Cuando un funcionario del gobierno del presidente Barack Obama anunció a finales de noviembre de 2013 la creación de una subcomisión dentro del Grupo de Trabajo sobre Puerto Rico para intensificar el examen sobre las finanzas de la Isla, afirmó que la intención era trabajar “desde la propia oficina del gobernador”.

Después se esforzaron por clarificar los comentarios.

Ricardo Rosselló, precandidato a gobernador por el Partido Nuevo Progresista (PNP), por su parte, dijo hace unos días que si es el próximo gobernador de Puerto Rico su plan es iniciar una transición para que el jefe de gobierno de la Isla no tenga como residencia La Fortaleza.

Son cosas distintas, pero vienen a la mente tras conocerse los proyectos republicanos para crear alguna junta federal cuyos miembros sean designados por el presidente de EEUU, vivan en San Juan o Washington, y tengan el poder de asumir el total control de las finanzas de la Isla. ¿Terminarán en La Fortaleza?

Por medio del proyecto 2381 del senador Orrin Hatch (Utah), se entierra cualquier argumento de que el proceso de 1950 a 1952 alteró a nivel local el balance de poderes entre Puerto Rico y Washington. Como dice la introducción del proyecto, 117 años y medio después de la invasión estadounidense siguen considerando a Puerto Rico como una mera posesión.

Con el proyecto 4199 del congresista republicano Sean Duffy (Wisconsin), se coloca al país en la disyuntiva de que sus funcionarios electos acepten que sus responsabilidades van a ser sustituidas por personas que no han sido electas por sus constituyentes.

En el caso de Duffy, los cinco miembros de su Consejo de Estabilidad Financiera serán residentes o tendrán negocios en Puerto Rico.

Bajo el proyecto Hatch, la ironía es tremenda. Son seis miembros, tres residentes de Puerto Rico, pero entre los tres que no vivan en la Isla estará el secretario del Tesoro, con dos votos, cuestión asegurar de que los que más se afectan por el problema fiscal no sean mayoría.

Por medio del proyecto Duffy, el Consejo de Estabilidad Financiera asumiría el pleno control del presupuesto, los planes fiscales y los recaudos. Duffy piensa que se entremete menos con la Isla que lo que fue la junta de control impuesta en Washington D.C.  “No me importa el nombre que la Legislatura le quiera dar a un parque, no quiero que el Consejo de Estabilidad Financiera se meta en eso. Lo diseñé para que se limitara a la recolección de los impuestos, finanzas y presupuesto. Ahí es que está el problema”, dijo Duffy a El Nuevo Día.

Duffy ha descrito, sin embargo, el proyecto de Hatch como un rescate financiero, lo que considera descarta que pueda ser aceptado por los republicanos de la Cámara baja federal. El Congreso se ha expresado en contra de otorgar rescates financieros, por lo que la asignación de $3,000 millones va a ser difícil de tragar para los republicanos.

Los proyectos avivan las batallas internas en los dos partidos principales de Puerto Rico.

Aunque se justifique porque aún está inmerso en la negociación con el Congreso, a sectores en el Partido Popular Democrático (PPD) les choca que el gobernador Alejandro García Padilla haya reaccionado con suavidad. “Ningún puertorriqueño debería aceptar una junta de control fiscal con tantos poderes sobre Puerto Rico como confiere el proyecto del senador Hatch a cambio de básicamente una asignación de fondos que lo que único que persigue es asegurar el pago a los bonistas a corto plazo, dejando a la suerte otras iniciativas para considerar en el futuro”, indicó el presidente del Senado, Eduardo Bhatia, quien no es considerado un ‘soberanista”’.

Desde el punto de vista de un soberanista, el comentarista e historiador Néstor Duprey afirmó que “es un salvavidas de alambres de púas, que plantea la recolonización norteamericana de Puerto Rico. Al nombrar una junta que para todos los efectos prácticos pulveriza las pocas conquistas de gobierno propio que obtuvimos de 1946 a 1952, plantea más allá de la quiebra económica del modelo la desnudez de la condición colonial. Eso plantea a los soberanistas populares la necesidad de articular una respuesta a la crisis desde la soberanía y no desde la sumisión y la entrega del gobierno propio”.

Las jaquecas van a ser mayormente de los estadolibristas si el proyecto del senador Hatch, que propone una junta federal de control fiscal a cambio de una asignación de $3,000 millones para superar la falta de liquidez actual y ya referido a su comité de Finanzas, se aprueba.

Pero,  la presentación del proyecto ha dibujado además como la batalla primarista del Partido Nuevo Progresista (PNP) se ha extendido al terreno del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, a los pasillos del Congreso.

Como se sabe el gobernador García Padilla, la administración del presidente Obama y sectores de la diáspora han respaldado que se permita al gobierno de Puerto Rico reestructurar toda su deuda pública.

