueves claramente que la fuente de poder de la Isla está en el Congreso, por lo menos para fines de la cláusula constitucional contra la doble exposición por cargos criminales. Desde las ramas políticas se lleva un cuarto de siglo afirmándolo de forma aislada.

Para completar el círculo ha faltado el pleno del Senado estadounidense, que suele huirle al debate de status. Ahora parece que pueden ponerse de acuerdo.

Pienso que lo más importante de los acontecimientos recientes en torno a la situación colonial de la Isla no es lo que dicen seis jueces del Tribunal Supremo de EEUU, pues se puede prestar a argumentaciones y controversias de hecho diferentes, sino la acción directa y contundente del gobierno del presidente Obama y la Cámara baja.

Si el Senado completa el trámite del proyecto 5278 sin cambios importantes que impidan a la Cámara baja federal volver a revisarlo rápidamente,  se habrá consumado, no con teorías jurídicas sino con acción concreta la determinación del gobierno federal de quitarle a la Isla la limitada autonomía alcanzada hace seis décadas.

Pero, a la gente no debe escapársele que todo el sistema que crea el 5278 está supeditado al poder del Congreso sobre los territorios.

Cuando la subprocuradora general Nicole Saharsky expresó ante el Tribunal Supremo el 13 de enero pasado que EEUU tiene el poder para – cuando le venga en gana-, pasar por encima  de la Constitución de Puerto Rico-, no hablaba en un vacío.

su jefe, el procurador general Donald Verrilli ya había afirmado en diciembre, en la argumentación por escrito del caso Sánchez Valle, que el poder del Congreso sobre el territorio puertorriqueño incluía la autoridad para decidir los asuntos de bancarrota.

Para que duela más la herida, hasta el senador independiente por Vermont  Bernie Sanders, después de hacer campaña en San Juan en contra de la colonia, propone un referéndum de status que incluye entre las alternativas la continuación del status territorial. (Por cierto, ofrece también un proceso hacia la estadidad que los militantes del PNP hubieran querido conocer antes de la primaria de la Isla).

De una u otra forma, mi punto es que no puede haber cambio de status bajo el 5278, a menos que se quieran romper los procesos de reestructuración que autoriza y la junta federal de control fiscal haya dejado de existir.

El viernes, el exgobernador Luis Fortuño  – que sigue teniendo fuertes contactos con la mayoría republicana del Congreso-, dijo a WKAQ que calcula que la junta federal de control fiscal estará activa por una década. Si señor, una década.

No escuché a nadie en el debate del jueves sobre el 5278-, más allá de los congresistas demócratas boricuas José Serrano, Nydia Velázquez, Luis Gutiérrez y el comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi -, proponer ahora un cambio de status. Los cuatro demócratas boricuas del Congreso  – quizá por vez primera al unísono-, reclamaron desde el hemiciclo de la Cámara baja federal acabar con el status colonial. Pero, en  el pleno cameral nadie más acogió ese llamamiento.

Dos aliados de los estadistas – Don Young y Raul Labrador-, han advertido que mientras esté vigente la crisis fiscal, la estadidad o un cambio de status no van a estar sobre la mesa.
“Con los problemas que tiene Puerto Rico ahora, nadie puede venir a pedir la estadidad. Eso es imposible que suceda en este momento”, dijo el puertorriqueño Labrador el pasado 15 de abril.

La respuesta de Washington al plebiscito de 2012, el cual los estadistas dicen que ganó la estadidad y en el que claramente se reclamó el fin del status territorial, fue advertirle a Puerto Rico que lo tenían que intentar otra vez.

La respuesta a la crisis fiscal y de deuda pública, al crear una herramienta para reestructurar las obligaciones financieras de la Isla, ha sido la colonia PLUS.