Ahora que se organizan los debates de los precandidatos y candidatos a Gobernador, deben dejar espacio para integrar de alguna forma al próximo jefe de la junta fiscal si el gobierno federal termina por imponer una nueva autoridad para amarrar el cinturón y controlar el presupuesto  de Puerto Rico.

Me parece bien que Pedro Pierluisi y Ricardo Rosselló tengan múltiples debates televisados, pues en última instancia uno de los dos será el presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP) a partir del 6 de junio.

Ahora, después de las primarias, en términos de los candidatos a Gobernador y cómo se deben manejar los próximos presupuestos del gobierno Puerto Rico, las preguntas pueden tener que reservarse para los miembros de la junta federal. Es un secreto a voces que desde la propia Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes federal han comenzado a pedir nombres.

Y a menos que el Congreso opte por algún mecanismo de responsabilidad compartida, los demócratas del Senado lo frenen si no permite una reestructuración abarcadora de la deuda o los republicanos más conservadores terminen bloqueando cualquier intervención, los vientos que soplan desde Washington apuntan a pensar en la posibilidad de que los miembros de esa junta sean la nueva esfera de poder en el tema fiscal.

El republicano Sean Duffy (Wisconsin) es autor del menos duro de los proyectos de junta federal de control fiscal, pues permite al gobierno de Puerto Rico decidir si quiere pasar por la vergüenza de quitarse a sí mismo el poder para tener la decisión última sobre el manejo de sus ingresos locales.

La medida del senador republicano Orrin Hatch (Utah), como hemos indicado antes, no cree necesario andar con rodeos. En el caso del proyecto 2381 de Hatch, el Congreso y el presidente de EEUU, como han hecho desde hace más de un siglo, deciden y se acabó.

Duffy dijo a El Nuevo Día en diciembre que su intención con la junta es permitir que se arregle la situación fiscal, y que para ello la nueva autoridad debe tener el poder final sobre presupuestos y los planes fiscales, mientras se permite reestructurar la deuda de las corporaciones públicas. Pero, rechazó entonces que la junta asuma las tareas chiquitas de un legislador.

“No me importa el nombre que la Legislatura le quiera dar a un parque, no quiero que el Consejo de Estabilidad Financiera (el nombre que le daría a la junta federal de control fiscal) se meta en eso. Lo diseñé para que se limitara a la recolección de los impuestos, finanzas y presupuesto”, dijo entonces Duffy.

Es decir, el nombre que le dan a los parques, las calles y cual hueco de la carretera se tapa primero, eso se lo seguirán permitiendo decidir al gobernador y los legisladores que elijan los residentes de Puerto Rico en noviembre.

A pocos, creo, hay que convencer en estos momentos de que la situación colonial de Puerto Rico nunca se alteró con la adopción de la Constitución del Estado Libre Asociado. Pero, en camino a un pleno gobierno propio, sin duda de que ha sido menos indigno la apertura a que el pueblo pueda elegir sus representantes y decidir en gran medida como administra el gobierno local. (Lo mal que lo han hecho los dos partidos que se han turnado el poder en los últimos años es otro asunto).

La crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico es muy seria. Hay consenso de que es urgente reestructurar. Y las penurias van a ser compartidas por todos.

Pero, impacta la actitud de inevitabilidad con la cual la clase política y la misma sociedad civil pueden recibir la nueva autoridad federal. ¿Se ha presionado lo suficiente al gobierno del presidente Obama para que busque una solución ejecutiva?

Como si Puerto Rico hubiese ejercido su libre determinación – nunca el Congreso ha hecho una oferta vinculante con alternativas de status para la Isla-, la agenda parece ir dirigida a tratar la crisis fiscal como si fuera el problema financiero de una ciudad.

En una entrevista con Bond Buyer en noviembre pasado, el exjuez de quiebras de la ciudad de Detroit (Michigan) Steve Rhodes describió lo que ahora parece ser la ruta que quiere seguir el gobierno federal. “”Achicamos la democracia de forma significativa”, pero cuando el proceso terminó “se la devolvimos (a los funcionarios de la ciudad) y les dijimos que era su responsabilidad hacerla funcionar. Eso es lo que promuevo para Puerto Rico”, indicó entonces Rhodes.

Cierto que hasta los amigos de los estadistas – como Jeb Bush y Don Young-, les dicen que hay que atender la crisis fiscal primero. Cierto, que el Partido Popular Democrático (PPD) aún tiene líderes hablando solos en San Juan a favor de una alternativa intermedia entre el territorio y la libre asociación que ningún político en Washington reconoce. Y cierto que hoy no hay apoyo a la plena independencia.

Pero, los puertorriqueños han reclamado un cambio en la relación política con EEUU.

Si el proceso hacia la creación de una junta federal para manejar el aparato fiscal de Puerto Rico  no va a tomar en cuenta esa realidad, su efecto – además de tener el potencial de convertir en irrelevantes la elección del Gobernador y los legisladores estatales en noviembre en la Isla -, puede ser el fortalecimiento del coloniaje.

Por el momento, eso parece claro. Tan claro como la posición sobre la naturaleza colonial del ELA que ha esbozado la oficina del Procurador General de Estados Unidos.