Difícilmente pueda sanar las viejas diferencias, pero el Partido Popular Democrático (PPD) ha entrado en otro compás de espera en su largo debate interno sobre el status, tras la asignación dada a un constitucionalista de la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York (NYU) para que les ayude a tratar de clarificar los temas más espinosos de una próxima definición de Estado Libre Asociado (ELA).
Nadie quiere confirmar el nombre del profesor, pero lo que se sabe es que esta vez no se trata de Richard Pildes, constitucionalista de NYU que antes trabajó el tema del desarrollo del ELA durante el gobierno de Aníbal Acevedo Vilá, y concluyó que era posible ampliar los poderes del status actual aun bajo la cláusula para territorios de la Constitución, que coloca la Isla bajo los poderes plenarios del Congreso.
La persona a la que se le dio la encomienda no ha hecho estudios legales anteriores para el PPD, dijo el secretario de Asuntos Federales de la colectividad, José Alfredo Hernández Mayoral.
De todos modos, la asignatura enviada al profesor estadounidense es la nueva rama del debate interno en el PPD, cuya Junta de Gobierno delegó hace un poco más de un año a un comité de expresidentes, que implosionó sin terminar su trabajo, la búsqueda del anhelado consenso en ese partido.
Desde diciembre de 2014, los exgobernadores Rafael Hernández Colón y  Acevedo Vilá, el expresidente del Senado Miguel Hernández Agosto y el exalcalde de San Juan Héctor Luis Acevedo, que fueron miembros del comité, le advirtieron al gobernador Alejandro García Padilla que su intervención era necesaria ante la falta de consenso sobre los asuntos cruciales.
Acevedo Vilá renunció al comité – creado el 30 de agosto de 2014-, sin haberse rendido un informe oficial. Y luego Hernández Agosto sufrió un accidente en su hogar que también le inhabilitó retomar los trabajos.
Las preguntas enviadas al constitucionalista de NYU no son extrañas al debate, según fuentes del PPD.
Por un lado, ¿cómo refutar los análisis hechos por las administraciones estadounidenses -desde Bill Clinton hasta Barack Obama -. que desmanteló la teoría de que el ELA representa un pacto bilateral que no puede quebrarse sin consentimiento mutuo?
Por el otro, ¿puede una libre asociación o un ELA soberano, como prefieren llamarle, incluir la continuación del derecho de los nacidos en Puerto Rico a ser automáticamente ciudadanos estadounidenses?
Esas no son las únicas consultas hechas.
Pero, son dos que han estado presentes en todos los debates recientes del PPD, a pesar de que ya han tenido respuestas previas del Ejecutivo federal, ante el cual se quiere llevar una nueva definición de ELA, bajo la ley federal de enero de 2014 que ofrece $2.5 millones para ayudar a financiar un nuevo plebiscito criollo a cambio de que la jefatura del Departamento de Justicia federal determine la constitucionalidad de las alternativas de status legisladas en San Juan.
En su informe de informe de marzo de 2011, el Grupo de Trabajo de la Casa Blanca sobre Puerto Rico del presidente Obama descartó el argumento que históricamente defendió la dirección del PPD, en el sentido de que existe un pacto bilateral entre ambos países que no puede ser roto unilateralmente.
“El gobierno del presidente Obama ha examinado desde una nueva perspectiva el asunto de las cláusulas de consentimiento mutuo y ha concluido que no sería posible poner en práctica dichas disposiciones porque un Congreso futuro podría optar por modificar la relación unilateralmente. (El Congreso también podría optar por aprobar legislación que va en contra de un tratado con un país o aprobar medidas a las que se oponen uno o más estados.)”, indica el documento.
Con respecto a la libre asociación, el Grupo de Trabajo recomendó entonces que “al momento de cualquier transición a una asociación libre, todos los puertorriqueños que son ciudadanos de Estados Unidos retengan su ciudadanía estadounidense”.
DERECHO A LA CIUDADANÍA EEUU. Pero, el informe acentuó que los pactos de libre asociación que mantiene Estados Unidos con islas del Pacífico – Palau, Marshall y Micronesia-, no incluyen el derecho a la ciudadanía estadounidense, En esas islas del Pacífico, sin embargo, sus nacionales nunca tuvieron derecho a la ciudadanía estadounidense, impuesta en Puerto Rico por ley federal desde 1917. Bajo las normas actuales estadounidenses, sin embargo, cualquier hijo de un ciudadano de Estados Unidos nacido en un Puerto Rico independiente tendría derecho a la adquirir la ciudadanía estadounidense.
“Los hijos de dos ciudadanos estadounidenses también son ciudadanos estadounidenses, no importa dónde nacen”, ha indicado Justen Thomas, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos.
El constitucionalista puertorriqueño José Julián Alvarez González, profesor de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR), ha hecho antes la misma advertencia, pues sostiene que pensar que Estados Unidos discriminaría contra ciudadanos estadounidenses por el mero hecho de nacer en un Puerto Rico soberano no tiene base racional alguna. Por supuesto, como ocurre ya en otros países, los ciudadanos estadounidenses nacidos en un Puerto Rico soberano tendrían que ir a una oficina diplomática de Estados Unidos y pagar una cantidad mínima por el certificado de nacimiento en el exterior.
Pese a la puerta que ha abierto el mismo estado de derecho estadounidense, los soberanistas han insistido en que no hay impedimento constitucional alguno para Estados Unidos pactar en un tratado sobre el ELA soberano la continuidad del derecho automático de los nacidos en la Isla a la ciudadanía estadounidense. Es un asunto de voluntad política, dicen.
PREGUNTAS DE CONSENSO. Tomando en cuenta las diferencias internas en el PPD, las preguntas hechas al constitucionalista fueron en su momento elaboradas por los cuatro miembros originales del comité de status, comentó, por otro lado, Hernández Mayoral. “Hay distintas posturas sobre lo que debe estar en la papeleta”, afirmó Hernández Mayoral.
Pero, consideró que el PPD tiene tres alternativas: acordar una definición de consenso como han intentado durante el último año; forzar una votación sobre propuestas diferentes en la Asamblea General, o permitir que las dos tendencias del sector que promueve una asociación con Estados Unidos acudan independientemente a promover sus definiciones ante el Departamento de Justicia federal, que – bajo la ley federal que puede ayudar a financiar un próximo plebiscito-, serviría de árbitro.
La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, -del sector soberanista-, ha indicado que es preferible un acuerdo, pero que el PPD no debe cerrar la puerta a aceptar que el partido sea una alianza electoral con diferentes tendencias sobre la visión de asociación a Estados Unidos.
El representante Luis Vega Ramos, uno de los dirigentes del sector soberanista del PPD, quisiera que el constitucionalista estadounidense ayude finalmente a definir el debate interno en su colectividad.
“Los sectores más conservadores del PPD tienen que entender que –como realidad jurídica-, es imposible garantizar (bajo el status actual) el consentimiento mutuo y la ciudadanía americana de futuras generaciones. Bajo la cláusula territorial, Estados Unidos siempre tendrá la última palabra, lo cual es inaceptable. La forma de darle garantía legal al mutuo consentimiento y a la ciudadanía americana es bajo un pacto no territorial Eso hace del ELA soberano una opción jurídica, política y económicamente superior al ELA territorial”, subrayó Vega Ramos.

