Aunque la dirección del Partido Popular Democrático (PPD) busca capear la tempestad, el control unilateral de Estados Unidos en la determinación de si el gobierno Puerto Rico puede tener acceso a un mecanismo general ordenado para reestructurar su deuda, ha dejado al desnudo el amplísimo poder federal sobre la Isla.

Pocas veces una controversia sobre las relaciones entre Washington y San Juan ha retratado el nivel de indefensión colonial del gobierno de Puerto Rico frente a las decisiones del Congreso, en momentos en que el sábado (25 de julio) se cumplió el 117 aniversario de la invasión estadounidense y el 63 de la aprobación de la Constitución del Estado Libre Asociado, coincide la oposición política.

Por un lado, el sistema judicial federal ha descartado, hasta el momento, que el gobierno de Puerto Rico pueda aspirar a tener su propia ley de quiebras para sus empresas públicas sin autorización del Congreso, que, por el otro, bloquea el acceso de la Isla al Capítulo 9 de la ley de bancarrota estadounidense.

“Nos dieron la 936 porque podían y nos la quitaron porque querían”, ha indicado la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, en referencia al antiguo incentivo contributivo federal para manufactureras estadounidenses, que fue eliminado por el Congreso -donde los residentes de la isla no tienen representación plena-,  con el visto bueno del presidente de Estados Unidos, por el cual no pueden votar.

En las últimas décadas, sobre todo desde el 1994 bajo el gobierno del presidente Bill Clinton, se ha desinflado en Washington la antigua teoría del ELA de que el status actual es un pacto bilateral.  Y en ese mismo período de tiempo cada expresión oficial de los comités del Congreso con jurisdicción sobre el futuro político de Puerto Rico, bajo liderato demócrata o republicano, ha acentuado la subordinación de la Isla al legislativo federal.

Al pasar juicio sobre el ELA, el informe del Grupo de Trabajo de la Casa Blanca de marzo de 2011 afirmó que bajo esa fórmula de status,  “Puerto Rico seguiría regido, como lo está ahora, por la Cláusula Territorial de la Constitución de Estados Unidos”.

“Actualmente, Puerto Rico tiene significativa autonomía política local. El Grupo de Trabajo considera que nunca se debe reducir ni amenazar esa autonomía”, indicó el informe.

Previamente, la Casa Blanca del presidente George W. Bush, sin embargo, expresó que el poder del Congreso es tan amplio sobre Puerto Rico que si quisiera pudiera regalarlo a otro país. Al contrario del gobierno de Bush, que propuso terminar con el ELA territorial, la Casa Blanca del presidente Obama ha defendido que el status actual  se mantenga como opción si los puertorriqueños así lo deciden.

Desde el caso Harris versus Rosario, de 1980, en el que el Tribunal Supremo de Estados Unidos  afirmó que el Congreso puede discriminar contra Puerto Rico en la asignación de fondos, “está firmada el acta de defunción del ELA, pero si a alguien le quedaba duda solo tiene que leer la opinión del Primer Circuito de Apelaciones de Boston” que invalidó la ley criolla de quiebras, indicó el presidente ejecutivo del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), exsenador Fernando Martín.

“En algún momento las tres ramas de gobierno de Estados Unidos, el Comité de Descolonización de las Naciones Unidas, la opinión pública latinoamericana –por medio de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-, y la mayoría de los puertorriqueños en el plebiscito de noviembre de 2012 se ha expresado en contra de la continuación del régimen territorial”, agregó Martín.

PRIMER CIRCUITO. Pese a ser tradicionalmente un foro judicial que ha suavizado la descripción del control del Congreso sobre la Isla, los jueces del Primer Circuito Sandra Lynch y Jeffrey Howard afirmaron en su decisión del 6 de julio sobre la ley de quiebras criolla que el legislativo federal, “de conformidad con los poderes plenarios que le confiere la cláusula territorial” de la Constitución estadounidense puede decidir cómo  lidiar con la crisis fiscal de la isla. Con su decisión, reafirmaron la deferencia al Congreso en las controversias políticas sobre  los territorios.

