Desde antes de pisar La Habana, los  republicanos pedían al presidente Barack Obama que hiciera más demandas a favor  de la democracia en ‪‎Cuba.

Con respecto a Puerto Rico, en medio de la crisis fiscal y de deuda pública que arropa a la Isla, el plan republicano de la Cámara de Representantes va por el camino contrario: a los boricuas de la Isla le quieren reducir más la  limitada democracia que tienen.

El borrador de legislación que prepara el Comité de Recursos Naturales propone crear una junta federal de control fiscal con poderes absolutos sobre el presupuesto y para decidir qué dependencias del gobierno recomienda llevar a los tribunales para tratar de ordenar un proceso de reestructuración de la deuda.

Junto a la creación de la junta y su director ejecutivo, que puede saltarse las decisiones de la Legislatura y el gobernador en torno a los temas fiscales, crean la figura de gerente u oficial de reestructuración que puede abrogarse la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de los departamentos del gobierno.

Alarman de un solo golpe a políticos y bonistas. Y al gobernador – ni al actual ni al próxim@- no le dejan ser ni jef@ de gabinete o secretari@ de la Gobernación.

Por si acaso, amenazan a los funcionarios del gobierno con cárcel de un año y/o multa de $1,000, si desobedecen a la junta.

El título del proyecto es “Promesa”. Suena a nuevo movimiento político.

Y en cierta medida, si se aprobara esa propuesta, crearía una nueva relación política. Devuelve a la Isla a los tiempos del gobierno militar tras la invasión de 1898. Bajo la Ley Foraker de 1900, por lo menos los puertorriqueños tenían una cámara de delegados que participaba de las decisiones del gobierno estadounidense.

Independientemente de lo que usted piense  sobre el sistema colonial actual y lo mucho que le enoje el desempeño de los que han gobernado la Isla, no hay duda de que por lo menos el Congreso autorizó, después de enmendarla como quiso, la adopción de una Constitución que permite a los residentes de Puerto Rico formar gobierno para determinar sus asuntos locales.

Con la junta que propone la jefatura del Comité de Recursos Naturales – como la que antes sugirieron senadores republicanos encabezados por Orrin Hatch (Utah), y el borrador que el Tesoro trató de aprobar en diciembre pasado-, aquí se acaban los paños tibios. Los ‘gringos’ vuelven a controlar todo. Todo.

Si usted todavía quiere ir a votar por un gobernador y legisladores en noviembre, sepa que estarán allí básicamente para algunas de las tareas más asociadas a un funcionario municipal: aprobar los nombres de calles, recoger la basura y enviarle resoluciones de felicitaciones a sus vecinos.

Los que vinieron de San Juan a Washington pedir asistencia tienen una nueva respuesta de lo que significa una intervención federal.

A los que fueron al Congreso a combatir el capítulo 9 de la ley federal de quiebras, le ofrecen un remedio que puede resultar en una reestructuración abarcadora de la deuda, pero dictada por la junta imperial.

Hay estadistas entre los que se opusieron al capítulo 9 que ahora se quejan de que el Congreso ofrezca una reestructuración basada en la cláusula para territorios.

Se opusieron a la alternativa que es cónsona con la estadidad, pero critican que le pueden alargar la colonia por medio de un procedimiento de bancarrotas territorial.

Quizá todo el mundo ahora comience a cruzar los dedos para que nada se apruebe en el Congreso y que el presidente Barack Obama, convencido de que se han agotado los esfuerzos legislativos, busque una solución urgente, pero menos ofensiva.