El Encuentro de la Diáspora en Orlando (Florida) cerró con la creación de un caucus de funcionarios electos puertorriqueños.

La nueva coalición de funcionarios electos en Estados Unidos y Puerto Rico tiene un acento demócrata, pero sus fundadores aspiran también a incluir políticos boricuas republicanos.

Lo próximo  es la aprobación formal de la Agenda Nacional Puertorriqueña que se había discutido preliminarmente entre los organizadores, pero no públicamente. Para ello prevén la convocatoria a una cumbre formal, a principios de 2016.

Del encuentro de dos días en Orlando- que reunió a funcionarios electos y activistas boricuas de estados como Florida, Nueva York, Nueva Jersey, Massachusetts, Pensilvania, Illinois, Connecticut, Ohio, Virginia e Indiana,  además de Washington D.C. y Puerto Rico-, salió una voluntad expresa de intentar trabajar como una asociación nacional en Estados Unidos.

Reconocen que tienen aún que acercarse a muchos otros grupos.

“La Agenda Nacional Puertorriqueña llama a la unidad entre los puertorriqueños en Estados Unidos para el desarrollo de un plan de acción para proporcionar a nuestra comunidad con una mayor visibilidad y una influencia más clara, más fuerte en los asuntos de nuestro país”, indica el texto de la declaración que se quedó pendiente de aprobación final en el Encuentro Nacional de la Diáspora Puertorriqueña.

Los asuntos que componen la agenda están encabezados por los esfuerzos para que el gobierno federal tome acciones concretas para ayudar a Puerto Rico a superar su crisis fiscal y de deuda pública, que tiene al gobierno a punto de un impago. Y han sido asumidos por el caucus de funcionarios electos

Por un lado, respaldan la legislación presentada en el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos que persigue incluir al gobierno de Puerto Rico en el capítulo 9 de la ley federal de quiebras.

Por el otro, señalan “que una resolución bilateral ordenada de la crisis entre los deudores y los acreedores es poco probable y sólo provocará un costo humano inaceptablemente alto”. “Debemos reconocer la gravedad de la situación, la amenaza a la vida y el bienestar de millones de puertorriqueños, y apoyar a nuestra delegación del Congreso en el llamado urgente a la acción del Congreso, el Presidente, la Reserva Federal y el pueblo estadounidense”, agrega la declaración que han circulado.

La declaración incluye llamamientos a favor de que se reautoricen las asignaciones de Medicaid de la reforma federal de salud, que se terminan a un paso acelerado y pueden provocar un precipicio fiscal a más tardar en 2018 que agigante más la grave crisis fiscal del gobierno de Puerto Rico.

También pide que  se levante el tope en los reembolsos de Medicaid a  doctores y hospitales. “Reclamamos al Congreso y al presidente de Estados Unidos que mejoren el trato que le dan a los territorios bajo los programas Medicaid y Medicare”, para evitar “el esperado colapso del sistema de salud en Puerto Rico”, indica la declaración.

La agenda que se prepara exhorta al gobierno federal a eximir a Puerto Rico de las normas federales de cabotaje, que obligan al uso de barcos construidos, propiedad y con tripulación estadounidenses, que encarecen el transporte de productos entre Estados Unidos y la Isla.

“Como alivio temporal, hacemos un llamado al presidente a otorgar al gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico exenciones a la ley Jones de 1920 que aumenten el acceso a barcos de carga que permitan reducir los costos de energía y respaldar la recuperación económica de Puerto Rico”, indica la declaración preliminar.

Incluye además reclamos para que se ayude a la isla a adaptarse al cambio climático, y los proyectos de revitalización y limpieza de los antiguos terrenos militares estadounidenses en Vieques y Culebra, el dragado del caño Martín Peña, y el otorgamiento de créditos contributivos, garantías financieras y otros mecanismos para impulsar una ambiciosa industria de energía solar.

En busca de eliminar barreras que impiden la “reconciliación entre nosotros y con otros”, la Agenda Nacional Puertorriqueña solicitará al presidente Obama, como hizo el caucus de funcionarios electos boricuas, que le otorgue clemencia al prisionero político puertorriqueño Oscar López Rivera, quien “después de más de tres décadas en prisión federal, a los 72 años de edad, nunca ha sido acusado o declarado culpable de causar daño o la muerte de alguna persona, y se enfrenta a una pena desproporcionada que excede los límites de lo que puede considerarse justo”,

El encuentro de Orlando reunió a por lo menos 16 funcionarios electos – todos demócratas-, como los congresistas boricuas Nydia Velázquez, Luis Gutiérrez y José Serrano, la presidenta del Concejo Municipal de Nueva York, Melissa Mark Viverito, el senador estatal de Florida Darren Soto, los representantes estatales de Florida Víctor Torres y John Cortés, la senadora estatal de Illinois Iris Martínez, y la concejal municipal de Filadelfia (Pensilvania), María Quiñones, entre otros.

Pero, también a representantes de  grupos como Iniciativa Acción Puertorriqueña, la Federación Hispana, la Asociación de Puertorriqueños Viviendo en la Florida, la Coalición Nacional Puertorriqueña,  el Centro Cultural Puertorriqueño de Chicago, el Centro de Estudios Puertorriqueños del Hunters College, Latino Justice,  Puerto Rico Climate Change Council (PRCCC), El Puente, el Sindicado Internacional de Empleados de Servicio (SEIU), la Federación de Empleados de Gobiernos Estatales, Municipales y de Conados (AFCSME),  y de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico (Prfaa).

Además de escuchar presentaciones de funcionarios electos el martes 13 en la noche, al día siguiente se celebraron foros con los congresistas, sobre la crisis fiscal, la crisis de la industria de salud, y estrategia política, entre otros.

“Los participantes de la Agenda Nacional Puertorriqueña entienden que Puerto Rico tiene la responsabilidad primordial de resolver la crisis fiscal y la promoción desarrollo económico. También entendemos que como territorio hay áreas en las que Estados Unidos es el único responsable de establecer la política y donde el Congreso y la acción presidencial son necesarios”, destaca la declaración.

Ahora, tienen que dar espacio a otros grupos y depender menos – en términos de organización -, del gobierno de Puerto Rico, que estuvo demasiado presente en la tarima.

Como han dicho otros, también falta reconocer expresamente la indefensión política de la Isla bajo el actual status territorial. No se trata de defender un status en específico, sino de reconocer que el electorado puertorriqueño rechazó en noviembre de 2012 la actual relación política-jurídica con Estados Unidos.

No debe ser muy difícil lograr consenso sobre una expresión a favor de que se deje atrás el actual status territorial, pues los tres congresistas boricuas presentes, cada uno con su propio tono, advirtieron en sus mensajes que ese es un asunto que no se puede ignorar.