Para el constitucionalista Carlos Ramos González, profesor de Derecho en  la Universidad Interamericana, jurídicamente “el cadáver” del ELA “sigue insepulto”, pues falta una determinación expresa del mismo Primer Circuito o del Tribunal Supremo federal.  de que hasta la Constitución de Puerto Rico, como cualquier ley orgánica, puede ser alterada por el Congreso  unilateralmente.

La decisión del Primer Circuito de Apelaciones federales  “es importante porque afirma que el poder del Congreso bajo la cláusula territorial es plenario para efectos que trascienden las leyes que asignan fondos. La única limitación son las que establecen otras disposiciones constitucionales -como los derechos considerados fundamentales bajo la Carta de Derechos- y sujeto a que su ejercicio tenga una base racional. En ocasiones, el Primer Circuito  parecía ambivalente en cuanto a la forma de interpretar este poder”, sostuvo Ramos González.

EL PPD. En el liderato  del PPD hay esperanza de que la petición que proyecta hacer el gobierno de Puerto Rico al Tribunal Supremo de Estados Unidos para que revise la decisión del Primer Circuito sobre la ley criolla de quiebras le dé un respiro al ELA. El Tribunal Supremo federal  acoge  solo una ínfima  porción de los casos que recibe. “Nunca (los tribunales federales) han hablado de poderes plenarios en el sentido de que (el Congreso) pueda meterse con los poderes que le transfirió a Puerto Rico en 1952”, insistió el secretario de Asuntos Federales del PPD, José Alfredo Hernández Mayoral.

Para Hernández Mayoral, el debate reciente sobre el acceso a un mecanismo general para ordenar la bancarrota de empresas públicas de Puerto Rico se da “con la película a mitad, pues no hemos llegado al final del tema de la quiebra criolla federal y la federal”.

Y consideró que la opinión de la mayoría del panel del Primer Circuito (aunque eso puede reafirmar que el poder quien lo  ejerce es el Congreso) “reconoce que el ‘trato distinto’ bajo la cláusula territorial puede ser un trato superior al de  los estados”.

“Los poderes del Congreso están limitados por nuestra Constitución y la federal, por la ley de relaciones federal y por nuestra condición de ciudadanos americanos”, sostuvo.

En ese sentido, Hernández Mayoral indicó que “la preferencia de status es un balance de múltiples factores. No podemos olvidar la lección de Maquiavelo: los políticos ven las cosas desde la óptica de la soberanía, el  pueblo en función de la seguridad”.

A juicio del comisionado residente en Washington y presidente del Partido Nuevo Progresista (PNP), Pedro Pierluisi, el PPD debería ya haber aprendido a distinguir entre la Constitución y el status.

“La Constitución de Puerto Rico es un documento maravilloso. Refleja los valores y los sueños de nuestro pueblo. Sus palabras refuerzan nuestro compromiso con la democracia y la igualdad, y confirman que atesoramos tanto nuestras raíces puertorriqueñas como nuestra ciudadanía americana”, sostuvo Pierlusi.

Pero, advirtió  que “cuando la Constitución entró en vigor en el año 1952,  no cambió nuestra condición política”.

Para Pierluisi, “el  nombre que le pongamos al territorio, es irrelevante. Hemos sido un territorio desde el 1898 hasta el día de hoy.  El status territorial siempre ha sido, y siempre será, injusto, antidemocrático e indigno para el pueblo de Puerto Rico”.

En el evento oficial para conmemorar el 63 aniversario del ELA, el sábado,  hasta el gobernador Alejandro García Padilla denunció cómo unilateralmente el gobierno federal impone su amplísimo poder sobre la Isla.

“No puede ser que la Judicatura federal nos niegue la capacidad de legislar para reestructurar la deuda de Puerto Rico. No puede ser que el Ejecutivo federal se niegue a tratarnos en igualdad de condiciones en un programa, como el Medicare, para el cual pagamos en igualdad de condiciones. Y no puede ser que el Congreso obligue a que Puerto Rico pague más por los bienes que importamos, con tal de subsidiarle, al país más rico del mundo, su marina mercante”, dijo García Padilla en su mensaje.

Pero, más allá de afirmar que el ELA “tiene que crecer”, no dijo una sola palabra de cómo cambiar la realidad que denuncia.

PD: Con excepción de los últimos tres párrafos sobre el mensaje del gobernador, el resto fue publicado en la sección A Fondo del domingo 26 de julio.