Jacob Lew, secretario del Tesoro de Estados Unidos, estuvo ayer en San Juan para exhortar a redirigir los esfuerzos de amplios sectores de la isla sobre la crisis fiscal hacia una nueva etapa de presión y cabildeo en el Congreso a favor de un proceso de reestructuración de gran parte de la deuda pública de Puerto Rico.

Los gobiernos de EEUU y Puerto Rico parecen coincidir en que el Congreso tiene un pequeño período de tiempo para actuar, y que lo que está sobre realmente sobre la mesa es la creación de una junta federal de control o supervisión fiscal, que si se hace como los republicanos quieren le arrebatara al Gobierno de la Isla el control sobre su presupuesto y planes fiscales.

Lew quiere que el gobierno y la sociedad civil de Puerto Rico vuelvan a presionar con fuerza al Congreso.  No precisó, sin embargo, cómo el gobierno del presidente Obama percibe que una junta de supervisión fiscal pueda respetar la limitada autonomía local  y cual sería su rol sobre el presupuesto de la Isla.

La teoría del gobierno de Puerto Rico es que el problema de liquidez explota a más tardar en junio.

Si para entonces el Congreso no ha autorizado un mecanismo para reestructurar por lo menos parte de la deuda, la presión inevitablemente quedará otra vez frente a la Casa Blanca, aunque el secretario Lew haya intentado redirigirla ahora hacia los legisladores federales.

En su jornada de ayer en la Isla, Lew dijo a El Nuevo Día que el status territorial no le otorga a Puerto Rico herramientas para atender plenamente la crisis. Y ha insistido en que como territorio, los problemas de fondo de Puerto Rico los tiene que resolver el Congreso.

Entre medio de sus reuniones – en las que se enfrentó también a las frustraciones de sectores de la sociedad que critican que el gobierno de Obama reconozca una “crisis humanitaria”, pero deje toda la acción en manos del Congres0-, tuvo un breve encuentro con periodistas:

¿Por qué su visita?

-Vine aquí porque la situación es urgente. Vine a hablar con un amplio sector de líderes de Puerto Rico, en el gobierno y fuera del gobierno, para asegurar que escucho de ellos directamente y asegurar que juntos subrayamos la urgencia  y la necesidad inmediata de acción. Esto no es un caso en el que esperar puede ayudar. La espera lo que va a hacer es tornar las cosas más complicadas, desordenadas y costosas. Sabemos que Puerto Rico, para poder pagar sus deudas el 1 de enero, tuvo que hacer cosas que moralmente es equivalente al impago y en algunos casos dejó de pagar cuentas. Esto no puede seguir de forma indefinida sin causar más dificultades. Cuando hay insolvencia, hay necesidad de reestructurar, la necesidad de supervisión y de que los datos económicos generen acción lo más pronto posible. Estoy aquí porque los tres meses dados por el speaker para el Congreso actuar, deben ser significativos y denotan urgencia. Es el momento de actuar.

¿Cómo diferencia una junta federal de supervisión fiscal de la junta federal de control fiscal que propone el GOP?

-He tratado de ser muy claro de que reestructuración y supervisión tienen que caminar juntos. Pero, la supervisión se tiene que hacer de cierta forma que respete el sistema de autogobierno. Eso no tiene que estar en conflicto con una supervisión exhaustiva. La supervisión tiene que ser diseñada en cierta forma que sea respetuosa. Hemos tenido extensas conversaciones con miembros del Congreso, con gente en el gobierno de la Isla y pienso que eso se puede lograr. Hay un camino ahí, pero no se puede hacer empujando hacia el lado el sistema de gobierno de la Isla.

¿Quién tiene la decisión final sobre presupuesto y planes fiscales, el gobierno de Puerto Rico o la junta federal?

-Los retos de organizar un proceso de supervisión es asegurar que es exhaustivo y hecho con respeto. La realidad es que se tienen que tomar acciones duras, y francamente se están tomando acciones duras. Tener un mecanismo que asegure que las acciones tomadas coinciden con los retos, es importante, en términos de persuadir a las partes interesadas a que hagan lo que tienen que hacer y en términos de alcanzar las metas. Creo que podemos trabajar juntos para encontrar un mecanismo que logre eso, de forma tal que sea respetuoso del gobierno de Puerto Rico.

¿Puede ser responsable el gobierno federal de la deuda, a raíz de la posición asumida por el Procurador General ante el Tribunal Supremo de EEUU? (La oficina del Procurador General ha acentuado que Puerto Rico sigue subordinado a los poderes plenarios del Congreso, que es la fuente de soberanía de la Isla).

-Creo que hemos hecho claro que no va a haber un rescate financiero federal. La reestructuración es la  alternativa al rescate financiero. Tiene que haber una reestructuración para que los asuntos financieros de Puerto Rico puedan retornar a un camino sostenible, para que puede retornar a un camino de crecimiento. La meta es lograr un mejor camino para el futuro. Pienso que una solución que traiga a todos los acreedores a la conversación lo más pronto posible es la mejor forma de reencaminar el crecimiento económico de Puerto Rico. Hemos sido claros, consecuentemente, que en esta administración, la posición del presidente es que la libre determinación de Puerto Rico en torno a su sistema de gobierno propio es algo que él y nosotros seguimos creyendo, como cuestión de principios. Nuestra solución en el lado financiero, tiene que estar basada en los números y que traiga a todas las partes a la mesa, para resolver el problema… Yo expreso la política pública de la administración, el Procurador General, obviamente, hace argumentos legales. Mis posiciones reflejan la visión de la administración.

¿Pueden tomar medidas administrativas?

-He sido muy claro que no dejaremos de levantar piedras en busca de cosas que podemos hacer tanto en términos administrativos y de nuestra autoridad para tatar de lograr progresos hacia la solución de este problema. Pero, también he sido muy claro que aun utilizando todas las herramientas que tenemos, no seríamos tan efectivos como acción del Congreso. No hay una solución (independiente) a la acción del Congreso que pueda traer a la conversación en un tiempo adecuado a todos los acreedores y todas las partes interesadas. Por eso el momento de actuar es ahora y sería un error pensar que puede haber un plan B que se acerque a ser tan efectivo. Es demasiado fácil, decir ‘vamos a dejar a otros resolver el problema’. No hay alternativa a la acción congresional, en términos de lograr una solución duradera y que evite un largo proceso de penurias en la Isla. Haremos lo que podamos. Pero, lo que podemos hacer no se acerca a lo que sería suficientemente productivo.​

PD: El contenido de las preguntas está resumido.