LA CONVENCIÓN PPD. Como consecuencia del paso del fenómeno atmosférico Danny, el PPD aplazó para mediados de octubre – del 16 al 18-, la convención de la colectividad, que incluiría un mensaje del gobernador.
Las respuestas del constitucionalista estadounidense pueden estar en manos de García Padilla para entonces. Pero, ello no significa que la dirección del PPD – que ha ignorado el tema del status y su relación con la grave crisis fiscal-, estará lista para tomar una determinación durante la convención, según fuentes de la colectividad.
Hernández Mayoral, por ejemplo, piensa que cualquier discusión pasará antes por la Junta de Gobierno del PPD, que se ha reunido una sola vez en el último año.
No será hasta que se tome una decisión dentro de las estructuras del PPD, que el gobernador García Padilla enviará un proyecto de plebiscito a la Legislatura, donde se tiene que reglamentar cualquier consulta. Si fuera convocada, seguramente sería programada para que coincida con las elecciones de 2016.
El que pueda llegar este cuatrienio a la Legislatura de Puerto Rico un proyecto del Ejecutivo para convocar a un plebiscito no acabará necesariamente con el debate en el PPD. Sin un acuerdo, los dos sectores ideológicos del PPD tendrán suficientes votos en la Legislatura para frenar las ideas del otro.

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PD: Publicado en la sección A Fondo del 13 de diciembre de 2015, páginas 36 y 37.

jose.delgado@gfrmedia.com                                  Twitter: @JoseADelgadoEND