Mientras se aprestan a instalarle nuevos parchos al sistema contributivo puertorriqueño, el tiempo se agota para conseguir que la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) pueda tener acceso a un proceso de reestructuración ordenado, sea bajo la ley federal o el estatuto puertorriqueño invalidado en febrero pasado por un juez federal de San Juan.

La apuesta del comisionado residente en Washington, Pedro Pierluisi, era que su proyecto 870, que permitiría a las empresas públicas de Puerto Rico insolventes acogerse a la quiebra federal- el cual revivió en febrero, pero originalmente fue presentado el verano pasado-, pudiera estar aprobado en junio.

De esa forma, hubiese estado disponible para servir de escudo ante los bonistas de la AEE y encaminar un proceso de reestructuración de su deuda.

Hoy, la posibilidad de que el Congreso apruebe este verano el Proyecto 870 del comisionado Pierluisi parece muy lejana.

Lo que hay hoy es realmente una batalla publicitaria en Washington, entre los que promueven el 870 y los que la rechazan.

Por un lado, la Coalición para la Estabilidad Fiscal – de la que participan el presidente del Senado de Puerto Rico, Eduardo Bhatia, y el exgobernador Luis Fortuño -, cabildea a favor de la legislación, advirtiendo al Congreso que dejar a Puerto Rico desprovisto de un mecanismo jurídico para reestructurar la deuda pública es un error que puede tener consecuencias para el futuro fiscal del país y para los propios bonistas.

Por el otro, el grupo conservador de jubilados Asociación 60 Plus, sostiene en sus mensajes publicitarios que reestructurar la deuda pública va a suponer que muchos estadounidenses que invirtieron en corporaciones públicas como la AEE, incluidas personas retiradas, pierdan dinero.

60 Plus ha asumido los argumentos de firmas de inversiones que se oponen a la medida y consideran que el mejor mecanismo que tienen a la mano son los contratos que regularon la compra de los bonos de la AEE.

Para esas firmas, ofrecer a las corporaciones públicas de Puerto Rico el capítulo 9 es cambiar las reglas cuando el juego ya empezó.

La propia insolvencia de la AEE, no obstante, supondrá un cambio de la realidad no solo para los bonistas, sino también para los empleados, contratistas y clientes de esa corporación.

No obstante, el sentir de las firmas de inversiones opuestas al capítulo 9 ha tenido acogida dentro de la mayoría republicana de la Comisión de lo Jurídico de la Cámara baja federal.

En unos días se cumplen tres meses de la audiencia celebrada por una subcomisión del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja federal para estudiar el 870 y la medida sigue sin ser colocada en la agenda de ese panel legislativo.

Muchos han destacado la desidia con la cual se trata a Puerto Rico en Washington.

La falta de interés en acercarse a temas que dividen a la Isla, sobre todo el tema del status, en gran medida por la determinación de los políticos federales de sacarse de encima el tener que lidiar con sus colegas de la Isla y entrar a trabajar asuntos que creen que no van a resolverse a corto plazo.

En el caso del 870, los dos partidos principales hacen coro a favor de la medida.  Aun así la mayoría republicana mira para el otro lado.

El otro día, fue a San Juan Jeb Bush y respaldó el 870. Los republicanos boricuas de la Isla lo celebraron. En los próximos meses hará lo mismo Hillary Clinton. Los demócratas boricuas la aplaudirán.

Pero, si Bush o Clinton sobreviven sus primarias, de todos modos no entrarán a gobernar hasta enero de 2017. Para entonces, la mayoría en la Cámara baja probablemente aún sea republicana y algunas corporaciones públicas de la Isla pueden haber quebrado. Quizá para entonces no sea necesario el 870, y la  quiebra habrá golpeado más a la economía.

En ese sentido, la intervención de Bush o Clinton debe medirse en términos de cuánta influencia ejercen ahora en el tema. A quiénes llaman. A quiénes convencen.

Los republicanos estadistas de la Isla tienen, también, ahora una oportunidad para demostrar su influencia.

¿Cuántos han viajado de San Juan a Washington para reunirse con el presidente del Comité de lo Jurídico de la Cámara baja federal, el republicano Robert Goodlatte?

Sé que algunos sí han estado por la oficina del republicano Don Young, quien le organiza una audiencia al proyecto pro estadidad del comisionado Pierluisi.

Los republicanos boricuas han pasado dos años y medio quejándose del presidente Barack Obama y el gobernador Alejandro García Padilla, por entender que no les validan la supuesta victoria de la estadidad en el plebiscito de 2012.

El presidente del Comité Nacional Republicano (RNC), Reince Priebus, envió en 2014 una carta al gobernador García Padilla reclamándole una consulta estadidad sí o no. He pedido, pero no he visto que haya hecho una petición similar al speaker de la Cámara baja, John Boehner, o al líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell (Kentucky).

Tampoco que Priebus o los estadistas boricuas anden reclamándole una legislación pro estadidad a los senadores republicanos Marco Rubio (Florida), Ted Cruz (Texas) y Rand Paul (Kentucky), tres precandidatos presidenciales de un partido que suele tener en su programa de gobierno un respaldo a la estadidad “si los puertorriqueños la solicitan”.

Es cada vez más evidente de que el Congreso entendió que la segunda pregunta del plebiscito de noviembre de 2012 no produjo resultados claros o que el 61% no es suficiente para avanzar la estadidad. Una de las dos.

Pero, con el 870 no hay excusas. Esa legislación tiene consenso a favor en Puerto Rico.

¿Hasta cuándo las autoridades de la Isla van a esperar para denunciar la actitud de la mayoría republicana de la Cámara baja en torno al 870 y el hecho de que bajo el ELA ni les permiten su propia quiebra criolla ni les ofrecen la federal?

¿Hasta cuándo los estadistas boricuas republicanos van a evitar denunciar a los que dicen ser sus aliados en el Congreso?

Por lo que se percibe acá, ninguno parece indignado.

¿Hasta cuándo?