El comisionado Pierluisi ha apoyado el acceso de las empresas públicas al capítulo 9 de la ley federal de quiebras, que permitiría reestructurar cerca de un tercio de la deuda. El tándem que busca evitar que Pierluisi sea el candidato a gobernador por el PNP, Ricardo Rosselló y Jenniffer González, combaten cualquier alternativa para el gobierno de Puerto Rico tener acceso al capítulo 9.

Mientras Pierluisi declaraba el 1 de diciembre en el Comité de lo Jurídico del Senado a favor del acceso al capítulo 9, Rosselló y González promovían aquí la creación de una autoridad para el manejo de la deuda que tuviera representantes de la Isla y de las agencias federales.

Para ello se reunieron con republicanos del Senado, incluido el senador  Hatch.

El mismo día de la presentación de la legislación del Senado 2381, Rosselló sostuvo que Hatch tomó parte de sus ideas, pero que no está satisfecho con la pérdida de autonomía local. González dio un espaldarazo al proyecto de Hatch, acentuando que es consecuencia de la falta de transparencia del gobierno de García Padilla, que ha sido incapaz de presentar el estado auditado de los dos últimos años fiscales.

“La propuesta incluye crear una junta de control fiscal federal, medida de la cual he sido vocal, y que reconoce la premisa establecida por el secretario de justicia local, César Miranda, en la que dejó para récord en una vista pública en la Cámara federal que Puerto Rico necesitaba una “junta fiscal que lo supervisara. Favorezco la asignación de $3,000 millones para ayudas, claro ese dinero a asignarse será determinado por la nueva junta propuesta”, indicó el jueves González, en una declaración escrita.

Pierluisi agradeció el interés de Hatch. Pero, rechazó que la junta federal puede arrebatarle funciones al gobierno de Puerto Rico.

“Para mí es importantísimo que se modifique el concepto de la autoridad propuesta. Puerto Rico no es una ciudad. Es un territorio con su propia Constitución debidamente avalada por el Congreso de EEUU, con tres ramas de gobierno y funcionarios elegidos por su pueblo cada cuatro años”, subrayo Pierluisi, quien horas antes de la presentación de los proyectos republicanos había denunciado que Estados Unidos trata a Puerto Rico como “un amo a su siervo”.

El analista estadista Domingo Emanuelli, quien considera a Pierluisi el mejor candidato a gobernador, afirmó que la junta federal de control fiscal que propone Hatch “va a virar patas arriba al gobierno de Puerto Rico y va a dejar en la calle  a miles de empleados públicos y a la misma vez le va a despojar de los derechos adquiridos a los maestros, empleados Públicos y la judicatura de este país”.

“Ante esa amenaza  yo pensaba que nadie podía estar a favor  de esa atrocidad.  Para mi sorpresa,  Ricardo Roselló y Jenniffer González, han sido colaboradores  de ese proyecto que afecta la estabilidad de cada hogar, de cada familia de Puerto Rico  y que troncha las esperanzas de todos nuestros hijos,  nietos y de nosotros  mismos”, agregó Emanuelli.

Alfonso Aguilar, puertorriqueño que es director ejecutivo de la Alianza Latina y se identifica con la precandidatura del hijo del exgobernador Pedro Rosselló, piensa que aún sin ser un funcionario electo, Ricardo Rosselló ha impactado con fuerza el debate sobre la crisis fiscal en el Congreso.

Aguilar fue quien llevó a Rosselló y González a donde Hatch. Aguilar, quien trabajó en el gobierno de George W. Bush y antes fue director de la Administración de Asuntos Federales (Prfaa) durante el gobierno de Pedro Rosselló,  ha colaborado además con las oficinas de los otros dos proponentes de la legislación de Hatch, los presidentes de los comités de lo Jurídico, Charles Grassley (Iowa), y Energia y Recursos Naturales, Lisa Murkowski.

Ante las críticas a que el gobierno de Puerto Rico tenga que rendir más poderes, Aguilar afirmó que “indudablemente ofende, porque el status nuestro es ofensivo”.

Pero, exhortó a los estadistas a tratar de utilizar los posibles planes del Congreso para empujar “un proceso de descolonización”.

Si la legislación que se aprueba devuelve a la Isla a principios del siglo pasado, con el rechazo o el visto bueno de los funcionarios electos de la isla, falta poco por saber.

Los planes del liderato republicano de la Cámara baja son divulgar mañana, lunes, el contenido del proyecto de ómnibus presupuestario, si se ha logrado un acuerdo final que pueda llevarse a votación el miércoles o más tarde en la semana.

Una vez se presente el acuerdo sobre el ómnibus presupuestario, la medida no será enmendada.
Como me decía  un cabildero,  “¿quieren intervención?, pues así luce desde la perspectiva de los  republicanos”. Quizá no se aprueba nada y haya que volver a empezar a reclamarle acción al gobierno del presidente Obama.