El gobierno del presidente Barack Obama acaba de enviar el mensaje más claro de que constitucionalmente la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos nunca se ha alterado desde la invasión estadounidense de 1898.

En su argumento escrito en torno al caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, que se discutirá en una audiencia oral del Tribunal Supremo de Estados Unidos el próximo 13 de enero, el Departamento de Justicia federal advirtió que en lo que respecta a la cláusula de doble exposición, el llamado Estado Libre Asociado (ELA) no tiene la soberanía que se le otorgó no solo a los estados, sino que siempre han tenido las tribus indias de Estados Unidos.

“El Congreso no ha evidenciado intención de revocar la autonomía local que le confirió al gobierno de Puerto Rico. Pero, como cuestión constitucional,  Puerto Rico permanece como territorio sujeto a la autoridad del Congreso bajo la cláusula territorial”, indica el argumento escrito, que encabeza el procurador general, Donald Verrilli.

Por aquello de no dejar de dar un golpe a los estadistas, la opinión del Departamento de Justicia federal – cuyo número tres ha sido el copresidente del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico-, ignora olímpicamente el plebiscito criollo de noviembre de 2012.

“Los residentes de Puerto Rico han votado varias veces sobre la búsqueda de un cambio de status, pero no han buscado ni la estadidad ni la independencia de Estados Unidos”, agrega, al citar el informe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre la Isla.

En el caso Puerto Rico versus Sánchez Valle, Luis Sánchez del Valle es el principal acusado. Se le imputaba en la jurisdicción puertorriqueña vender sin licencia un arma de fuego y municiones, además de portar ilegalmente un arma de fuego. Ya había sido convicto a nivel federal por los mismos hechos. En hechos relacionados, el caso está consolidado con el de Jaime Gómez Vázquez.

En una votación 6-3, el Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que por la Isla ser un territorio de Estados Unidos, su soberanía está en manos del Congreso, por lo que aplica a los acusados en la jurisdicción federal la protección en la corte estatal en contra de la doble exposición a un delito basado en los mismos hechos.

En una opinión disidente, la jueza asociada Anabelle Rodríguez consideró la decisión de la mayoría como una más de carácter “ideológica que jurídica” y afirmó que ese caso  va  “a la médula de la legitimidad de nuestro sistema político y del Estado de derecho”.
En noviembre, en un argumento escrito, el gobierno de Puerto Rico, mantuvo que debido a la adopción de su propia Constitución, en 1952, las autoridades puertorriqueñas tenían una fuente de poder distinta a la federal para presentar cargos criminales contra ciudadanos.

“La ley de Puerto Rico emana de la autoridad delegada por el pueblo de Puerto Rico, que llevó a cabo un ejercicio de soberanía popular en 1952 al adoptar su propia Constitución, estableciendo su propio gobierno para adoptar sus propias leyes. El Estado Libre Asociado de Puerto Rico es una criatura del pueblo de Puerto Rico, no del Congreso. Ese punto resuelve el caso”, indica el argumento escrito, sometido a nombre del secretario de Justicia, César Miranda, por el abogado Christopher Landau, de la firma Kirkland & Ellis.

El procurador Verrilli rechaza el argumento de soberanía estatal del ELA. “El acuerdo (llamado ELA) puede ser revisado por el Congreso, y los funcionarios federales y de Puerto Rico entendieron que la adopción de la constitución por parte de Puerto Rico no alteraba su status constitucional. La última fuente de poder soberano en Puerto Rico sigue siendo Estados Unidos”, indica Verrilli, al advertir que el status actual no se trata de un pacto “irrevocable”.

Aunque reconoce que el Congreso autorizó al gobierno de la Isla ejercer control sobre los asuntos locales, recuerda que desde 1994 – durante la presidencia de Bill Clinton-, la Oficina del Consejero Legal de Justicia federal advirtió que no puede crearse un territorio con soberanía que cumpla con las normas constitucionales estadounidenses.

La misma posición, sostiene, ha sido validada por los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.

“La autoridad plenaria del Congreso sobre los territorios federales incluye la autoridad de permitir gobierno propio, por el cual los funcionarios locales administran los asuntos internos del territorio…Puerto Rico ejerce una autonomía local significativa, con grandes beneficios para su pueblo y Estados Unidos. Pero, permanece un territorio bajo la soberanía de Estados Unidos y sujeto a plena autoridad del Congreso”, agrega.

El procurador Verrilli afirma que dentro del territorio estadounidense, la Constitución de Estados Unidos considera tres soberanías: los estados, Estados Unidos y las tribus indias. En el caso de las tribus, añade, su reconocimiento como comunidades políticas soberanas estaba reconocida desde antes de la fundación de Estados Unidos.

La posición de Justicia federal es una reafirmación del problema que tiene para el Partido Popular Democrático (PPD) tratar de insistir en que el status territorial puede ser mejorado manteniéndose dentro del sistema constitucional estadounidense.

Los reformistas- conservadores del PPD han confiado en la “irrevocabilidad” de los acuerdos del 52. Pero, cada vez con mayor fuerza, la respuesta federal es que el debate no es si el poder legislativo federal se ejerce en Puerto Rico en un 100% o en un 80%. La base del problema es que quien decide unilateralmente cuándo y cómo ejercerlo es el Congreso estadounidense, que – como el gobierno del presidente Obama-, ya le había dicho al país que si quieren adelantar el debate de status tienen que volver a organizar en San Juan otra consulta. La de 2012 simplemente la ignoran.

Lo próximo es la audiencia oral del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que se cree tendrá una decisión durante la primavera.