Con las limitaciones que normalmente tiene formar movimientos amplios y  generar consensos, importantes grupos de la diáspora puertorriqueña buscan crear una verdadera coalición nacional en Estados Unidos de la comunidad boricua.

Por supuesto, no representan ni seguramente podrán representar a todo el universo de la diáspora en EEUU, pero buscan establecer un grupo que tenga la mayor diversidad posible.

Dicen que han invitado a todos, aunque sean por el momento, en términos de los funcionarios electos, líderes demócratas de la diáspora.

No es un secreto que la amplia mayoría de los boricuas en EEUU se identifican con los demócratas, pero hay voces republicanas, sobre todo en Florida que idealmente pudieran estar presentes.

Durante este fin de semana, en Nueva York, tuvieron su segunda ‘cumbre’, tras sentar las bases para su fundación en octubre pasado en Orlando, Florida.

Junto a los mensajes sobre la crisis fiscal hubo discusiones sobre temas que persiguen ser parte de una agenda más amplia, como la defensa del ambiente, la situación de la industria de la salud, el fortalecimiento del activismo a nivel local, los derechos de la comunidad LGBTT y los veteranos.

La tarea más urgente y complicada de la Agenda,  a corto plazo, es lidiar con la legislación 4900 de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que busca imponer una junta federal de control fiscal por encima del gobierno de Puerto Rico, que a su vez pueda ordenar procesos de reestructuración de la deuda, por medio de negociaciones o la vía judicial.

Los grupos participantes en la cumbre de Nueva York de la diáspora boricua están de acuerdo en que el proyecto de ley del liderato republicano cameral no es aceptable en estos momentos.

En las discusiones de la conferencia convocada por el Centro de Estudios Puertorriqueños y que tuvo lugar viernes y sábado en la escuela de Trabajo Social de Hunter College, en el antiguo barrio boricua de Harlem, pareció  haber un genuino descontento con la imposición de una junta federal de control fiscal que funcione como una nueva capa de supervisión colonial sobre el gobierno de Puerto Rico.

Hay consenso en rechazar, por la falta de garantías sobre las posibilidades de conservación, la transferencia al gobierno de Puerto Rico de las cerca de 3,100 acres de los antiguos terrenos militares estadounidenses en Vieques. Y en objetar el poder de la posible junta sobre proyectos de emergencia que permitan violentar normas ambientales.

Pero, van a esperar a ver el producto final de la legislación – si es que se logra un acuerdo en el Congreso-, antes de asumir una posición formal.

Independientemente de lo que decida el Congreso, la Agenda Nacional Boricua reconoce que para Washington la crisis económica de Puerto Rico no se convirtió en  un tema de importancia hasta que las firmas de inversiones les dijeron  a los congresistas que temían no poder cobrar su dinero.

La Agenda va intensificar la organización de la diáspora de cara al proceso legislativo federal sobre la crisis fiscal de Puerto Rico y las elecciones presidenciales y legislativas  estadounidenses de noviembre.

En ese sentido, la Agenda Nacional considera convocar, quizá para junio,  a un nuevo esfuerzo de cabildeo en Washington en relación al proyecto 4900 presentado en la Cámara de Representantes, que ha quedado en el limbo tras el rechazo de conservadores republicanos al lenguaje que otorgaría a una junta federal de control fiscal – que funcionaría por encima del gobierno de Puerto Rico-, amplios poderes para reestructurar la deuda pública de Puerto Rico.

Con el respaldo de sus funcionarios electos, se van a centrar  priemero en eventos simultáneos de educación y registro de electores el próximo 27 de mayo en Ohio, Florida y Pensilvania, indicaron José López Rivera, Gretchen Sierra Zorita y Brenda Torres,  portavoces de la Agenda.

Con la ayuda de influentes grupos ecuménicos, piensan que pueden inscribir hasta 250,000 nuevos electores boricuas para que voten en noviembre.

Más allá de la presión que se puede hacer en estados claves de las presidenciales, como Florida, Pensilvania y Ohio – con una significativa población boricua-, la elección del Senado también es relevante, indicó López Rivera.

Con una mayoría republicana de 54-46 en estos momentos, quien controla el Senado puede decidirse en las contiendas por escaños republicanos en Florida (el que deja Marco Rubio), Ohio (Rob Portman), Pensilvania (Patrick Toomey) e Illinois (Mark Kirk). “Le podemos crear un problema a los republicanos”, dijo López Rivera, director ejecutivo del Centro Cultural Puertorriqueño, en Chicago.

“No nos olvidaremos quién estuvo con nosotros por Puerto Rico. Si nos ignoran hoy pagarán en los centros de votación”, indicó, por su parte, la congresista demócrata Nydia Velázquez, al dirigirse el sábado a una asamblea de la Agenda Nacional Puertorriqueña, en el Federal Hall, en el corazón de Wall Street.

La Agenda Nacional Puertorriqueña va a convocar además a una “cumbre nacional” para el 24 de julio en Filadelfia, en la víspera del inicio de la convención presidencial demócrata.

“Esa cumbre va a permitir adoptar una estructura para dirigir todo este esfuerzo”, dijo López Rivera, director ejecutivo del Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago.

Al otro día, la idea es llevar a cabo una manifestación en contra de los planes de imponer más colonialismo en Puerto Rico por medio de una junta federal de control fiscal. La movilización coincidiría con el 118 aniversario de la invasión estadounidense de Puerto Rico y los 64 años de la vigencia de la Constitución del ‘Estado Libre Asociado’, que  queda más disminuida que nunca.

“Vamos también a poner presión sobre los fundos mutuos para que dejen de poner sus inversiones en las firmas que están vinculadas a la crisis fiscal de Puerto Rico”, indicó la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, quien habló de que – como parte de las demandas al gobierno federal para que atienda la crisis fiscal de la Isla-, debe considerarse la desobediencia civil.

Los líderes boricuas consideran que se sientan las bases para un movimiento de organización dentro de la diáspora nunca visto. “Estamos escribiendo nuestro ‘West Side Story’, pero ésta vez son nuestras propias palabras”, indicó el congresista demócrata Luis Gutiérrez (Illinois).

“Esta crisis nos ha unido”, reconoció el congresista demócrata José Serrano (Nueva York), quien envió a Puerto Rico el mensaje de que “no nos olvidamos de ustedes”.

Hay un tema que logró unanimidad en Nueva York entre los funcionarios electos boricuas, que tienen su propio caucus dentro de la Agenda, y las organizaciones cívicas que lideran el esfuerzo: el reclamo por la excarcelación del prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, quien cumple el próximo 29 de mayo 35 años en cárceles estadounidense debido a su militancia en el grupo clandestino Fuerzas Armadas de Liberación Nacional (FALN).

En septiembre se llevará a cabo una movilización frente a la Casa Blanca y el “Concierto por la Libertad” dedicado a Oscar López Rivera.

“Es la primera cosa concreta en que el caucus de funcionarios electos estamos de acuerdo”, dijo el congresista Gutiérrez, en referencia a una decisión tomada por alrededor de tres decenas de funcionarios electos boricuas en Estados Unidos.

Pronto, necesitarán también asumir una posición clara sobre la idea de que el gobierno federal pueda imponer una junta de control fiscal sobre la Isla y borrar el limitado espacio de democracia que se conoce en el archipiélago boricua.  El asunto es demasiado serio, como para dejarlo borroso.