En la pasada Cumbre de las Américas, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quiso pasar la página de los viejos antagonismos y abrir una nueva en la que quede como legado puntual de su relación con Latinoamérica, el restablecimiento de relaciones diplomáticos y, quizá, el fin del embargo económico contra Cuba.

Tanto el presidente Obama como el presidente cubano,  Raúl Castro sembraron la esperanza de que pese a tantas décadas de guerra fría, intervenciones, espionaje y desconfianza, eso es posible.

Con el debate sobre el status político de Puerto Rico, sin embargo, aun cuando  el gobierno de Alejandro García Padilla convoque a un próximo plebiscito sobre la Isla para el mismo día de las elecciones de 2016 -, al presidente Obama parece acabársele  el tiempo para dejar una huella que perdure.

En la Cumbre de Panamá, en tres ocasiones el presidente Obama tuvo que escuchar señalamientos de que acabar con la indefinición política de la Isla es un asunto que Washington tiene pendiente.

Primero de parte del presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, luego del propio presidente del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Rubén Berríos Martínez, y posteriormente del presidente Castro.

Obama, confrontado con la tarea de encaminar un proceso de libre determinación que permita la descolonización de Puerto Rico, se cobijó con el hecho de que en Puerto Rico hay elecciones, según las narraciones hechas por el presidente Ortega y Berríos Martínez.

Como si en los debates o de cara a encaminar un cambio de status  – sea hacia la soberanía política o la plena anexión -, Estados Unidos fuera un mero observador.

Me dio la impresión de que en San Juan los sectores no independentistas parecieron simpatizar con el presidente Obama y cuestionar la presencia del PIP en el cónclave regional.

Me extraña.

Por un lado los populares – cuando tenían grandes mayorías -, aprendieron la falta de  inequidad en la relación política con Estados Unidos cuando reclamaban nuevos poderes político, particularmente a partir del plebiscito de 1967, y Washington no les hizo caso.

Por el otro, los penepés llevan casi dos años y medio quejándose de que la Casa Blanca y el Congreso no responden a lo que los estadistas consideran fue una clara victoria de la propuesta de estadidad en el plebiscito de noviembre de 2012.

Siempre es fácil caer en el sectarismo.

Pero, ahora que empezarán a hacer promesas en la Isla los políticos estadounidenses que quieren sustituir al presidente Obama en enero de 2017, es una contradicción muy grande sacarle las castañas del fuego al gobierno federal, por el mero hecho de que el planteamiento lo haga otro.